El conflicto entre el Gobierno paraguayo y los médicos del sistema público entró este 31 de agosto en una nueva y delicada etapa. Tras el fracaso de las negociaciones posteriores a la huelga nacional, cerca de 190 médicos especialistas oficializaron inicialmente sus renuncias ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mientras los gremios advierten que la cifra podría aumentar durante los próximos días hasta superar los 600 profesionales. Además, los manifestantes exigen la dimisión de la ministra de Salud, María Teresa Barán.

La situación genera especial preocupación porque las renuncias afectan áreas de alta complejidad y difícil reemplazo. Entre los profesionales involucrados se encuentran cirujanos pediátricos, anestesiólogos, especialistas en terapia intensiva pediátrica y otros subespecialistas de hospitales públicos estratégicos. La totalidad de los cirujanos pediátricos del sistema público estaría entre los sectores afectados, según representantes gremiales.

Servicios críticos bajo presión

Las cifras difundidas por representantes del sector muestran la dimensión de la crisis. En el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, se reportó la intención de renuncia de 41 de 47 terapistas pediátricos y de 11 de 14 especialistas de terapia del área de Cardiología. En el Hospital Nacional de Itauguá, la situación alcanzaría a 24 de 28 terapistas; en el Hospital de Trauma, a 19 de 21; y en el Hospital Regional de Ciudad del Este, a 12 de 13 profesionales de terapia intensiva pediátrica.

Los gremios sostienen que reemplazar rápidamente a estos profesionales sería extremadamente difícil debido al alto nivel de especialización requerido. La preocupación central es que una salida masiva pueda comprometer la capacidad de atención de niños, pacientes críticos y personas que requieren procedimientos de alta complejidad.

No es solamente una disputa salarial

Los médicos reclaman un reajuste de sus ingresos, que según representantes del sector permanecen estancados desde hace años. Sin embargo, el conflicto también está relacionado con la falta de medicamentos, insumos, condiciones laborales, estabilidad y nombramientos, problemas que los profesionales aseguran afectan directamente su capacidad para atender adecuadamente a los pacientes.

El Sindicato Nacional de Médicos había llevado adelante una huelga nacional que concluyó el 28 de agosto sin un acuerdo definitivo con el Gobierno. Las conversaciones entre representantes del Ejecutivo, el Congreso y los gremios médicos continuaron, pero la falta de una solución concreta llevó a varios especialistas a avanzar con las renuncias.

Exigen la dimisión de María Teresa Barán

La protesta adquirió además un fuerte componente político. Los médicos que oficializaron sus dimisiones solicitaron que la ministra de Salud, María Teresa Barán, presente su renuncia, responsabilizándola por la falta de respuestas ante la crisis que atraviesa el sistema sanitario público.

Desde el Gobierno se había planteado la implementación de una carrera sanitaria con mejoras graduales vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica. Sin embargo, representantes médicos cuestionaron que esa propuesta no respondiera de manera inmediata a los principales reclamos planteados durante la huelga.

Una crisis que preocupa a todo Paraguay

La posible salida de cientos de especialistas plantea un escenario complejo para el sistema de salud. No se trata únicamente de cubrir puestos vacantes: formar un cirujano pediátrico, un anestesiólogo especializado o un intensivista requiere años de preparación y experiencia, por lo que una sustitución inmediata resulta difícil.

Mientras continúan las movilizaciones y las presentaciones de renuncias, pacientes y familias observan con preocupación el desarrollo del conflicto. El principal desafío para las autoridades será evitar que la disputa laboral se transforme en una crisis asistencial de mayor dimensión.

La jornada marca uno de los momentos más tensos de la salud pública paraguaya en los últimos años. Con decenas de especialistas ya renunciantes y una proyección que podría superar los 600 profesionales, el Gobierno enfrenta una presión creciente para encontrar una salida que permita proteger tanto las condiciones de trabajo del personal médico como la continuidad de los servicios esenciales para la población.

Foto: Pablo Otazú / ABC Color