En una asamblea masiva realizada la semana pasada, el Sindicato de Camioneros resolvió movilizarse a la Legislatura porteña para exigir que los pliegos del servicio de recolección de residuos para el período 2028–2038 incluyan el pago de indemnizaciones a los trabajadores, un beneficio que el gremio estima en u$s 200 millones.
El anuncio lo hizo Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, acompañado por el secretario gremial, Marcelo Aparicio, en el predio de Lafayette 1751, en Barracas. El detonante fue la versión de que el gobierno de Jorge Macri no incorporará ese pago en los próximos contratos, cuando venza la prórroga de las concesiones actuales, el 30 de septiembre de 2028.
Reclamo de Camioneros: “Vamos por la indemnización completa”
Ante los trabajadores, Moyano fijó la meta de superar los 20.000 manifestantes en la primera audiencia pública y advirtió que el gremio no dará marcha atrás. “Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando”, sostuvo y definió el inicio de “una lucha durísima” con “la justicia, los medios y los empresarios en contra”.
El gremio anunció, además, asambleas en todas las empresas de recolección que operan en CABA para “comprometer” a legisladores y al Gobierno porteño. Según Moyano, hay más de 7000 empleados a la espera de una indemnización, y reivindicó a quienes trabajaron durante la pandemia.
Por ahora, Camioneros no anunció un paro ni medidas de fuerza sobre la recolección: lo que hay es un estado de alerta, asambleas en todas las empresas del sector y una movilización a la Legislatura. Pero el tono de la conducción sindical y el historial del gremio mantienen abierto el escenario.
En 2024, Pablo Moyano ya había advertido que la Ciudad se llenaría de basura si no se indemnizaba al personal, y esta vez habló de una “lucha durísima” y de reunir a más de 20.000 trabajadores.
La capacidad de presión del sindicato sobre un servicio esencial es, además, la herramienta con la que históricamente logró sostener la “Ley Moyano”. Si los pliegos finales no incorporan las indemnizaciones y con una base que exige garantías de cobro, no se descarta que el conflicto escale a medidas que afecten la recolección.
El calendario oficial: audiencia pública y licitación a 10 años
El conflicto se activa ahora por una razón concreta. El Gobierno porteño convocó mediante el Decreto 304/26, publicado en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, a una audiencia pública para discutir los proyectos de pliegos antes del llamado definitivo. Se realizará de manera virtual el lunes 5 de octubre, al mediodía.
Será el primer paso formal para reemplazar los contratos adjudicados en 2013 (Licitación Pública 997/13), que comenzaron a regir el 1° de octubre de 2014 y fueron prorrogados hasta 2028. Según trascendió, el anteproyecto reorganiza el servicio en ocho zonas, en lugar de las siete actuales. Hoy seis están en manos de empresas privadas y la Zona 5 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) está bajo administración directa del Ente de Higiene Urbana.
En paralelo, organizaciones de cartoneros y cooperativas de reciclaje cuestionan que el nuevo esquema reduzca su espacio de trabajo en favor de empresas privadas, lo que suma otro frente de reclamos al proceso.
¿Qué dice el pliego vigente?
El pliego actual contempla un ítem de “Indemnizaciones Finales” dentro del Régimen de Personal Operativo. Establece que, al terminar el contrato, la empresa adjudicataria calcula las indemnizaciones del personal y, una vez auditadas, la Ciudad le abona esos montos para que ella indemnice a los trabajadores.
Para los nuevos contratos, el gobierno de Macri no prevé reproducir esa cláusula. Los trabajadores, de todas maneras, conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 y por diez años, ya sea en las firmas actuales o en las nuevas adjudicatarias. La preocupación del sindicato se extiende al Presupuesto 2027, que el jefe de Gobierno enviará a la Legislatura: Camioneros teme que no contenga las partidas para afrontar estas compensaciones.
¿Qué es la “Ley Moyano”?
No es una ley en sentido jurídico: es una práctica sin basamento legal que Hugo Moyano consolidó desde fines de los años 90. Cada vez que una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, despide al personal, lo indemniza y lo recontrata, de modo que el trabajador cobra y, además, sostiene su empleo. Su debut fue en 1998, con el fin del contrato de Manliba.
El mecanismo ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de $ 220 millones para indemnizar a recolectores ante un cambio de concesionaria. Luego se aplicó en licitaciones de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en las filiales locales de DHL y FedEx. La semana pasada, el gremio acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.
Aquel acuerdo tuvo costo interno. En asambleas en empresas como Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y exigieron garantías de cobro para 2028, e incluso lo trataron de “traidor” en un video que circuló. Aparicio llegó a calificar el beneficio de “privilegio” de los recolectores porteños y admitió que no existe en la ley, aunque permite cobrar y preservar la antigüedad. Ahora, con la licitación en marcha, la conducción sindical necesita demostrar que puede cumplir.
