Fiscalía solicita penas de hasta 7 años para acusados de extraer municiones de la Dimabel

El agente fiscal Alejandro Cardozo presentó sus alegatos finales en el juicio oral y público por la causa caratulada “Walter Ayala y otros sobre tráfico de armas”. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público solicitó penas de 7, 6 y 4 años de penitenciaría para los acusados, quienes conformaban un esquema dedicado a sustraer municiones para luego comercializarlas en el mercado negro.

La acusación sostiene que la organización criminal operaba obteniendo los suministros bélicos de la armería de la Quinta División de Infantería, situada en la localidad de Pablo Lagerenza, en el Chaco paraguayo, y posteriormente redireccionadas al mercado ilícito.

«Se comprobó en juicio que las municiones pertenecían a esa unidad y eran sustraídas de allí para luego redireccionarlas al mercado ilícito, un hecho sumamente grave porque estas balas terminarían circulando en el ámbito de grandes organizaciones criminales», explicó Cardozo.

El fiscal aclaró que la investigación, liderada por el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, logró detectar a tiempo las municiones ofrecidas en redes sociales. Esto permitió intervenir antes de que el armamento llegara a las estructuras delictivas, cortando el circuito de venta.

Militar desvinculado del proceso penal 

En cuanto al grado de participación del uniformado, Cardozo detalló que un personal militar identificado como Walter Ayala, señalado como el proveedor de las municiones fue desvinculado del proceso de la justicia ordinaria debido a un incidente de «doble juzgamiento» o non bis in idem.

La defensa del militar argumentó que este ya había sido sancionado en el fuero de la Justicia Penal Militar. Aunque el Ministerio Público se opuso, el tribunal admitió el planteamiento. «Nos opusimos fundando nuestro criterio jurídico, pero el tribunal hizo lugar y luego se reafirmó en su decisión primaria, lo que derivó en la desvinculación», señaló el fiscal.

La presentación de los alegatos de clausura por parte de la defensa está prevista para la próxima semana, de acuerdo a la agenda del tribunal. El juzgamiento está a cargo de los magistrados Dina Marchuk, Federico Rojas y María Luz Martínez. 

Las penas solicitadas para los acusados son de 7 años para Miguel Fredy Florentín, 6 años para César Manuel Sanabria y 4 años para Blas Ramón Paredes.