Abogado comparó caso «Tía Chela» con desestimación en presunta sobrefacturación de camionetas de la Corte

El abogado Andrés Álvarez, representante de la directora de la Unidas Operativa de Contrataciones de Ciudad del Este, Maggi Fariña, indicó que no se trató de misma manera a su defendida y a la directora de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, Fátima Insfrán, que lideró la licitación de lujosas camionetas para ministros.

«En el caso «Tía Chela», se cursaron invitaciones a tres empresas, en el caso denunciado por El Observador se invitó a una empresa», recordó. El profesional criticó un criterio desigual por parte del juez de garantías Humberto Otazú, con quien señaló que «no se puede ni ver».

Recientemente, el juez Otazú hizo lugar al pedido de la fiscal Soledad González de desestimar la denuncia por supuestas sobrefacturaciones de camionetas destinadas a ministros de la Corte.

Por su parte, Fariña está señalada por haber llevado a cabo la licitación de kits de canastas básicas de alimentos por vía de la excepción durante la pandemia por Covid–19. Según el Ministerio Público, el proceso fue irregular y estuvo direccionado para beneficiar a la empresa «Tía Chela» S.R.L., propiedad de Fermín Ávalos.

En ese contexto, la procesada había cursado invitaciones a tres empresas del rubro de comercialización de alimentos. Se trata de Danielito S.R.L, que es propiedad de los padres del mencionado Ávalos; Yrupé S.R.L. y «Tía Chela» S.R.L. De acuerdo con la hipótesis fiscal, solo esta última reunía los requisitos impuestos en el pliego de bases y condiciones en cuanto al rubro.

Finalmente, solo «Tía Chela» se presentó a la licitación y terminó siendo adjudicada para la entrega de 25 mil kits por valor de G. 2.949.650.000. Sin embargo, solo habría realizado entregas por G. 819.613.840, con lo que se habría producido un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160.

El caso «Tía Chela» tiene como principal acusado al exintendente de CDE Miguel Prieto, quien está siendo juzgado, junto a otros 10 acusados, por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.