
La Libertad Avanza bonaerense formalizó este martes un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a raíz de una resolución que había suspendido en territorio provincial la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La presentación fue impulsada por el diputado nacional Alejandro Carrancio, vicepresidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que la magistrada avanzó más allá de las atribuciones propias de un juzgado de primera instancia al dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso Nacional.
Según argumenta el oficialismo provincial, la medida adoptada por Pascual no se limitó a un caso particular, sino que tuvo efectos sobre todo el territorio bonaerense. En ese sentido, consideró que la resolución implicó una injerencia sobre facultades reservadas al Poder Legislativo y afectó el principio de división de poderes.
Desde La Libertad Avanza también cuestionaron que la cautelar se extendiera a toda la provincia a partir de una situación vinculada con el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, y señalaron que aún existían planteos pendientes respecto de la competencia de la jueza para intervenir en el expediente.
El espacio recordó además que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora dejó sin efecto posteriormente la resolución cuestionada, hecho que reforzó, según sostienen, los fundamentos de la denuncia presentada.
El escrito fue elevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, organismo que deberá analizar la actuación de la jueza y determinar si corresponde avanzar con el proceso disciplinario. Entre los planteos formulados figura también la posibilidad de disponer su apartamiento preventivo mientras se tramita el expediente.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
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