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La Legislatura ratificó la emergencia energética y tarifaria mediante la Ley 6521. La medida pone bajo examen la capacidad del Estado para amortiguar los costos y garantizar servicios que sostengan la vida cotidiana y la producción.
Jujuy llega a este viernes con una decisión legislativa de impacto: la Cámara de Diputados aprobó el jueves la Emergencia Energética y Tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma, sancionada como Ley 6521, ratifica el decreto acuerdo remitido por el Ejecutivo provincial.
Durante su fundamentación, Adriano Morone sostuvo que la herramienta busca amortiguar el impacto de los costos y las tarifas sobre los usuarios. Ese objetivo establece una medida para evaluar la política: qué protección efectiva reciben hogares, comercios y actividades productivas.
La declaración, por sí sola, no significa una rebaja general de facturas ni la resolución de los problemas del servicio. Para conocer sus efectos hay que identificar las medidas aplicables, sus beneficiarios y los mecanismos de cumplimiento. Una emergencia necesita instrumentos que el usuario pueda comprender y reclamar.
En una provincia que busca inversiones y agregado de valor, la energía integra el costo de producir. También condiciona a pequeños comercios, talleres y emprendimientos que cuentan con menor margen para absorber aumentos. La protección debe acompañarse con planificación e información pública sobre la calidad del servicio.
El desafío comienza después de la votación. El Gobierno provincial y los organismos responsables deben explicar cómo se aplicará la herramienta y cómo se controlarán sus resultados. La emergencia tendrá sentido si evita que el costo energético siga debilitando a familias y productores; de lo contrario, será otra declaración que no consigue llegar a la vida cotidiana.
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https://periconoticias.com.ar/jujuy-en-emergencia-energetica-hasta-2027-ahora-la-proteccion-debe-sentirse-en-las-facturas/
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