Una nueva plataforma internacional reúne más de 1.400 testimonios y documentación sobre las condiciones laborales de los profesionales cubanos enviados al exterior mediante las misiones médicas del Gobierno de Cuba. El proyecto, denominado Cuban Medical Brigades, fue presentado este miércoles por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia y ofrece información individualizada sobre 209 países y territorios, con datos sobre contratos, pagos, normas, testimonios y mecanismos de control.
La plataforma registra, con información actualizada hasta junio, 53 misiones activas y unos 25.724 profesionales cubanos desplegados en el extranjero. Su objetivo es permitir que gobiernos, parlamentos, periodistas y ciudadanos puedan conocer cómo funcionan estos programas y comparar lo que pagan los países receptores con lo que finalmente reciben los trabajadores.
Uno de los elementos centrales de la base de datos son los 1.402 testimonios recopilados desde 2018, de los cuales 1.185 permanecen protegidos y 217 son públicos. Los relatos corresponden a profesionales que tuvieron experiencia en misiones desarrolladas en 60 países.
Según el análisis presentado por las organizaciones, el 89,79% de los testimonios protegidos señala que la participación estuvo condicionada por algún tipo de presión o coerción, mientras que el 77,72% afirmó que su incorporación no fue voluntaria. Además, el 32,41% dijo no haber recibido contrato y el 36,20% aseguró haber firmado uno sin recibir una copia.
La documentación también describe un sistema de vigilancia sobre los trabajadores. El 77,64% de los declarantes reportó haber sido vigilado por funcionarios cubanos o colaboradores, mientras que el 81,18% afirmó haber sufrido restricciones de movimiento en el país de destino. El 40% señaló que le retuvieron el pasaporte y casi siete de cada diez declararon la existencia de algún tipo de toque de queda.
La plataforma incorpora además documentación oficial cubana. Entre los documentos analizados figura la Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior, que establece obligaciones relacionadas con la conducta y las relaciones personales de los cooperantes, además de establecer condiciones para su regreso a Cuba.
Uno de los aspectos más sensibles es la remuneración. De acuerdo con los datos recopilados, los profesionales declararon recibir en promedio US$462,29 mensuales, equivalente aproximadamente al 15% de lo que pagarían los países receptores por sus servicios. El resto quedaría en manos del Estado cubano y entidades intermediarias.
En algunos casos documentados, la diferencia es todavía mayor. En México, por ejemplo, se registraron contratos en los que el Estado cubano habría recibido US$3.750 por profesional mientras el médico recibía US$200 mensuales. En Calabria, Italia, un acuerdo de 2022 estableció un pago de 4.700 euros mensuales por profesional, de los cuales 3.500 correspondían a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 al trabajador.
Las jornadas laborales constituyen otro de los puntos señalados. El promedio registrado en los testimonios alcanza 71,89 horas semanales, considerando jornadas ordinarias, guardias y servicios extraordinarios.
La cuestión familiar también aparece de manera recurrente. El 40,51% de los declarantes afirmó haber sufrido o continuar sufriendo una separación forzosa de hijos menores, mientras 53 profesionales dijeron que se les impidió regresar a Cuba para visitar a sus familias. La plataforma registra además 9.646 profesionales considerados «desertores» por el Gobierno cubano.
Las denuncias no provienen únicamente de las organizaciones que impulsaron la nueva plataforma. En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre las misiones médicas cubanas y señaló vulneraciones estructurales de derechos laborales, sindicales y de movilidad. El organismo pidió garantizar que la participación sea libre y sin coerción, incluyendo medidas contra la retención de salarios, documentos y restricciones de movimiento.
La CIDH también identificó elementos compatibles con trabajo forzoso y, en determinados casos, posibles situaciones de trata de personas, especialmente cuando existen amenazas, sanciones o restricciones para quienes intentan abandonar las misiones.
La dimensión económica explica buena parte de la importancia que tienen estos programas para La Habana. Un informe citado en la investigación estima que las misiones médicas generaron cerca de US$5.976 millones en 2021, convirtiendo la exportación de servicios sanitarios en una de las principales fuentes de divisas para Cuba.
El sistema ha sido objeto de cuestionamientos internacionales durante los últimos años. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 relacionadas con las condiciones de los profesionales cubanos y, en su resolución más reciente, pidió terminar con las prácticas que considera trabajo forzoso.
España también adoptó una posición crítica. Su Senado aprobó en abril una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios y reclamó auditorías sobre determinados acuerdos de cooperación médica.
El Gobierno cubano rechaza las acusaciones y sostiene que las misiones son voluntarias y forman parte de su política de cooperación internacional. La Habana también argumenta que los profesionales mantienen un salario en Cuba y que aceptan que una parte de los ingresos obtenidos en el extranjero contribuya al financiamiento del sistema sanitario nacional.
La nueva plataforma intenta precisamente contrastar esas posiciones mediante documentación. Su propuesta no se limita a presentar testimonios: permite consultar contratos, regulaciones, cadenas de pago y pronunciamientos internacionales organizados por país.
Esto adquiere especial importancia porque las condiciones pueden variar considerablemente entre las diferentes misiones. El proyecto busca mostrar qué ocurre en cada destino y cuánto dinero se genera alrededor de cada acuerdo, permitiendo observar la relación entre los gobiernos contratantes, las entidades cubanas y los profesionales enviados.
La controversia también tiene consecuencias para los países que reciben a los médicos cubanos. Las organizaciones responsables de la plataforma reclaman que los Estados contratantes publiquen íntegramente los acuerdos y auditen el destino de los fondos públicos utilizados para pagar estos servicios.
La discusión no cuestiona la capacidad profesional de los médicos cubanos ni la atención que puedan prestar en los países donde trabajan. El foco está puesto en las condiciones contractuales y laborales bajo las cuales son enviados al extranjero y en el porcentaje de los ingresos que efectivamente llega a cada profesional.
Para Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, la publicación de la base de datos busca cambiar el debate de las declaraciones generales hacia una revisión concreta de documentos y testimonios.
La plataforma representa así un nuevo intento de poner bajo escrutinio internacional un sistema que Cuba presenta como cooperación sanitaria y que organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han cuestionado por posibles prácticas de trabajo forzoso. La información reunida permitirá seguir la evolución de las misiones país por país y analizar qué gobiernos mantienen estos acuerdos, cuánto pagan y bajo qué condiciones trabajan los profesionales cubanos.
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