Ministerio Público recurrirá fallo que benefició con pena mínima a exintendente de Jesús de Tavarangüé

El fiscal Luis Alberto Albertini anunció que recurrirá la sentencia de 2 años y 6 meses de prisión dictada contra el exintendente de Jesús de Tavarangüé, Víctor Bernardo Garay Olmedo. Para la Fiscalía, la resolución del Tribunal de Sentencia carece de un análisis intelectual y valorativo integral de las pruebas, ya que redujo la sanción a un perjuicio de apenas G. 133 millones, dejando impune un esquema de desvío de fondos y obras fantasma que compromete gravemente el patrimonio municipal.

El Ministerio Público aguarda la notificación íntegra del fallo para formalizar la apelación, argumentando que el planteamiento acusatorio abarcaba un daño significativamente mayor, respaldado por la Contraloría General de la República (CGR) y actas de constatación in situ.

Uno de los ejes centrales de la apelación será la omisión del Tribunal respecto a las obras inconclusas. El fiscal Albertini cuestiona que los magistrados no hayan valorado el acta fiscal del 4 de diciembre de 2023, firmada también por concejales, donde se constató el abandono de múltiples trabajos viales.

El caso más llamativo es el contrato para la calle Bernardino Caballero, cuyo monto de G. 162.205.432 fue íntegramente pagado por la administración de Garay. Sin embargo, más de un año y tres meses después, el camino seguía intransitable. La Fiscalía advierte que el argumento genérico de «lluvias» no justifica semejante demora en trabajos de reducida envergadura. A esto se suman pagos por G. 384.870.211 vinculados a certificados de obra que presentaban un 0 % de avance físico, según detalla el informe de la CGR.

Desvío de fondos a entes privados y el agujero de G. 2.100 millones

La investigación fiscal también identificó G. 319.549.239 en cheques cobrados por personas distintas a los acreedores que figuraban en las órdenes de pago. De este total, G. 157.343.807 fueron canalizados irregularmente al Consejo de Desarrollo, una entidad privada, sin ningún documento que justificara la aplicación de esos recursos. Albertini sostiene que el Tribunal erró al considerar esta salida de dinero como una simple «irregularidad administrativa», ya que constituye un claro perjuicio patrimonial.

Además, la Fiscalía resalta la gravedad de la desaparición de aproximadamente G. 2.100 millones de las arcas municipales. Cuando Idilia Peralta asumió interinamente la intendencia, dichos fondos ya no estaban en caja y hasta la fecha no existe documentación respaldatoria que explique su destino o con qué recursos se pagaron trabajos posteriores.

Contradicciones en la valoración del Tribunal

El Ministerio Público también atacará en alzada la contradicción del Tribunal —integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete y Adriana Planás— al momento de evaluar los testimonios. Según la Fiscalía, los magistrados consideraron creíbles a los concejales para confirmar que las firmas de Nilsa Ramona Franco y Sonia Mabel Brítez eran «empresas de maletín» por falta de infraestructura, pero inexplicablemente desestimaron las afirmaciones de esos mismos ediles cuando denunciaron y constataron las obras inconclusas.

El Tribunal había justificado la leve condena de 2,5 años argumentando «orfandad probatoria» por parte de la Fiscalía para demostrar que se trataba de un caso «especialmente grave». No obstante, la representación fiscal sostiene que el rechazo a diligencias clave durante el juicio, como el careo solicitado por contradicciones testificales y la ampliación de la acusación por presuntas falsedades documentales, impidió esclarecer la totalidad de la trama corrupta que ahora buscará exponer ante una Cámara de Apelaciones.