La Municipalidad de Asunción abrió sumarios administrativos contra 20 funcionarios de la Dirección de Vialidad, entre ellos el exdirector de la dependencia Nicolás Duarte y varios funcionarios que ocupaban cargos jerárquicos, después de que una intervención interna detectara presuntas irregularidades vinculadas con el uso de materiales, combustible, maquinaria y personal municipal en trabajos de asfaltado realizados en propiedades privadas. El caso, conocido como la “mafia del asfalto”, también está siendo investigado por el Ministerio Público por la posible utilización de recursos públicos en beneficio de particulares.

La investigación administrativa se inició después de que el intendente de Asunción, Luis Bello, dispusiera la intervención de la Dirección de Vialidad a mediados de julio. El interventor Óscar Pérez confirmó ahora que la lista de sumariados incluye a Duarte, además de su administrador, Denis Godoy; el jefe de combustible, Carlos Bernal; y otros funcionarios administrativos y operativos. La investigación interna busca establecer si existieron faltas administrativas en el ejercicio de las funciones, mientras que cualquier eventual responsabilidad penal corresponde determinarla a la Fiscalía.

El origen del caso se encuentra en denuncias sobre el supuesto desvío de recursos de la Municipalidad de Asunción para realizar obras privadas. El concejal Pablo Callizo presentó una denuncia ante el Ministerio Público después de divulgarse evidencias sobre trabajos de pavimentación realizados por cuadrillas municipales en predios particulares. De acuerdo con los datos preliminares manejados por los investigadores, una de las obras habría utilizado aproximadamente 70 toneladas de mezcla asfáltica, mientras que el interventor llegó a estimar inicialmente que el esquema pudo haber utilizado alrededor de 80 toneladas.

La Fiscalía considera que el perjuicio económico podría superar inicialmente G. 100 millones solamente en una de las obras investigadas. Los fiscales Luis Piñánez García y Christian Benítez Cáceres realizaron allanamientos en tres establecimientos —AP Construcciones, Cóndor S.A.C.I. y Punto Perón— para determinar si efectivamente se utilizaron bienes municipales en beneficio de particulares. Durante uno de los procedimientos, los investigadores constataron que AP Construcciones, la empresa que figuraba vinculada a los trabajos, aparentemente no existía físicamente en la dirección declarada, lo que llevó a los fiscales a considerar la posibilidad de una firma fantasma.

La investigación también busca establecer si existía un mecanismo de recaudación paralela detrás de las obras. Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, particulares habrían pagado por trabajos de pavimentación que supuestamente eran ejecutados con empleados, maquinaria, combustible y materiales pertenecientes a la Municipalidad de Asunción. En una de las hipótesis investigadas se mencionó un cobro de aproximadamente G. 350.000 por metro cuadrado, dinero que presuntamente no habría ingresado a las arcas municipales. Las autoridades todavía deben determinar quiénes habrían recibido esos recursos y cuál era el destino final del dinero.

Uno de los elementos que aumentó las sospechas durante la intervención fue el manejo del combustible. El interventor informó que antes de la intervención la carga se realizaba mediante bidones y embudos, un procedimiento que dificultaba establecer con precisión cuánto combustible era entregado a cada vehículo o maquinaria. Después de asumir el control, la Municipalidad instaló un caudalímetro para registrar los litros efectivamente extraídos. Pérez también informó que se produjo una reducción de hasta aproximadamente 600 litros diarios en el consumo registrado tras el inicio de la intervención, aunque el dato por sí solo no permite afirmar que esa diferencia haya sido objeto de un desvío ilegal.

La investigación administrativa detectó además un dato que llamó especialmente la atención: un funcionario municipal tendría vinculación telefónica con la empresa AP Construcciones. Según Pérez, el número de teléfono del trabajador coincidía con el registrado en facturas emitidas por la firma investigada. Como medida preventiva, el funcionario fue apartado de la unidad y puesto a disposición de Recursos Humanos mientras avanzan las investigaciones. La coincidencia constituye un elemento que deberá ser corroborado mediante documentación y pericias antes de establecer cualquier responsabilidad.

El caso no se limita a una sola propiedad. La Fiscalía investiga varias obras privadas presuntamente ejecutadas con recursos municipales, entre ellas trabajos realizados en el estacionamiento de un establecimiento comercial y en el complejo deportivo Punto Perón, en la zona de Itá Enramada. Los fiscales buscan determinar si se trató de hechos aislados o si existía una estructura organizada capaz de utilizar de manera sistemática los recursos de la Dirección de Vialidad para realizar trabajos particulares.

La propia Municipalidad comenzó a detectar cambios en el funcionamiento de la planta asfáltica después de la intervención. La producción diaria de mezcla habría pasado de unas 35 o 40 toneladas a aproximadamente 60 toneladas, utilizando los mismos materiales e insumos disponibles. El interventor atribuyó la mejora a modificaciones en la fórmula de producción y a un mayor control de los procesos. Si estos resultados se mantienen, podrían convertirse en otro elemento para evaluar cuánto material se producía anteriormente y cuál era el destino efectivo de los insumos utilizados por la dependencia.

El aumento de productividad no demuestra por sí mismo que haya existido un desvío de materiales antes de la intervención, pero sí plantea interrogantes sobre la eficiencia con la que eran administrados los recursos municipales. La diferencia entre producir aproximadamente 35 toneladas diarias y alcanzar unas 60 toneladas con recursos similares obliga a revisar los procedimientos utilizados anteriormente, las cantidades de insumos adquiridas, los registros de producción y distribución y las órdenes de trabajo emitidas por la Dirección de Vialidad.

La Municipalidad ya remitió un informe preliminar al Ministerio Público con los hallazgos de la intervención. El documento fue presentado por el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, acompañado por la asesora de la Intendencia, Melissa Ramírez. La Fiscalía deberá analizar la documentación para establecer si existen elementos suficientes que permitan determinar la comisión de delitos y eventualmente identificar a las personas responsables.

El Ministerio Público investiga preliminarmente el caso bajo la hipótesis de lesión de confianza, debido al posible uso de bienes y recursos municipales en beneficio de particulares. Sin embargo, la calificación jurídica puede modificarse a medida que avance la investigación y aparezcan nuevos elementos. Hasta ahora, la existencia de sumarios administrativos tampoco significa que los 20 funcionarios hayan sido declarados responsables: se trata de procedimientos destinados precisamente a determinar si existieron faltas y quiénes pudieron haber participado en ellas.

La dimensión política del caso también comienza a adquirir importancia. Las primeras denuncias fueron realizadas durante el último período de la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, y posteriormente la intervención fue ordenada por el actual intendente Luis Bello. Además, las denuncias difundidas ante la Junta Municipal hicieron referencia a una presunta utilización de la estructura de Vialidad para generar recursos destinados a actividades políticas. Estas acusaciones forman parte de la investigación y todavía deben ser demostradas mediante pruebas, por lo que no corresponde presentar como hecho probado que el supuesto esquema haya financiado una campaña electoral.

La investigación enfrenta ahora una etapa decisiva. Los 20 sumarios deberán establecer las responsabilidades administrativas individuales, mientras que la Fiscalía deberá determinar si existió una estructura organizada, cuánto dinero y materiales fueron desviados, quiénes se beneficiaron y si hubo participación de funcionarios con cargos de dirección. También será necesario determinar si las obras privadas fueron realizadas durante horarios laborales, qué maquinaria fue utilizada, cuánto combustible se consumió y qué órdenes internas permitieron movilizar los recursos municipales.

El caso de la “mafia del asfalto” expone así un problema que va más allá de las toneladas de material presuntamente desviadas. La cuestión central es cómo recursos adquiridos con dinero de los contribuyentes de Asunción pudieron terminar, presuntamente, en obras particulares, y qué controles internos permitieron que esas operaciones fueran posibles. La intervención de Vialidad y la apertura de 20 sumarios representan un avance administrativo, pero la verdadera dimensión del caso dependerá de lo que logren determinar las investigaciones penal y administrativa.

La Fiscalía deberá establecer finalmente si las irregularidades denunciadas corresponden a hechos aislados o si detrás de ellas existía un sistema permanente de utilización de funcionarios, maquinaria, combustible y materiales públicos para generar beneficios privados. Mientras tanto, los 20 funcionarios permanecen sometidos a investigación administrativa y ninguno puede ser considerado culpable hasta que existan decisiones firmes de las autoridades competentes. La atención ahora se concentra en los documentos incautados, los registros de combustible, las órdenes de trabajo, las facturas, los movimientos de maquinaria y los testimonios que puedan reconstruir cómo funcionaba realmente la estructura investigada.

Paraguay, Asunción, Municipalidad de Asunción, mafia del asfalto, corrupción, Vialidad, Luis Bello, Nicolás Duarte, Fiscalía, Ministerio Público, obras públicas, recursos públicos, asfalto, combustible, investigación, transparencia, política paraguaya, MERCOSUR