La Superintendencia de Notariado y Registro
La Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la interrupción inmediata de los actos administrativos relacionados con la entrega de notarías en todo el país que actualmente cuentan con designaciones de notarios en interinidad para 2026, en una decisión adoptada por instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
La medida abre una revisión de alcance nacional sobre los procedimientos utilizados para la provisión de cargos notariales y pone bajo la lupa varios procesos que, según la información oficial, requieren una verificación exhaustiva de sus condiciones jurídicas y administrativas.
El superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Lach, dispuso la suspensión preventiva de los trámites de posesión que se encuentran en curso mientras se determina si las actuaciones adelantadas cumplen con los principios de legalidad, transparencia, mérito y capacidad establecidos por la Constitución y la legislación colombiana.
La decisión también contempla el inicio de una auditoría forense sobre los denominados procesos de entrega exprés de notarías y sobre los trámites realizados durante los periodos que serán objeto de revisión. La Superintendencia señaló que, si durante las verificaciones aparecen posibles irregularidades, se adoptarán las actuaciones correspondientes ante las autoridades competentes, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
Uno de los puntos que será examinado corresponde a los procesos de designación en interinidad de la Notaría Séptima de Cartagena y la Notaría 23 de Medellín. De acuerdo con la actuación administrativa conocida, el despacho solicitó documentación adicional para establecer el cumplimiento efectivo de los requisitos exigidos para la designación y posterior posesión de los funcionarios.
La revisión incluye la verificación de eventuales antecedentes o procesos penales y disciplinarios, en aplicación de las disposiciones contempladas en el Decreto Ley 960 de 1970, particularmente aquellas relacionadas con los requisitos y posibles impedimentos para ejercer el cargo de notario.
En ese marco, la Superintendencia solicitó a Jorge Alberto Rey y Laura Arango Valencia aportar certificaciones expedidas por la Fiscalía General de la Nación y por las autoridades judiciales competentes que permitan establecer la existencia o inexistencia de procesos penales o investigaciones disciplinarias en curso.
También se pidió a las autoridades territoriales involucradas abstenerse de continuar, de manera provisional, los trámites de posesión correspondientes hasta que sea entregada y evaluada la documentación requerida.
La actuación administrativa contempla igualmente solicitudes de información a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de realizar una revisión integral de los antecedentes judiciales y disciplinarios que puedan resultar relevantes para determinar el cumplimiento de los requisitos legales.
La Superintendencia informó que el Ministerio de Justicia y del Derecho fue puesto en conocimiento de manera oficiosa de las presuntas situaciones que dieron origen a la revisión, relacionadas con un eventual incumplimiento de requisitos formales y posibles afectaciones de derechos constitucionales.
La decisión tiene carácter preventivo y, según la entidad, busca proteger la legitimidad de la función notarial y la confianza ciudadana en un sistema cuya actividad está directamente relacionada con la fe pública.
El Gobierno sostiene que la revisión pretende garantizar que los nombramientos y posesiones de notarios se desarrollen bajo criterios verificables de legalidad e idoneidad, especialmente en un momento en el que la nueva administración busca establecer controles más estrictos sobre los procedimientos administrativos del Estado.
La Superintendencia de Notariado y Registro aseguró que mantendrá informada a la opinión pública sobre los resultados de la auditoría, las verificaciones administrativas y las eventuales investigaciones que puedan derivarse de los hallazgos.
La decisión coloca bajo escrutinio uno de los sectores más sensibles de la administración pública colombiana y podría abrir un nuevo capítulo en la revisión de los nombramientos notariales realizados durante 2026.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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