Piden allanar el Banco Central por las operaciones con oro

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro. En su nueva presentación, solicitó que la Justicia ordene un allanamiento en la sede de la entidad para acceder a servidores, correos institucionales y documentación relacionada con los contratos.

El planteo busca determinar cómo se seleccionó al Deutsche Bank como contraparte de las operaciones, cuáles fueron los costos de las transacciones y si existieron beneficios indebidos. La presentación destaca que Caputo y Bausili ocuparon cargos jerárquicos en esa entidad financiera antes de incorporarse al Gobierno.

Dalbón pidió secuestrar los equipos informáticos o realizar copias forenses de los servidores y las casillas de correo de la Presidencia, el Directorio y las áreas involucradas. También solicitó acceder a contratos, actas, informes técnicos de riesgo, valuaciones y comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía.

La ampliación de la denuncia incorpora a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del BCRA. La presentación también alcanza al superintendente del área, Juan Ernesto Curutchet, y solicita que se investiguen las eventuales responsabilidades de los funcionarios mencionados.

El expediente se apoya en los resultados de las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro. Según la Auditoría General de la Nación (AGN), durante 2025 esas transacciones registraron un saldo negativo de US$1.023 millones: US$960,2 millones correspondientes al resultado de las opciones y otros US$62,8 millones por el pago de primas.

El denunciante también pidió investigar las comisiones, los honorarios y los eventuales pagos a intermediarios. Entre las medidas propuestas figura requerir información al Deutsche Bank y solicitar cooperación a organismos estadounidenses para determinar si existen registros de consultas o investigaciones relacionadas con las operaciones.

La controversia se centra en conocer cómo se diseñaron y contrataron los instrumentos financieros, quiénes intervinieron en las decisiones y cuáles fueron sus costos efectivos. La relación laboral previa de los funcionarios con el banco forma parte de los interrogantes planteados, pero no constituye por sí sola una prueba de irregularidad.

El pedido de allanamiento todavía debe ser evaluado por la Justicia. La ampliación de la denuncia tampoco acredita la comisión de un delito: serán las medidas de prueba y el análisis de la documentación los que permitan determinar si hubo irregularidades o conflictos de intereses.