El decreto MariCarmen. La voz del silencio.

Dirección, edición y coordinación equipos internacionales: Loredana Claudia Valean Carpa.

Publicación en BOE del decreto de protección frente a los desahucios.

Esta mañana nos enterábamos de la publicación del BOE del decreto Maricarmen de vivienda. El texto se hizo público como «Decreto ley para paliar la situación de crisis del mercado de la vivienda. Prórroga del contrato de alquiler con subida máxima del 2%», se prohibirá el desalojo por desahucio sin solución de vivienda hasta 2030 e incluye incentivos fiscales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el segundo de los dos decretos del Gobierno bajo el conocido sobrenombre de «Maricarmen». Se trata del paquete de medidas de emergencia con el que el Ejecutivo pretende hacer frente a la crisis de alquiler y que establece límites en la subida de los alquileres, a 2% para las renovaciones de contrato, mientras que prohíbe los desahucios si el afectado no cuenta con una alternativa habitacional, hasta el año 2030. En caso de incumplimiento por parte del propietario por rotura anticipada del contrato por causa injustificada, deberá pagar una indemnización de hasta 12 mensualidades.

Como ya adelantó EL PAÍS el pasado 12 de enero, la norma incluye un capítulo fiscal específico en el que se contemplan incentivos fiscales para los particulares que decidan vender sus viviendas vacías a empresas públicas. Así, quienes vendan su casa, de hasta 200.000 euros, a una empresa pública quedará exento del 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. A raíz de esto, el Ejecutivo está proponiendo a la Euro cámara un tope de 800.000 euros, además de bonificaciones si la plusvalía se reinvierte en una cuenta de inversión.

En Moncloa el optimismo es relativo. En este contexto se votan este viernes en el Congreso de los Diputados, la convalidación de los decretos de vivienda y de medidas anticrisis. El Gobierno ya sabe que cuenta con el sí de Podemos que de forma sorprendente ha retirado su veto . Pero la cuestión del PNV que había mostrado su deseo de incluir más regulaciones en la ley de vivienda y de Junts que ya dijo que no lo haría con el mismo marco que ya tenían cuando estaban en el Gobierno sigue siendo la gran incógnita. A solo cuatro días del debate de la ley de amnistía, los independentistas catalanes se encuentran entre «dos fuegos».

El partido del presidente de la Generalitat se enfrenta al dilema entre su disposición a apoyar los decretos exigida por la movilización callejera cientos de miles de personas se manifestaron la semana pasada a favor de los decretos y su reticencia tradicional a acotar el mercado inmobiliario, como exige uno de los decretos. Ese debate se convirtió en el auténtico suspense político de la semana.
¿Cuál es el enfrentamiento que mantienen los responsables de las comunidades autónomas gobernadas por el PP? Ése es el punto crucial de nuestro debate hoy, de forma que no me importaría que se presentaran los recursos contra las leyes.

En Madrid, la Consejera de Vivienda, Laura Díaz-Paricio, del partido Vox, que además ocupará la Consejería de Vivienda dentro del acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos, ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid que la propuesta de tope del 2% «no afectará a nuestra Comunidad». La presidenta del Partido Popular de Madrid y consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Reyes Maroto, así como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han respondido a las declaraciones del presidente del Ejecutivo nacional afirmando que sus políticas sobre Vivienda dañan a los propietarios y que con ellas van de la mano los colectivos de inquilinos.

La crisis de la vivienda ya pasó de ser un problema sectorial a una preocupación primordial en la agenda política nacional. Los españoles prefieren vivir en una vivienda en alquiler cómoda antes de tener trabajo, o eso indican las últimas encuestas y, lo que es más importante, las últimas señales públicas: en las calles de las grandes ciudades el grito de ¡vivienda! es cada día más alto, acorralando a todos los partidos. El decreto «Maricarmen» que se votará este viernes es una apuesta de muy alto riesgo para Pedro Sánchez: su aprobación marcará la agenda legislativa del curso; su fracaso precipitará una grave crisis de gobernabilidad para el Ejecutivo español que podría acabar con Sánchez renegociando al alza con Unidas Podemos su papel en el Gobierno.