A menos de una semana de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, el intendente Luis Bello (ANR-cartista), en alianza con tres sindicatos principales, empuja la aprobación acelerada de un nuevo contrato colectivo de trabajo. El documento pretende comprometer por millones de dólares en bonificaciones y beneficios laborales las maltrechas finanzas municipales, con la clara intención de mantener el control y la influencia sobre más de 9.000 funcionarios municipales en beneficio de la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartista).

Municipalidad de Asunción: La jugada del contrato colectivo y el apuro del cartismo antes del 4 de octubre

La Municipalidad de Asunción se encuentra en el centro de una tensa pulseada política debido al tratamiento exprés de un nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo. Tras lograr su ingreso formal en una sesión extraordinaria realizada el viernes último, el oficialismo colorado y los sindicatos aliados ienen la intención explícita de que el documento sea aprobado sin debate en la sesión ordinaria de este miércoles.

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Esta maniobra busca consumar la homologación normativa a apenas cuatro días de las elecciones municipales previstas para el próximo domingo 4 de octubre. Varios sectores de la oposición han denunciado públicamente que se trata de una estrategia electoralista desesperada para asegurar lealtades partidarias utilizando la estructura y los recursos financieros de la comuna.

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La maquinaria de recursos humanos de la institución municipal está compuesta por más de 9.000 funcionarios, entre el personal nombrado, contratado y los jornaleros. Este volumen operativo de trabajadores constituye un caudal electoral estratégico para el Partido Colorado en Asunción.

Detrás de la presión para blindar este acuerdo exprés se alinean el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) y el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama). Estos tres gremios, que agrupan a unos 7.000 afiliados, exigen la firma inmediata del convenio.

Impacto financiero del contrato colectivo: Gs. 12.600 millones en bonificaciones y salarios en la comuna

El nuevo contrato colectivo introduce modificaciones de carácter sustancial respecto al documento normativo anterior, especialmente en el esquema de bonificaciones y compensaciones económicas vigentes. Entre los cambios principales figuran ajustes porcentuales directos en la bonificación anual por antigüedad calculada para distintas franjas de años de servicio prestado.

La escala de antigüedad establecida en el nuevo convenio fija pagos calculados directamente sobre el Salario Mínimo Legal (SML), abarcando tramos desde un 25% para funcionarios con entre 5 y 10 años de servicio hasta alcanzar un 100% del SML para aquellos que superan los 40 años de labor ininterrumpida.

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El impacto financiero acumulado de este ítem específico, considerando únicamente los pagos realizados en el mes de julio a los funcionarios dependientes de la Intendencia, asciende a la suma de G. 7.867 millones, lo que equivale a unos US$ 1,4 millones.

Asimismo, el acuerdo laboral redefine los incentivos mensuales en la bonificación correspondiente al título universitario, que se eleva al 65% del SML, mientras que la asignación económica destinada a los títulos técnicos trepa al 35% del SML.

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Al sumar las bonificaciones por antigüedad, título universitario y título técnico tanto en el ámbito de la Intendencia como en el de la Junta Municipal, el costo total de estos beneficios específicos alcanza la suma de G. 12.608 millones, cifra que representa aproximadamente US$ 2,2 millones que deberán ser absorbidos obligatoriamente por las golpeadas finanzas de la Municipalidad de Asunción.

Trasfondo político en la Junta: Críticas de la oposición a la homologación exprés impulsada por Luis Bello

El tratamiento del proyecto en la Junta Municipal estuvo marcado desde el inicio por idas y vueltas reglamentarias, la persistente falta de quórum inicial y cruces de acusaciones directas entre los bloques de oficialismo y oposición. Los concejales opositores denunciaron la existencia de una bajada de línea directa proveniente del sector cartista para destrabar el estudio exprés del contrato colectivo sin un análisis financiero riguroso.

En la sesión desarrollada el día viernes, el concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó la unanimidad repentina manifestada por el bloque oficialista para permitir el ingreso formal del documento, responsabilizando directamente al candidato a intendente Camilo Pérez. “Evidentemente todas las fuerzas se pusieron de acuerdo y ahí lo que se muestra es que hay una unanimidad en ponerse el chaleco salvavidas”, criticó el edil opositor.

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El concejal Grau agregó durante el debate que la normativa laboral se intenta aprobar de manera deliberada sin cumplir con los pasos mínimos de análisis técnico previo y discusión abierta. “Ya estaban todos alineados y ya tenían el libreto todo bajado, ya les entregaron qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que tenían que decir”, había manifestado el legislador comunal al cuestionar la disciplina partidaria impuesta.

En la misma línea argumentativa, el concejal Humberto Blasco (PLRA) ratificó de manera categórica la existencia de órdenes directas impartidas por la cúpula del oficialismo para acelerar el proceso de homologación. “Si en el oficialismo, hablando en privado y ahora en público, admiten que no tenían acceso al contrato y se pretende aprobar un contrato que tiene implicancias legales y financieras sin leerlo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo”, aseveró con indignación el edil liberal.

Protestas sindicales y amenaza de paro general en la Municipalidad de Asunción a días de las elecciones

El debate legislativo en torno al contrato colectivo estuvo precedido por una fuerte presión ejercida en las calles y dependencias municipales por parte de los gremios adheridos, que incluyó la toma temporal de oficinas estratégicas, como la Dirección de Recaudaciones y la Dirección de Tránsito. Los trabajadores también realizaron cortes intermitentes y bloqueos sobre la avenida Mariscal López.

Ante las reiteradas demoras registradas en el tratamiento legislativo, las dirigencias gremiales lanzaron advertencias públicas sobre la inminente ejecución de un voto castigo en las urnas del 4 de octubre y la amenaza latente de declarar un paro general indefinido. Los propios líderes sindicales admitieron públicamente ante la prensa que el nuevo contrato colectivo busca fundamentalmente blindar los derechos laborales y la estabilidad de los funcionarios, sea cual sea el resultado de las elecciones del domingo.

Antecedentes del cartismo: Desvío de bonos, crisis financiera y la candidatura de Camilo Pérez

La gestión del denominado “combo cartista”, encabezada inicialmente por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y continuada bajo exactamente el mismo modelo administrativo por su sucesor Luis Bello (ANR-cartista), carga con un pesado legado de quiebra financiera, infraestructura urbana en ruinas y un sistema de prebendarismo que hoy pretende blindarse mediante la precandidatura de Camilo Pérez (ANR-cartista).

Durante dicho periodo se ejecutó el monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8 (emitidos en 2022). Estos recursos, asignados exclusivamente para obras de infraestructura, fueron licuados en gastos corrientes, principalmente en salarios. Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó este desvío mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.

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Con la gestión de su sucesor, Bello, se mantuvo la prioridad en el pago de salarios antes que la regularización de las obras y el pago a los bonistas. Durante los primeros 4 meses de 2026, ya bajo la administración de Bello, la proporción de gasto en salarios y obras fue de 8 a 1. En cuanto a la deuda con los bonistas, Bello mantiene una deuda vencida y reclamada de más de G. 107.838 millones.

La lista de candidatos a concejales municipales del Partido Colorado, que pretende volver a ser mayoría en la Junta Municipal el próximo periodo, tras las elecciones de este 4 de octubre, agrupa a actuales ediles y directores que apañaron la gestión de Nenecho y de Bello, ignorando las denuncias públicas sobre el desvío de bonos y las graves irregularidades administrativas como la proliferación de esquemas de recaudación paralela en la Municipalidad.