
La Secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, dialogó con la 88.9 sobre la reducción de medicamentos del programa nacional Remediar y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la medida en los sectores más vulnerables. Según explicó, la Provincia solicitará una reunión urgente con el Ministerio de Salud de la Nación para reclamar una planificación conjunta y respuestas ante el recorte.
Durante la entrevista, Montero recordó que el programa Remediar funciona desde 2002 y garantiza la provisión de medicamentos esenciales en el primer nivel de atención, como centros de salud y dispensarios. Según detalló, el botiquín llegó a incluir 128 medicamentos, pero su provisión se redujo progresivamente desde 2023. Ahora, de acuerdo con lo señalado durante la conversación radial, el programa quedaría reducido a seis medicamentos.
La funcionaria cuestionó que los cambios se hayan implementado sin una estrategia acordada con las provincias y los municipios para garantizar la continuidad de los tratamientos. En ese sentido, sostuvo que la reducción de medicamentos no solo representa un problema administrativo, sino que puede repercutir directamente en la salud de las personas que dependen del sistema público.
“Lo que está en juego no son números, lo que está en juego es la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras personas mayores”, afirmó Montero durante el diálogo con la radio.
La secretaria también explicó que la falta de medicamentos puede agravar cuadros de salud que inicialmente son tratables en el primer nivel de atención. Como ejemplo, mencionó las infecciones respiratorias para las que se indican medicamentos como salbutamol o amoxicilina. Si una persona no puede acceder a ellos por falta de provisión o por no contar con recursos para comprarlos, advirtió, el cuadro podría complicarse y requerir una internación.
También alertó sobre las dificultades que podría generar la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas, como la diabetes, especialmente entre quienes no tienen posibilidades económicas de adquirir los medicamentos por su cuenta.
Frente a este escenario, Montero señaló que el Gobierno provincial buscará reunirse con el ministro de Salud de la Nación para reclamar que se sostenga la política nacional de medicamentos esenciales. Según indicó, el ministro provincial, Ricardo Pieckenstainer, había solicitado formalmente una audiencia y esperaban que pudiera concretarse durante esa semana.
La funcionaria remarcó que, si se pretende trasladar a las provincias la responsabilidad de adquirir los medicamentos que Nación deje de proveer, será necesario establecer una transición gradual y transferir los recursos correspondientes. Además, sostuvo que la compra centralizada permite obtener mejores condiciones económicas y garantizar criterios de equidad entre las distintas jurisdicciones.
En paralelo, la Provincia comenzó a relevar el stock disponible en los municipios para conocer la situación de cada localidad y evaluar el alcance que podría tener la reducción de suministros. Montero aclaró que tanto los gobiernos provinciales como los municipales ya realizan compras de medicamentos, por lo que la provisión sanitaria involucra a los tres niveles del Estado.
Durante la entrevista, la funcionaria calificó la decisión nacional como parte de un “genocidio sanitario”, en referencia al impacto que, según su postura, podría tener la medida sobre las personas con menores recursos económicos.
Finalmente, insistió en que la respuesta no debe limitarse a que cada municipio resuelva por su cuenta la falta de medicamentos, sino que debe existir una política sanitaria coordinada que garantice el acceso a los tratamientos esenciales.
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