Martilleros bonaerenses impulsan un régimen de alquiler social para reducir los costos de ingreso a una vivienda

El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) presentó una iniciativa para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a sectores de menores ingresos mediante la reducción de los costos que habitualmente deben afrontar los inquilinos al ingresar a una propiedad.

La propuesta fue acercada al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su análisis y eventual tratamiento legislativo en la Legislatura bonaerense.

Según explicó el presidente de Martilleros BA, Luis Colao, el régimen estará dirigido a quienes alquilen inmuebles cuyo valor mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas semanales de la Administración Pública provincial, según lo establecido por la Ley 10.430.

Entre los principales beneficios previstos, el proyecto establece que los inquilinos alcanzados por el régimen quedarán exentos del pago de honorarios por intermediación inmobiliaria o por la intervención de otros profesionales vinculados a la confección de los contratos. Esos costos pasarían a ser asumidos por los propietarios, de acuerdo con las escalas arancelarias vigentes.

Además, contempla la gratuidad de los informes tramitados ante el Registro de la Propiedad Inmueble para los locatarios y propone revisar los topes de valuación fiscal para facilitar la exención del Impuesto de Sellos.

La iniciativa también dispone que, para acceder a los servicios públicos, será suficiente presentar el contrato de alquiler debidamente certificado. En esos casos, las certificaciones requeridas serán gratuitas para los inquilinos incluidos en el régimen.

Otro de los aspectos destacados es que las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán cobrar cargos por conexión, reconexión, cambio de titularidad, depósitos u otros conceptos similares a los locatarios beneficiados por el sistema.

En paralelo, el proyecto propone la creación de un régimen especial de incentivos fiscales para propietarios que incorporen sus viviendas al programa de alquiler social. Entre otras medidas, prevé exenciones impositivas y promueve que los municipios adhieran mediante beneficios sobre tasas y derechos locales.

Al fundamentar la propuesta, Colao sostuvo que es necesario incorporar el concepto de segmentación para diseñar políticas más eficientes y justas. Según explicó, ello permitirá focalizar la asistencia en los sectores que realmente la necesitan dentro de una provincia con profundas diferencias sociales y económicas.

El dirigente aclaró además que la responsabilidad principal en materia habitacional corresponde al Estado, aunque consideró que una articulación entre el sector público, los propietarios y los profesionales del mercado inmobiliario podría contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alquiler para los sectores de menores recursos.

La iniciativa se suma al debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de los costos de ingreso a una propiedad suele representar una de las principales barreras para quienes buscan alquilar.