Malvinas en el discurso, tierra abierta en el continente: la soberanía argentina enfrenta una contradicción difícil de explicar

Argentina reafirma Malvinas, destina recursos a fortalecer sus Fuerzas Armadas y vuelve a colocar la soberanía en el centro del discurso nacional. Pero, al mismo tiempo, la derogación de la Ley de Tierras Rurales dejó sin efecto los límites específicos que restringían la compra de campos por extranjeros. El contraste es incómodo: reclamamos territorio ocupado a miles de kilómetros del continente mientras debilitamos las barreras que protegían la propiedad rural dentro del país.

Argentina es profundamente malvinera. La Constitución sostiene el reclamo de soberanía y el Gobierno nacional acaba de volver a plantearlo ante Naciones Unidas como una “causa nacional”. También anunció que destinará una parte de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer la defensa. Hasta allí, la lógica parece clara: un país debe defender su soberanía.

Pero entonces aparece una pregunta mucho más cercana: ¿qué significa defender la soberanía si el propio territorio continental queda con menos límites frente a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros?

La vieja Ley 26.737 establecía un cerrojo preciso. La titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país y ese mismo límite se aplicaba también dentro de cada provincia, municipio, departamento o división equivalente. Además, ningún extranjero podía tener más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo o su equivalente territorial. No prohibía la inversión extranjera. La permitía, pero establecía fronteras jurídicas sobre cuánto territorio podía concentrarse.

Con la derogación de esa ley mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, esos límites nacionales específicos desaparecen mientras esa derogación siga vigente. El departamento continúa existiendo políticamente, por supuesto, pero deja de funcionar como unidad de control para aquel techo del 15%. Dicho de otro modo: ya no existe esa barrera federal que impedía que una concentración extranjera creciera indefinidamente dentro de una determinada jurisdicción rural.

La contradicción adquiere todavía mayor dimensión cuando se recuerda para qué había sido diseñada la ley. Incluso su reglamentación distinguía expresamente el territorio continental de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para calcular los límites de extranjerización, dejando asentado que las islas serían computadas cuando se alcanzara el objetivo constitucional de recuperación de soberanía. Es decir, la legislación argentina había conectado jurídicamente tierra y soberanía. No eran conceptos separados.

Y aquí aparece la paradoja. Podemos comprar aviones de combate, modernizar las Fuerzas Armadas y reivindicar legítimamente Malvinas. Pero la defensa territorial no empieza solamente en el Atlántico Sur. También empieza en una finca, una cuenca de agua, una zona fronteriza, una cordillera, un salar o miles de hectáreas de territorio productivo.

Nadie debería confundir esto con afirmar que un extranjero que compra una propiedad adquiere soberanía política sobre ella. No ocurre eso: el territorio continúa sometido a las leyes argentinas. Pero tampoco es irrelevante quién posee grandes extensiones de tierra, especialmente cuando sobre ellas existen agua, minerales, producción agrícola, accesos estratégicos o infraestructura. Propiedad y soberanía no son jurídicamente lo mismo, pero la concentración territorial tiene consecuencias económicas y estratégicas evidentes.

Los propios datos oficiales mostraban por qué se había establecido el control territorial. Hasta agosto de 2025 ninguna provincia argentina superaba globalmente el 15% de extranjerización, pero más de treinta departamentos sí estaban por encima de ese porcentaje. Precisamente por eso el límite departamental tenía sentido: un promedio provincial podía parecer razonable mientras determinadas zonas concentraban porcentajes mucho mayores.

Para Jujuy la discusión debería ser todavía más profunda. Aquí confluyen frontera internacional, litio, minería, agua, grandes extensiones rurales, comunidades originarias y corredores estratégicos. El problema, entonces, no consiste simplemente en saber si alguien de otra nacionalidad puede comprar una propiedad. La pregunta es qué sucede si, a lo largo de los años, una porción relevante de determinados territorios estratégicos termina concentrándose en sociedades o personas cuyos centros de decisión están fuera del país.

El Gobierno nacional argumenta que quitar restricciones mejora las condiciones para invertir. Esa es una posición política y económica legítima dentro del debate. Pero existe otra discusión igualmente legítima: cuánto territorio está dispuesto un país a permitir que se concentre sin establecer límites específicos. La antigua ley había contestado esa pregunta con números concretos. Hoy esos números dejaron de funcionar como barrera.

Por eso Malvinas y la Ley de Tierras no son el mismo problema, pero inevitablemente terminan encontrándose en una palabra: soberanía.

Podemos mirar hacia el Atlántico Sur y afirmar que aquellas islas pertenecen a la Argentina. Pero también debemos mirar hacia adentro. Porque defender un territorio no empieza el día en que alguien intenta quitárnoslo.

Empieza mucho antes, cuando una Nación decide qué recursos, qué tierras y qué espacios estratégicos quiere preservar para las generaciones que vienen.