Kast suspende rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes la suspensión de todas las tramitaciones destinadas a reducir las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, junto con una revisión individual de los 56 decretos que originaron una fuerte controversia política. El Mandatario también confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, continuará en su cargo y encabezará las gestiones para corregir las decisiones cuestionadas.

La declaración fue realizada pasadas las 10.00 horas en el Palacio de La Moneda, cuando se cumple una semana desde que se conocieron las rebajas de penas autorizadas por el Ministerio de Justicia. La situación ha provocado críticas desde distintos sectores políticos y cuestionamientos a la actuación del secretario de Estado, quien ha sostenido que las resoluciones se fundamentaron en pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema.

Kast compareció acompañado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot; el titular de Justicia, Fernando Rabat; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.

Durante su intervención, el jefe de Estado expresó su respaldo a las víctimas y reconoció la responsabilidad institucional frente a las consecuencias de las decisiones adoptadas. Sostuvo que ningún argumento técnico, interpretación jurídica o procedimiento administrativo puede justificar ante una víctima que la persona responsable de una agresión sexual recupere anticipadamente su libertad.

“A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló”, afirmó el Presidente, quien aseguró que corresponde asumir responsabilidades y promover medidas que impidan la repetición de situaciones similares.

El Mandatario explicó que su administración optó por abordar las causas del problema mediante modificaciones legales y administrativas, en lugar de limitar la respuesta gubernamental a la salida de las autoridades involucradas. Según planteó, una eventual destitución del ministro y su equipo podría reducir temporalmente la presión política, pero no resolvería las deficiencias normativas que permitieron las rebajas de condenas.

En ese contexto, confirmó que el Ejecutivo ordenó detener la tramitación de nuevas rebajas de penas para condenados por delitos sexuales contra menores. Asimismo, informó que se revisarán individualmente los decretos ya dictados, con el propósito de identificar los mecanismos legales y administrativos disponibles para modificar o revertir sus efectos.

La revisión, sin embargo, deberá ajustarse a las garantías constitucionales y a las disposiciones que regulan la validez de los actos administrativos, por lo que el anuncio presidencial no implica que las 56 rebajas hayan quedado automáticamente sin efecto.

Kast también anunció que el Gobierno impulsará una iniciativa legislativa destinada a impedir que personas condenadas por abusos sexuales o violaciones contra menores puedan acceder a reducciones de sus penas. Para elaborar la propuesta, el Ejecutivo considerará las mociones parlamentarias que actualmente se encuentran en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados.

El objetivo, explicó, es establecer una normativa expresa que elimine las ambigüedades interpretativas y cierre las posibilidades de otorgar estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La propuesta deberá enfrentar una discusión jurídica relevante, especialmente respecto de su aplicación a condenas ya dictadas y de los límites constitucionales que rigen las modificaciones de normas penales. Estos aspectos serán determinantes para establecer el alcance efectivo de la reforma y su eventual incidencia sobre los casos que originaron la controversia.

En el plano político, el Presidente descartó remover al ministro Fernando Rabat, pese a las solicitudes de renuncia formuladas desde la oposición. Por el contrario, le encomendó conducir las acciones destinadas a esclarecer lo ocurrido y elaborar las soluciones comprometidas por el Ejecutivo.

“El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones”, señaló Kast, quien precisó que el secretario de Estado tendrá la responsabilidad de liderar las medidas correctivas y evitar que se repitan decisiones de esta naturaleza.

La ratificación del titular de Justicia constituye una señal de respaldo político en medio de los cuestionamientos a su gestión. Rabat había descartado previamente abandonar el gabinete y anunciado que su cartera estudiaba alternativas para revertir las rebajas de condenas, aunque reconoció las dificultades jurídicas que podría presentar ese procedimiento.

Con estos anuncios, el Gobierno busca contener una controversia que ha generado repercusiones tanto en el ámbito político como entre las víctimas y sus familias. La estrategia oficial contempla tres líneas de acción: detener nuevas tramitaciones, revisar los decretos ya autorizados e impulsar una reforma legislativa que establezca restricciones explícitas para los condenados por delitos sexuales contra menores.

El desarrollo de estas medidas dependerá ahora de las conclusiones de la revisión jurídica que efectúe el Ministerio de Justicia y de la capacidad del Ejecutivo para reunir los apoyos parlamentarios necesarios. Mientras tanto, la continuidad de Rabat en el gabinete mantiene abierta la discusión sobre las responsabilidades políticas derivadas de las rebajas de penas y la respuesta institucional frente a los derechos de las víctimas. (NP-ChatGPT-La Tercera-TVN)