
La iniciativa, denominada Desenrola Brasil 3.0, contempla que la Unión destine hasta 15.000 millones de reales, unos US$ 2.800 millones, para adquirir carteras que podrían alcanzar un valor nominal de hasta 150.000 millones de reales, equivalentes a unos US$ 28.000 millones. El objetivo oficial es aliviar el nivel de endeudamiento de los hogares y facilitar la regularización de hasta 15 millones de personas.
El mecanismo funcionará mediante subastas competitivas. Los bancos y otros acreedores interesados ofrecerán sus carteras de créditos impagos y competirán mediante el descuento que estén dispuestos a aplicar. El descuento obtenido por el Estado será transferido íntegramente al deudor.
La primera etapa estará dirigida a deudas de hasta 10.000 reales por persona, con una antigüedad de entre 720 y 1.645 días. El esquema contempla obligaciones bancarias y no bancarias. En las operaciones se exigirá un descuento mínimo del 90%, aunque las autoridades esperan que algunas carteras puedan negociarse con quitas todavía mayores.
Por ejemplo, una deuda original de 10.000 reales adquirida con una quita del 90% quedaría reducida a unos 1.000 reales para su posterior cancelación o refinanciación, de acuerdo con las condiciones que establezca el programa.
El Gobierno estima que hasta 150.000 millones de reales en deudas podrían ser elegibles para la operación, aunque calcula que alrededor de 75.000 millones terminarían efectivamente renegociados. El costo máximo previsto para el Estado sería de unos 15.000 millones de reales.
El programa modifica el mecanismo utilizado en las etapas anteriores del Desenrola Brasil. En lugar de que cada consumidor tenga que negociar individualmente con su acreedor, el Estado intervendrá primero en la compra de las carteras y luego centralizará la reestructuración de las obligaciones.
Según los datos citados por las autoridades brasileñas, en agosto de 2026 había alrededor de 83,9 millones de personas registradas como morosas, con un stock de aproximadamente 592.000 millones de reales en deudas de hasta cinco años de antigüedad. El promedio era de cuatro obligaciones por persona.
La implementación comenzará con la publicación de las reglas y la convocatoria a los acreedores. Las subastas están previstas para los próximos meses, mientras que la homologación de las propuestas y el inicio de las operaciones se proyectan para comienzos de 2027.
La medida forma parte de un paquete de decisiones económicas y sociales adoptadas por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en la recta final del período previo a las elecciones presidenciales. En paralelo, el Ejecutivo anunció nuevas restricciones sobre las apuestas online, argumentando que el endeudamiento de los hogares también está relacionado con el crecimiento de este tipo de juegos.
El Gobierno brasileño sostiene que la intervención permitirá ampliar la escala de las renegociaciones y facilitar que millones de consumidores vuelvan a acceder al sistema financiero, mientras que la discusión sobre el costo fiscal y el papel del Estado en el mercado de crédito continuará acompañando la implementación del programa.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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