La seguridad de las mujeres debe medirse en cuántas vidas son protegidas

Colombia necesita evaluar sus gobiernos desde una pregunta que atraviesa la vida cotidiana de millones de mujeres: ¿cuánto ha cambiado su posibilidad real de vivir sin miedo, acceder a la salud y construir autonomía en sus territorios? Las cifras de violencia y las barreras institucionales muestran que la protección de las mujeres no puede quedarse en el discurso de los derechos ni en la promesa de autoridad. El balance del gobierno de Gustavo Petro y el examen de las promesas de Abelardo de la Espriella tienen ahí su punto de encuentro ineludible.

El primer panorama lo arroja la Defensoría del Pueblo, que atendió 8.719 casos de violencias basadas en género y por prejuicio durante 2023. En 2024, la cifra ascendió a 11.558 atenciones, un aumento del 32,56 %. La violencia psicológica representó el 75,2 % de los registros de ese último año, seguida de la violencia física, económica, patrimonial y sexual. Antioquia encabezó los departamentos con más atenciones, con 1.195 casos. Estos datos corresponden a los registros de la entidad, no a la totalidad de las violencias ocurridas en el país. A su vez, impactan la seguridad, la economía, la independencia y el fortalecimiento emprendedor de las mujeres en los territorios.

La misma Defensoría informó que, durante 2024, acompañó a familiares de 110 mujeres víctimas de feminicidio y a 268 mujeres sobrevivientes de este delito; por su parte, el Observatorio de Feminicidios Colombia reportó 886 feminicidios y 671 tentativas durante ese año. Son registros de fuentes diferentes y no deben confundirse; evidencian, sin embargo, la gravedad de una crisis que exige prevención, investigación y protección efectiva.

El segundo panorama es la distancia entre la política pública y la vida cotidiana. Durante el gobierno de Gustavo Petro se impulsaron iniciativas institucionales para la igualdad de género y la prevención de las violencias. Sin embargo, el aumento de las atenciones de la Defensoría obliga a examinar si las medidas lograron traducirse en respuestas suficientes, oportunas y sostenibles. No sería riguroso afirmar que ese incremento demuestra, por sí solo, que las violencias aumentaron en la misma proporción: también puede reflejar una mayor capacidad de recepción y registro de casos. Lo que sí revela es que la demanda de atención sigue siendo considerable.

La evaluación debe ir más allá de cuántos programas se anuncian o cuántas mujeres participan en ellos; a profundidad debe establecer si las víctimas encuentran refugio, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, independencia económica y medidas de protección que funcionen cuando el riesgo es inmediato. Una mujer que denuncia y vuelve a su casa sin garantías continúa expuesta, incluso cuando existe una política pública escrita y en el caso de que sea atendida, es importante confirmar: ¿qué ocurre con esa mujer después de su atención? No basta solo con un par de citas psicológicas sin una trazabilidad que lleve a dignificar, excluir de su ambiente de violencia y mejorar la calidad de vida de las víctimas.

Leiry Chacón Olea

Estratega política y organizacional, directora de Mujeres Reales.