Endeudarse por un aborto: la IVE en la era Milei

Paula tiene 31 años y es de la provincia de Tucumán. Madre de siete hijos, decidió interrumpir su embarazo frente a la imposibilidad de sostener económicamente a otro niño. Sin embargo, al solicitar la práctica no pudo acceder debido al alto costo de la medicación que le indicaron debía adquirir por sus propios medios. 

“Me dijo que las pastillas salen $170.000. Pero yo no puedo. Tengo siete hijos. No me da la situación ni económica ni físicamente para tener otro hijo. No sé de dónde sacar esa plata”, relató Paula a Amnistía Internacional. 

No sabemos cuántas Paulas hay. Ni siquiera sabemos si Paula es su verdadero nombre. Lo que sabemos es que en Argentina hay abortos que cuestan cero pesos y hay abortos que pueden superar los 200 mil pesos.

Desde enero de 2021, cuando entró en vigencia la Ley 27.610, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe garantizarse de manera integral y gratuita hasta la semana 14 inclusive en el sistema público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Una vez solicitado, el acceso debe concretarse en un plazo máximo de diez días corridos.

Sin embargo, que una práctica sea gratuita no significa que no tenga costos. En una economía atravesada por la pérdida de ingresos y el ajuste del gasto público, esos costos muchas veces pueden dejar de estar a cargo del Estado para recaer sobre las personas que necesitan acceder a la práctica.

“Lo primero que cortó el Ministerio de Salud de la Nación fueron los tratamientos para abortar”, relata Julieta Bazán, médica especialista en medicina general y familiar de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Ella asegura que los abortos se siguen realizando y las redes feministas siguen activas, pero con muchas más barreras económicas. 

A comienzos de septiembre, el precio de farmacia de un Mifep Kit, que combina mifepristona y misoprostol -remedios necesarios para realizar un aborto- rondaba los $246.000. Hace más de dos años, en julio de 2024, según un estudio de CEDES, Católicas por el Derecho a Decidir y REDAAS, el Mifep Kit estaba alrededor de los 138.000 pesos. Sin embargo, el mismo informe muestra que el precio institucional podría ser muchísimo menor, entre $26.500 y $106.890.  

En el sistema público, estos medicamentos deberían llegar gratuitamente a quienes lo necesitan. Según el análisis del Centro de Datos de Chequeado sobre ejecución presupuestaria, el gobierno nacional dejó de entregar medicamentos para IVE/ILE desde diciembre de 2023. En 2022 se habían distribuido 70.293 tratamientos y en 2023 un total de 106.737. En 2024 y en los primeros nueve meses de 2025, la entrega nacional registrada fue cero.

“Lo que hace el desfinanciamiento del Estado nacional es que el acceso al aborto caiga en manos de las voluntades políticas, la ideología y los presupuestos que destinen los diferentes gobiernos de las provincias”, explica a El Grito del Sur Gío Eiriz, integrante de la regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

A su vez, relata que hay hospitales de algunas provincias en los cuales se entregan las recetas a las personas gestantes para que éstas se hagan cargo de conseguir el medicamento por su cuenta. Cuando el Estado deja de proveer un insumo gratuito, el costo no desaparece: se desplaza hacia otro bolsillo.

Entre 2021 y 2024, se realizaron en promedio 78 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año en la Argentina, según datos que surgen de un pedido de acceso a la información pública del medio Chequeado. Pero el modelo sigue siendo desigual: mientras Salta y la Ciudad de Buenos Aires son los distritos con las tasas más altas, San Juan registra la más baja. Además, si en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero más del 50% de la población cuenta únicamente con cobertura del sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%.   

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Cursando un embarazo de siete semanas, a Susana, de Córdoba, le informaron que no había medicación disponible en su localidad y que debía adquirirla por sus propios medios. Frente a la falta de respuesta del sistema de salud y ante la urgencia de acceder a la práctica, evaluó tomar un crédito para comprar las pastillas. 

“En mi distrito me dicen que no hay medicación. El médico quedó en contactarme para avisarme cuando haya y así viajar a la ciudad a buscarlas. Soy de un pueblo chico y no deseo recorrerme todas las farmacias. Si es necesario, puedo sacar un crédito personal y comprarlas”, aseguró a Amnistía Internacional.  

Según el informe de Amnistía Internacional publicado este año donde se encuentran los testimonios anteriores, las provincias ya financian más del 75% de la inversión pública en salud. UNICEF agrega que la inversión anual por niña, niño o adolescente puede variar hasta siete veces, dependiendo de la provincia en la que viva. Además, más de la mitad de las provincias informó carecer de stock de misoprostol y casi la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack. 

En la Provincia de Buenos Aires, donde trabaja Julieta, la mifepristona está solo reservada para los casos que cumplan con ciertos criterios, por lo cual no se puede ofrecer el tratamiento estándar a todas las personas. Según Bazán, cuando no hay medicación las personas suelen esperar antes de recurrir a comprarla por su cuenta. Pero si la demora se prolonga, puede ser necesario resolver la interrupción con una internación mediante. 

“Mucha gente perdió el trabajo y está recurriendo al servicio de salud pública porque no puede mantener una obra social o prepaga”, enfatiza Bazán. “Si no hay trabajo formal, trabajan por el día. Si vos te pedís un día en un trabajo informal para ir a una consulta, no cobrás y no comés. Entonces, muchas veces no vienen al control”.

La Ley 27.610 no solamente reconoce el derecho a abortar: establece que la atención debe ser integral y gratuita y que incluye también medicamentos, diagnóstico y terapias de apoyo. Para garantizar esa atención integral y gratuita se necesitan insumos, equipos y presupuesto, una de las principales dificultades del escenario actual. En el presupuesto 2027, aunque el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable figure formalmente con un paso de $20.600 millones a $33.800 millones entre 2026 y 2027, permanece casi un 30% por debajo de los niveles de 2023.

“Acá las que siguen teniendo menos capacidad de decisión son las mujeres y personas con capacidad de gestar empobrecidas, que también son quienes tienen menos acceso a la información”, agrega Eiriz. En el corazón de la tormenta de una crisis económica rabiosa, las personas con capacidad de gestar tienen que elegir entre viajar, alimentar a sus hijas o ver cómo acceder a un aborto. 

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Más alla de que el procedimiento pueda conseguirse de manera gratuita, un aborto puede implicar pedir permiso en el trabajo; perder una jornada laboral; pagar transporte; viajar a otra localidad en caso de que no se realice en la propia; conseguir quién cuide a un hijo; pagar una consulta; organizar horarios. Incluso eventualmente quedarse en casa después del procedimiento.

Cuando hay traslado entre pueblos o localidades, la cuestión se dificulta aún más. Si al llegar no se cuenta con la medicación necesaria, la persona debe esperar. Muchas veces la gestante no tiene los recursos para alquilar una pensión u hotel, por lo cual se puede llegar a internarla hasta que se realice el procedimiento. Si el plazo de embarazo establecido por la ley (14 semanas) se supera, cambia el diagnóstico de Interrupción Voluntaria del Embarazo a Intervención Legal del Embarazo. Es decir, hasta las 14 semanas de gestación corresponde una IVE por el solo pedido de la persona gestante. A partir de la semana 15, la interrupción puede realizarse como ILE cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. En ese sentido, la ley mantiene desde la semana 15 el derecho a interrumpir el embarazo por las causales que ya estaban contempladas antes de la sanción de la Ley 27.610.   

Otro de los inconvenientes en el acceso al aborto es el recorte en la cartera de anticoncepción. Al haber falta de métodos anticonceptivos se receta lo disponible, lo cual puede vulnerar el derecho de las personas a decidir sobre su anticoncepción y además puede generar embarazos no deseados en caso de que haya un cambio abrupto y sin el cuidado necesario del método. “Es como la fruta y la verdura. De repente tenemos pastillas y se ofrecen pastillas, el mes que viene vamos a tener inyecciones, se ofrecen inyecciones”, explica Julieta. 

Para finalizar, la entrevistada cuenta un dato doloroso: muchas personas con capacidad de gestar no se realizan un aborto por falta de deseo de maternar, sino por la imposibilidad de mantener a ese niño o niña. “Son personas que tal vez están en la duda, que sí les gustaría llevar adelante una maternidad pero no pueden por lo económico”.

“Muchas dicen que ni siquiera están de acuerdo con el aborto, pero no pueden mantenerlo. Eso implica también otro acompañamiento de la persona que trabajamos en relación a la salud mental, respecto a la culpa y demás. Hoy en día, es uno de los principales motivos de consulta”. 

Ante la ausencia del Estado nacional, las mujeres más empobrecidas terminan siendo las que pagan las consecuencias. Aquellas que no tienen obra social, prepaga o acceso al sistema de salud estatal quedan a merced del precio del medicamento. Para algunas, incluso, consiste en endeudarse para abortar.

La cuestión no es solo el costo del aborto, es también por qué -en un país donde la baja de natalidad es vista como el peor de los males- las personas que lo desean no pueden tener hijos porque no tienen plata.