Maricarmen llevaba 71 años en su casa y un día su alquiler pasó de 500 a 2.650 euros. El problema de fondo: la renta antigua

María del Carmen Abascal, «Maricarmen«, ha sido desahuciada este miércoles de su piso de Madrid, en pleno Retiro. Ella tiene 87 años y llevaba 71 años allí. La comisión judicial ha ejecutado su desahucio tras tres intentos: este el primero contra el que ya no cabía recurso. Cientos de personas acamparon durante la noche frente a su portal y la Policía Nacional cargó desde las 7:00 horas para despejar el acceso, expulsando también a la prensa que cubría el desalojo.

El fondo Urbagestión reclamaba subirle la renta de 500 a 2.650 euros, después de ganar en el Tribunal Supremo por un tecnicismo: su discapacidad del 50% se queda quince puntos por debajo del umbral que le habría dado el derecho a quedarse de por vida. Horas antes del desalojo, la empresa rechazó también la oferta de una escritora anónima dispuesta a pagar esa diferencia de por vida. Su pensión apenas supera los 1.000 euros. Y la clave de todo: renta antigua.

Qué es la renta antigua. Los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985 se rigen todavía por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, con las modificaciones de la LAU de 1994. Y la madre del cordero, su rasgo distintivo, es la prórroga forzosa. Es decir, el propietario debe renovar el contrato indefinidamente mientras viva el inquilino.

La ley de 1994 limitó ese privilegio a dos subrogaciones tras la muerte del titular original. La primera, al cónyuge, sin plazo. La segunda, a un hijo que conviviera con él, dura solo dos años o hasta que cumpla 25, lo que sea posterior, salvo que tenga una discapacidad igual o superior al 65%, en cuyo caso el contrato se extingue con su muerte. El Decreto Boyer de 1985 ya había eliminado la prórroga forzosa para los contratos nuevos, pero no tocó los anteriores a esa fecha. En España quedan unos 125.000 contratos de este tipo.

Desahucios en cifras. En el primer trimestre de 2026, España registró 4.005 desahucios. Cerca de dos tercios de los desalojos (2.600 en el primer trimestre) se deben al impago del alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que los derivados de impagos de hipotecas sumaron 971. Observando la última década, la curva es descendente. Por ejemplo, el CGPJ registró 6.960 lanzamientos en el segundo trimestre de 2025 en toda España, un 11,6% menos que un año antes, aunque un 76% seguían derivando de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no de impagos de hipoteca.

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