De la Espriella rompe récord y reduce 5 mil contratistas en dos meses

El 30 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella se declaró en contra de los “contratistas eternos” del Estado. Siete días después, expidió la directiva presidencial 04, que ordena revisar el cumplimiento de esos contratos. El objetivo era reducir la burocracia innecesaria, que es una de las causantes de la crisis fiscal actual y que el gobierno de Gustavo Petro aumentó de forma histórica.

La Silla Vacía revisó todos los contratos de prestación de servicios (OPS) con personas naturales desde el gobierno Santos en la base de datos de contratos públicos Secop II y la cruzó con la base de datos de modificaciones de contratos para identificar terminaciones adelantadas, unilaterales o bilaterales y contratos que no se renovaron en los últimos dos meses. 

Por ahora, la cruzada de De la Espriella ya está dando resultados. En sus primeros dos meses, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre, el número de personas con contratos de prestación de servicios en las entidades del gobierno nacional pasó de 102.338 a 97.765: 4.573 menos. 

Entre los contratos no renovados y los terminados anticipadamente, el gobierno se ahorró por ahora 54 mil millones de pesos, que es el presupuesto anual aproximado de la Defensa Civil. La mayoría de los recortes fueron a contratistas del gobierno Petro en las entidades que funcionaban como fortín burocrático.

Sin embargo, exfuncionarios del gobierno Petro y excontratistas denuncian que fueron presionados para renunciar y amenazan con demandar. Si esas demandas tienen éxito, el costo para el Estado en el mediano plazo puede ser mayor que el ahorro inmediato.

Esto es solo el comienzo. El gobierno publicó el viernes una circular que espera recortar a 25% el número de contratistas, lo cual podría aumentar esta tendencia y con ella los riesgos asociados.

Estos son los datos clave del inicio de la “purga de contratistas” que plantea el gobierno.  

El primer gobierno que reduce el número de contratistas 

El Estado colombiano no ha parado de crecer. Terminar un contrato es difícil, y crear nuevos es una tentación constante para los gobernantes. Los usan para repartir mermelada, pagar favores y cumplir con las crecientes demandas ciudadanas a pesar de tener una planta de funcionarios limitada.

De los tres gobiernos que se posesionaron con Secop II funcionando (Duque, Petro y De la Espriella), este es el único que, dos meses después de posesionado, tiene menos contratistas de los que recibió. De la Espriella los redujo un 4%. En el mismo periodo, Duque los aumentó 2% y Petro, 4%.

Más que despedir, el gobierno no está renovando

Esa reducción neta responde a dos movimientos.

El primero, y el más grande, son los contratos que se vencieron. Entre el 7 de agosto y el 7 de octubre se cumplió el plazo de 11.839 contratos, y solo 1.562 (13 %) se renovaron con la misma persona en la misma entidad. Petro también dejó ir contratistas al llegar, pero renovó el doble: el 26 % de los contratos que se le vencieron.

Muchos de los que no renovó De la Espriella se firmaron en enero, con plazos que vencían justo después del cambio de gobierno, como los 540 contratos de siete meses del Ministerio del Interior.

El segundo son las terminaciones anticipadas: contratos que se acaban antes de que se cumpla el plazo. En los primeros 61 días de este gobierno se iniciaron 1.343 terminaciones anticipadas, y 1.264 ya quedaron en firme.  

En el mismo periodo, con Petro fueron terminados 961 contratos y con Duque, 362. Es decir, Petro también terminó contratos al llegar, y en proporción, De la Espriella no termina más: por cada 1.000 contratos vigentes, fueron 12 con De la Espriella, 13 con Petro y 16 con Duque.

Es decir, proporcionalmente al número de contratistas, estas terminaciones anticipadas son menores.

Tampoco cambia mucho quién las pide. Según el texto que la entidad registra en Secop, el contratista pidió la terminación en el 32 % de los casos con De la Espriella, en el 38 % con Petro y en el 32 % con Duque. La mitad se registra como de mutuo acuerdo o bilateral, una proporción casi igual a la de los dos gobiernos anteriores. 

Mutuo acuerdo significa que, en el papel, ambas partes decidieron acabar el contrato o acortar su duración. Sin embargo, exministros del gobierno Petro y excontratistas advierten que ese mutuo acuerdo es engañoso: con la directiva 04 se habría dado la orden de revisar contratos y terminarlos anticipadamente “con coerción a los contratistas”, dice Antonio Sanguino, ex ministro del Trabajo de Petro que lo llama una “masacre laboral”.

En efecto, múltiples funcionarios han publicado un correo de la secretaría general de cada ministerio enviado a los contratistas de la entidad donde propone “respetuosamente la terminación anticipada de mutuo acuerdo de sus respectivos contratos de prestación de servicios”.

Dos excontratistas con los que habló La Silla contaron que, además del correo, recibieron presiones de sus jefes directos y mayor carga de trabajo si se negaban a terminar el contrato.

Alfredo Molano también reveló en su columna de Cambio múltiples abusos y hostigamientos a contratistas: “Esta crueldad no se vivió en ningún otro gobierno. Hay personas que trabajaron con Santos y con Duque y están siendo víctimas de este mismo maltrato. Nunca habíamos visto algo así, y hay muchos que son realmente técnicos, gente que no se mete en política y que conoce la entidad para la que ha trabajado años honradamente”, le dijo un contratista de la ADR a Molano.

Sanguino marca una diferencia con el gobierno anterior: “La diferencia es que con Petro no había directivas y cartas dando la orden, no era sistemático”. 

Esto puede jugar en contra del gobierno De la Espriella porque, como explica Sanguino, “así sea de mutuo acuerdo, si un juez prueba coerción, deben indemnizar, y habrá demandas”. Ese es uno de los impactos. El otro es social: el gobierno Petro mantuvo un desempleo bajo, en parte con contratos del Estado, y si se siguen reduciendo los cargos en el Estado la cifra de desempleo subirá.

También puede convertirse en caballito de batalla de la oposición, que usó la información sobre despidos masivos para convocar a las marchas del martes, que tuvieron una asistencia moderada.

Pero aún si las terminaciones fueran forzosas, son solo 1.178 de los 11.454 contratos que se acabaron sin renovarse (10 %). El resto son contratos que se vencieron y no se renovaron.

Por ahora, Abelardo no los está reemplazando

Una de las teorías de la oposición es que están acabando estos contratos para entregar otros. “Se les está haciendo agua la boca y no se pudieron esperar para dar esos contratos”, dice Sanguino. Por ahora, los datos no confirman esa teoría: por cada 100 contratos que se acabaron, el gobierno firmó 54 nuevos. Es el único de los tres últimos presidentes que terminó más de lo que firmó en el mismo periodo; Petro firmó 133 y Duque, 109 por cada 100 contratos eliminados.

Está por verse si los contratos aumentarán cuando el gobierno reciba recursos de deuda y el recaudo de impuestos de fin de año.

Las terminaciones se concentran en bastiones burocráticos de Petro

La entidad de donde más contratistas salieron es la Agencia Nacional de Tierras: 1.098, casi uno de cada cuatro de los que tenía (1.055 contratos no renovados y 43 terminados anticipadamente), y en el mismo periodo solo firmó 91 nuevos. Con Felipe Harman como director, la ANT pasó de 8 a 92 oficinas y, como reveló La Silla Vacía, se convirtió en un fortín político y clientelista del petrismo. Después siguen el Igac (680), Invías (542), el Ministerio del Interior (498), la Superintendencia de Transporte (455), el Ministerio de Justicia (420) y la Agencia Nacional de Minería (408).

Si se miran solo las terminaciones anticipadas, el orden cambia: la ANT encabeza con 43, seguida del Ministerio de Minas (42), Rtvc (38) y el Igac (38). Rtvc fue otro fortín del petrismo: con Hollman Morris se convirtió en una máquina de propaganda del gobierno que contrató a influenciadores petristas como Wally y Don Izquierdo. Wally hoy es congresista. En agosto, el nuevo gobierno anunció que revisaría los contratos de prestación de servicios firmados en 2026.

Pero, aunque redujo contratistas, el gobierno De la Espriella también está usando la estrategia de los influenciadores contratistas en Rtvc, como reveló La Silla Vacía.

La purga es menos centrada en el antecesor de lo normal

Aunque la mayoría de los contratistas que salieron (el 71 %) empezaron a contratar con el gobierno Petro, el 23 % lo hacía desde el de Duque y el 6 % desde antes de 2018. En general, este gobierno está terminando relaciones más antiguas que sus antecesores.

En promedio, quienes salieron llevaban tres años contratando con entidades nacionales, frente a dos años de los que salieron en los dos primeros meses de Petro; el 30 % llevaba cuatro años o más, frente al 10 % con Petro. Es decir, sí está acabando con contratistas “eternos”. Pero, como se vio en el gobierno Petro, dejar ir a personas que llevan mucho tiempo en el Estado puede costar en ejecución, porque se pierden el conocimiento y la capacidad instalada.

También salen funcionarios de planta

Los contratistas no son los únicos. Según las declaraciones de retiro en el Formulario de Declaración de Bienes y Conflictos de Interés (Fdci) de Función Pública, en los primeros 61 días salieron 739 funcionarios de la rama ejecutiva nacional, cuatro veces más que en 2022. 

Los datos no permiten saber si salieron por iniciativa propia o si les pidieron la renuncia. Solo 56 funcionarios (8%) llevaban más de cuatro años en la entidad, y 334 habían tenido antes un contrato de prestación de servicios con el Estado. Además, este es el gobierno que más insubsistencias, echadas a la fuerza, ha hecho en sus dos primeros meses, con 13 respecto a 3 de Petro.