La fiscal Patricia Sánchez pidió durante sus alegatos finales que se remitan los antecedentes de la auditora del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nilda Rosa Rojas Melgarejo, para que se investigue si su conducta durante el juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas pudo configurar el delito de frustración de la persecución penal, previsto en el artículo 292 del Código Penal.
El planteamiento fue realizado en el marco del juicio que enfrenta Rivas por el supuesto hecho punible de producción mediata y uso de documento público de contenido falso, relacionado con la documentación utilizada para acreditar sus estudios universitarios.
Sánchez sostuvo durante sus alegatos, que Rojas mostró una “reticencia selectiva” durante su declaración como testigo. La funcionaria había integrado el equipo de auditoría que elaboró un informe favorable respecto de la documentación de Rivas, pero durante el juicio habría evitado responder determinadas preguntas cuando estas apuntaban a establecer las consecuencias de las irregularidades detectadas.
La auditora reconoció falencias en la verificación
Durante el interrogatorio, la Fiscalía confrontó a Rojas con las exigencias reglamentarias del MEC y con el certificado de estudios atribuido a Rivas.
La testigo habría reconocido que el documento no contenía determinados datos exigidos por la normativa y que la auditoría tampoco realizó una verificación de fuentes primarias para corroborar aspectos esenciales de la supuesta trayectoria académica del exsenador.
Entre otros puntos, se abordó la ausencia de comprobaciones sobre actas de examen, registros de asistencia, matriculación, nómina de docentes y otros documentos que pudieran acreditar que Rivas efectivamente cursó la carrera de Derecho en la filial de Luque.
Rojas también explicó que la auditoría se realizó con limitaciones de tiempo y sobre la documentación proporcionada por las propias dependencias examinadas, admitiendo que eventualmente pudo haberse omitido algún documento.
Fiscalía cuestiona sus evasivas
Para la fiscala Sánchez, el aspecto más relevante de la declaración no estuvo solamente en las falencias reconocidas, sino en la actitud asumida por la auditora cuando fue consultada sobre las conclusiones que podían derivarse de ellas.
Según la acusación, Rojas respondió sobre las distintas circunstancias que le fueron planteadas, pero evitó expresar la conclusión lógica que, a criterio del Ministerio Público, se desprendía de esas premisas, particularmente respecto de si el certificado cumplía con las exigencias reglamentarias y si correspondía su registro.
La funcionaria respondió en reiteradas ocasiones que no tenía una respuesta al respecto o se remitió al contenido del informe elaborado anteriormente.
Sánchez sostuvo que esa conducta debía ser analizada para determinar si existió una decisión deliberada de evitar aportar información desfavorable a Hernán Rivas y con ello obstaculizar conscientemente la persecución penal.
Medio: observador.com.py
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