La crisis de la salud pública paraguaya entró en una nueva fase de tensión tras la presentación de decenas —y, según los gremios, cientos— de renuncias de médicos especialistas en distintos hospitales del país. La situación afecta áreas críticas como neonatología, terapia intensiva, anestesiología, cirugía y pediatría, mientras el Gobierno y las organizaciones médicas mantienen versiones divergentes sobre la verdadera magnitud del conflicto.

El Ministerio de Salud Pública informó que, hasta el mediodía del 2 de septiembre, había recibido formalmente 62 renuncias. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Médicos y diversas sociedades científicas sostienen que el número es considerablemente mayor: hablan de más de 110 dimisiones formalizadas, cerca de 196 firmas en determinados registros y más de 400 expedientes si se incluyen decisiones colectivas presentadas ante direcciones hospitalarias.

Hospitales estratégicos, bajo presión

Uno de los casos más delicados se registró en el Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción, donde 25 médicos neonatólogos presentaron su renuncia. La medida amenaza con afectar servicios especialmente sensibles, entre ellos las unidades de terapia intensiva neonatal, los cuidados intermedios y la atención de recién nacidos.

En el Hospital Nacional de Itauguá, las autoridades confirmaron la presentación de 80 renuncias, mientras que también se informó la puesta a disposición de cargos por parte de integrantes de la estructura directiva. La situación aumenta la preocupación sobre la capacidad del sistema para mantener guardias y servicios especializados.

La crisis también alcanzó al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde los 12 médicos especialistas de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica presentaron sus renuncias indeclinables. A ellos se sumarían alrededor de 20 anestesiólogos y nueve jefes de diferentes servicios que pusieron sus cargos a disposición.

En Encarnación, 13 jefes de servicio del Hospital General de Itapúa anunciaron una renuncia colectiva, mientras que en el Hospital General de Coronel Oviedo unos 30 médicos especialistas y jefes de servicio también presentaron sus dimisiones.

Salarios, precarización y falta de medicamentos

El conflicto no se limita a una cuestión salarial. Los médicos denuncian desde hace años problemas de precarización laboral, falta de estabilidad, insuficiencia de profesionales y escasez de medicamentos e insumos.

En varios hospitales, los profesionales afirman que la falta de medicamentos obliga con frecuencia a solicitar a los familiares de los pacientes que compren productos en farmacias privadas. También denuncian carencias de antibióticos, sueros, reactivos de laboratorio y ambulancias disponibles para traslados de emergencia.

La situación genera una preocupación adicional: la salida de especialistas puede afectar directamente a pacientes que dependen de servicios que no pueden interrumpirse, especialmente recién nacidos, niños internados en terapia intensiva y personas sometidas a cirugías o tratamientos de alta complejidad.

El Gobierno y los gremios mantienen posiciones enfrentadas

Las autoridades sanitarias rechazan las acusaciones de que las renuncias estén siendo retenidas deliberadamente en las direcciones de los hospitales. El Ministerio sostiene que los profesionales pueden presentar sus documentos directamente y que únicamente las notas ingresadas formalmente tienen validez administrativa.

Desde el gremio médico, en cambio, se acusa al Gobierno de minimizar la crisis y de no reconocer la dimensión real del movimiento. Los representantes sindicales advierten que la situación podría derivar en una nueva huelga nacional si no aparecen respuestas concretas.

El Sindicato Nacional de Médicos convocó una asamblea extraordinaria para evaluar nuevas medidas de fuerza, aunque sus dirigentes afirmaron que los servicios esenciales y las emergencias deben ser preservados.

El IPS también expresó su respaldo

La protesta recibió respaldo de profesionales del Instituto de Previsión Social (IPS). Durante una movilización, asociaciones de médicos y trabajadores de la salud manifestaron su solidaridad con los reclamos y advirtieron que no aceptarían ocupar los puestos que eventualmente quedaran vacantes por las renuncias en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud.

El movimiento amplía así el alcance de una crisis que ya no se limita a determinados centros asistenciales y que comienza a generar un debate nacional sobre las condiciones de trabajo del personal sanitario y el financiamiento del sistema público.

La Iglesia pide una solución urgente

La Conferencia Episcopal Paraguaya también intervino en el debate y recordó que la salud constituye un derecho fundamental y un bien común. La institución reconoció la legitimidad de las reivindicaciones laborales, pero pidió que las medidas de fuerza mantengan la protección de los pacientes más vulnerables y de los casos de urgencia.

Al mismo tiempo, la Iglesia exhortó al Estado a impulsar una mesa de diálogo amplia para buscar soluciones sostenibles, especialmente en la planificación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Paraguay enfrenta ahora una de las mayores pruebas para su sistema público de salud en los últimos años. Más allá de la disputa sobre el número exacto de renuncias, la coincidencia entre médicos, pacientes y diversos sectores sociales es clara: la falta de especialistas, medicamentos e insumos ya no puede ser tratada como un problema aislado. La respuesta que adopte el Gobierno en los próximos días será determinante para evitar que una crisis laboral se transforme en un colapso aún mayor de la atención hospitalaria.

Foto: Osmar Henry / ABC Color