Un operativo judicial para desalojar una sinagoga ortodoxa en el barrio porteño de Flores terminó suspendido después de varias horas de tensión. El conflicto enfrenta a distintos sectores de la comunidad religiosa por la venta del edificio, una operación cuya legitimidad es cuestionada por un grupo de fieles que permaneció dentro del templo para impedir el desalojo.

El procedimiento se desarrolló en un inmueble ubicado en Helguera 270, en la zona de Flores, donde funciona la sinagoga vinculada a la comunidad Shuba Israel. La intervención judicial provocó el cierre de la cuadra y afectó la actividad comercial del sector, mientras numerosos comerciantes expresaban su malestar por no poder acceder normalmente a sus locales.

Según la información disponible, la medida había sido ordenada en el marco de una disputa civil por la posesión del inmueble. La causa está vinculada al expediente N.º 65521/2026 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 99, a cargo del juez Camilo Almeida Pons. Una resolución judicial había favorecido a quienes reclaman la posesión del edificio, pero otro grupo de integrantes de la comunidad rechazó abandonar el lugar.

Durante el operativo, alrededor de 30 personas, entre ellas un rabino, permanecieron dentro de la sinagoga. Los fieles que resistieron la medida sostienen que existen irregularidades en la operación de compraventa y cuestionan la documentación relacionada con el cambio de propiedad. Estas denuncias forman parte del conflicto y deberán ser determinadas por la Justicia; no constituyen, por sí mismas, una prueba de que la venta haya sido ilegal.

El origen de la disputa estaría relacionado con la decisión de trasladar las actividades religiosas a otro sector de la ciudad y con la posterior venta del inmueble. De acuerdo con la información publicada, la operación involucraría una suma cercana a tres millones de dólares, aunque distintos sectores mantienen posiciones enfrentadas sobre las condiciones en que se concretó la transacción y sobre quién posee legitimidad para disponer del edificio.

La tensión se prolongó durante más de tres horas. En un primer momento se intentó alcanzar un acuerdo para que quienes permanecían en el interior terminaran sus actividades religiosas y abandonaran pacíficamente el lugar. Sin embargo, la salida no se produjo en los términos previstos y el conflicto continuó mientras las fuerzas de seguridad mantenían el perímetro controlado.

Finalmente, la Justicia decidió suspender el desalojo, evitando una intervención forzosa dentro del templo. Con el levantamiento del operativo, la circulación comenzó a normalizarse en la zona, aunque la disputa por la propiedad continúa abierta y el futuro del edificio sigue siendo incierto.

El episodio dejó al descubierto un conflicto que combina cuestiones religiosas, patrimoniales y judiciales. Mientras un sector sostiene que la venta y el traslado de la comunidad fueron decisiones legítimas, otro reclama que la operación debe ser revisada. La resolución definitiva dependerá ahora de la continuidad de las actuaciones judiciales y de los acuerdos que puedan alcanzar las partes.