
La creciente capacidad de los laboratorios para modificar, reconstruir y estudiar virus potencialmente peligrosos está generando una preocupación que va más allá de la bioseguridad de cada instalación: quién controla que esos experimentos sean realmente necesarios, quién evalúa sus riesgos antes de comenzar y qué organismo puede intervenir cuando una investigación se desarrolla fuera de los mecanismos habituales de supervisión. Una experta consultada por La Nación advierte que el problema no está solamente en la existencia de laboratorios de alta seguridad, sino en la ausencia de un sistema internacional capaz de garantizar que todos los trabajos considerados de riesgo sean identificados, evaluados y controlados con criterios comunes.
La preocupación se relaciona especialmente con los denominados experimentos de ganancia de función, una expresión amplia que describe investigaciones en las que un microorganismo adquiere una característica nueva. No todos estos trabajos son peligrosos: algunos forman parte de investigaciones legítimas destinadas a comprender cómo aparecen las enfermedades, desarrollar tratamientos o anticipar futuras amenazas. El problema aparece cuando una modificación puede aumentar características como la capacidad de un virus para infectar determinadas células, resistir tratamientos o adquirir propiedades que incrementen su potencial de propagación.
El debate adquirió una dimensión internacional después de la pandemia de COVID-19 y de las discusiones sobre los trabajos realizados con coronavirus antes de 2020. Sin embargo, no existe evidencia científica concluyente de que el SARS-CoV-2 haya sido creado deliberadamente en un laboratorio, y distintas evaluaciones de organismos y agencias han mantenido posiciones diferentes sobre su origen. Por eso, la discusión actual sobre bioseguridad no debería confundirse con afirmar que una investigación concreta provocó la pandemia.
La preocupación de los especialistas apunta a un problema diferente: la capacidad tecnológica avanzó más rápido que los mecanismos internacionales de control. Un laboratorio puede estar sometido a normas nacionales, controles institucionales y protocolos de bioseguridad, pero eso no significa necesariamente que exista una autoridad mundial con capacidad para revisar de manera uniforme todas las investigaciones de mayor riesgo que se realizan en distintos países.
La diferencia es importante. La bioseguridad se ocupa principalmente de impedir accidentes, exposiciones y liberaciones involuntarias. La supervisión de investigaciones de alto riesgo incorpora otra pregunta: si el experimento debería realizarse y si los beneficios científicos justifican los riesgos que puede generar.
En un laboratorio de alta contención pueden existir protocolos rigurosos para impedir que un virus salga accidentalmente de las instalaciones. Pero la seguridad física del laboratorio no resuelve por sí sola el problema de qué experimentos deberían permitirse dentro de él.
Los antecedentes internacionales muestran que esta preocupación no es nueva. En Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno estableció en 2014 una moratoria sobre determinados experimentos considerados capaces de aumentar la peligrosidad de virus como influenza, SARS y MERS. Posteriormente se desarrollaron mecanismos de evaluación para investigaciones que pudieran involucrar riesgos biológicos elevados.
El problema es que las definiciones no siempre son sencillas. «Ganancia de función» puede abarcar desde modificaciones relativamente inocuas hasta investigaciones mucho más sensibles. Por eso, especialistas suelen distinguir entre experimentos que simplemente permiten estudiar una característica biológica y aquellos que podrían incrementar de manera significativa la capacidad de un patógeno para causar daño.
La clasificación del riesgo es uno de los puntos centrales de la discusión. Si una investigación queda fuera de una categoría regulada porque la definición no contempla exactamente la técnica utilizada, podría existir un vacío entre lo que los científicos consideran necesario investigar y lo que las autoridades consideran que debe ser sometido a una revisión extraordinaria.
A esto se suma el carácter internacional de la ciencia. Un proyecto puede involucrar a investigadores de varios países, financiación procedente de diferentes instituciones y muestras biológicas que atraviesan fronteras. La supervisión puede entonces quedar dividida entre distintas jurisdicciones.
La pandemia también dejó en evidencia otro problema: la transparencia. Los gobiernos y las instituciones científicas pueden clasificar determinados documentos, restringir información por razones de seguridad o proteger datos considerados sensibles. Sin embargo, cuando se trata de investigaciones capaces de afectar la salud pública mundial, la falta de transparencia puede dificultar que otros científicos y autoridades independientes evalúen los riesgos.
Eso no significa que todos los detalles técnicos de un experimento deban hacerse públicos. Una investigación que implique patógenos peligrosos puede contener información que no debería difundirse sin restricciones. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre transparencia científica y prevención de usos indebidos.
Otro elemento que preocupa a los expertos es la velocidad con la que disminuyen los costos de determinadas tecnologías biológicas. La síntesis de ADN, la ingeniería genética y las herramientas computacionales permiten realizar trabajos que hace unas décadas requerían infraestructuras mucho más grandes y especializadas.
La barrera tecnológica para realizar determinadas investigaciones se está reduciendo, mientras que la capacidad de supervisarlas continúa dependiendo en gran medida de las instituciones nacionales, los comités científicos y las propias organizaciones que realizan los trabajos.
Ese desajuste genera una pregunta difícil: ¿qué ocurre cuando una investigación técnicamente posible no cuenta con un mecanismo internacional claro para determinar si debe realizarse?
La respuesta actual depende en gran medida del país donde se desarrolla, de la legislación vigente, de la institución que financia el trabajo y de los comités encargados de evaluar sus riesgos.
Estados Unidos, por ejemplo, posee distintos mecanismos de revisión para investigaciones financiadas por organismos federales. Europa cuenta con regulaciones propias y los laboratorios de alta contención están sujetos a normas específicas. Pero no existe un único sistema mundial que funcione como una autoridad independiente sobre todas las investigaciones de riesgo biológico.
La situación también es relevante para países que están construyendo nuevas instalaciones de alta seguridad. Brasil, por ejemplo, desarrolla el complejo Orion, diseñado para trabajar con patógenos de alto riesgo y considerado un proyecto estratégico para América Latina. Especialistas han señalado que, además de construir infraestructura, será necesario desarrollar mecanismos regulatorios y formar personal especializado para garantizar la seguridad de las investigaciones.
El avance de estas instalaciones puede ser beneficioso para la salud pública. Contar con laboratorios capaces de estudiar virus peligrosos permite investigar rápidamente enfermedades emergentes, desarrollar vacunas y tratamientos y responder a futuros brotes sin depender exclusivamente de instalaciones ubicadas en otros continentes.
El dilema no consiste, por lo tanto, en detener la investigación sobre virus peligrosos. Consiste en garantizar que esa investigación sea proporcional al riesgo y esté sometida a controles independientes.
Los científicos necesitan estudiar los patógenos precisamente porque las amenazas biológicas no desaparecen cuando se decide no investigarlas. Los virus evolucionan en la naturaleza y algunos pueden saltar entre especies. Comprenderlos permite anticipar determinadas amenazas y desarrollar herramientas para enfrentarlas.
El riesgo aparece cuando una investigación modifica deliberadamente determinadas características de un patógeno y el beneficio científico no resulta suficientemente claro frente al peligro potencial. En esos casos, la evaluación previa adquiere una importancia mucho mayor.
La supervisión también debería considerar qué sucede si algo sale mal. No alcanza con evaluar la probabilidad de un accidente; también debe analizarse la magnitud de sus consecuencias.
Un incidente con un microorganismo de bajo riesgo puede quedar limitado al laboratorio. Un incidente con un patógeno capaz de transmitirse entre personas puede tener consecuencias completamente diferentes.
La pregunta clave es entonces cuánto riesgo está dispuesta a aceptar la sociedad para obtener determinado conocimiento científico. Esa decisión no debería quedar exclusivamente en manos de quienes realizan el experimento.
La discusión involucra también a gobiernos, organismos sanitarios, instituciones científicas, especialistas en bioseguridad y, en determinados casos, a organismos internacionales.
La Organización Mundial de la Salud tiene un papel relevante en materia de vigilancia y preparación frente a enfermedades infecciosas, pero no funciona como una autoridad mundial que autorice individualmente cada experimento realizado en un laboratorio.
Por eso, algunos especialistas sostienen que debería fortalecerse la cooperación internacional y establecer criterios comunes para identificar las investigaciones que puedan representar un riesgo extraordinario.
Un sistema de ese tipo podría incluir registros internacionales de investigaciones de alto riesgo, evaluaciones independientes, protocolos comunes de bioseguridad y mecanismos de notificación de incidentes.
También podría establecerse una obligación de informar determinadas investigaciones antes de que comiencen, especialmente cuando involucren agentes capaces de producir enfermedades graves o cuando las modificaciones previstas puedan alterar características relevantes del patógeno.
La dificultad consiste en que los países no siempre comparten los mismos intereses. Una investigación puede tener importancia estratégica para la seguridad sanitaria de un Estado y, al mismo tiempo, generar preocupación en otros países que podrían verse afectados por un eventual accidente.
La cooperación internacional resulta particularmente importante porque los virus no respetan fronteras políticas.
Un brote producido por un accidente en un laboratorio no quedaría necesariamente limitado al país donde ocurrió. La experiencia de las últimas décadas demuestra que un agente infeccioso puede atravesar continentes en cuestión de horas.
Por eso, la bioseguridad dejó de ser exclusivamente una cuestión interna de cada laboratorio. Se convirtió también en un componente de la seguridad sanitaria internacional.
El debate se vuelve todavía más complejo con la aparición de la inteligencia artificial aplicada a la biología. Los modelos computacionales pueden acelerar la identificación de proteínas, analizar secuencias genéticas y ayudar a diseñar moléculas. Estas herramientas tienen enormes posibilidades para la medicina, pero también plantean nuevas preguntas sobre cómo impedir usos indebidos.
La combinación entre inteligencia artificial, biología sintética y tecnologías de edición genética puede acelerar tanto la investigación beneficiosa como la capacidad de crear organismos con características nuevas. Esa realidad hace todavía más urgente discutir mecanismos de supervisión que puedan adaptarse a tecnologías que cambian rápidamente.
La regulación, sin embargo, debe evitar un efecto contraproducente. Si las normas son demasiado amplias o ambiguas, pueden obstaculizar investigaciones necesarias para desarrollar vacunas, antivirales o sistemas de diagnóstico.
El objetivo debería ser diferenciar entre investigación de bajo riesgo y trabajos que requieren controles extraordinarios.
La experiencia de los laboratorios BSL-3 y BSL-4 demuestra que es posible establecer diferentes niveles de contención según el riesgo del agente biológico. En instalaciones de alta seguridad existen controles de acceso, equipos especiales, procedimientos de descontaminación y vigilancia médica del personal.
Pero una infraestructura de máxima seguridad tampoco elimina completamente el riesgo humano. Los procedimientos pueden fallar, los equipos pueden deteriorarse y los errores humanos pueden producir incidentes.
Por eso, la supervisión debe contemplar tanto la infraestructura como las decisiones científicas y administrativas que rodean cada proyecto.
La pregunta planteada por la experta adquiere especial importancia en este contexto: si nadie tiene una visión completa de todas las investigaciones de mayor riesgo que se desarrollan simultáneamente en diferentes países, resulta difícil evaluar el riesgo biológico global.
No se trata de afirmar que los laboratorios estén trabajando sin controles. Muchos cuentan con sistemas rigurosos y protocolos estrictos. El problema señalado es la fragmentación de esos controles y la ausencia de una visión internacional integral.
Ese vacío puede ser especialmente relevante cuando una investigación se desarrolla mediante colaboraciones entre universidades, empresas, gobiernos y organizaciones internacionales.
También importa el financiamiento. Los organismos que aportan recursos pueden establecer condiciones sobre el tipo de investigación que apoyan y exigir mecanismos de evaluación. El caso de EcoHealth Alliance y sus investigaciones relacionadas con coronavirus mostró precisamente la importancia de la supervisión financiera y del cumplimiento de las obligaciones de reporte. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó que la organización había omitido reportar a tiempo un experimento potencialmente peligroso realizado en el Instituto de Virología de Wuhan.
Ese episodio no demuestra que el SARS-CoV-2 haya surgido de aquel trabajo, pero sí muestra por qué la transparencia, la trazabilidad y la obligación de informar resultados o incidentes son elementos fundamentales de la bioseguridad.
El desafío futuro será construir un sistema que permita aprovechar la ciencia sin ignorar sus riesgos.
La investigación sobre virus será indispensable para enfrentar futuras pandemias. La alternativa no es abandonar esos estudios, sino mejorar los mecanismos que determinan cuáles investigaciones pueden realizarse, bajo qué condiciones y quién debe responder cuando las reglas no se cumplen.
La advertencia de los especialistas apunta, en última instancia, a una cuestión de gobernanza científica. El mundo posee cada vez más herramientas para modificar organismos y estudiar patógenos, pero las instituciones encargadas de controlar esas capacidades no avanzan necesariamente al mismo ritmo.
La pandemia de COVID-19 dejó una lección sobre la importancia de anticiparse a las amenazas biológicas. La próxima gran amenaza podría surgir de la naturaleza, de una mutación inesperada o de un accidente. Precisamente por eso, la comunidad científica y los gobiernos necesitan sistemas capaces de reducir todos esos riesgos simultáneamente.
El verdadero desafío no es elegir entre ciencia y seguridad, sino conseguir que ambas avancen juntas. A medida que aumente la capacidad para modificar virus y diseñar nuevas herramientas biológicas, también deberá aumentar la capacidad internacional para saber qué se está investigando, evaluar los riesgos antes de que comiencen los trabajos y actuar rápidamente cuando aparezca una señal de peligro.
La advertencia plantea así un problema que trasciende a un laboratorio concreto o a un país determinado: si la humanidad dispone de tecnologías capaces de alterar agentes biológicos de enorme impacto, la supervisión de esas tecnologías también debe tener una dimensión global. La ausencia de un mecanismo internacional suficientemente coordinado no significa que todos los experimentos sean peligrosos, pero sí que el mundo necesita mejores herramientas para distinguir los trabajos necesarios de aquellos cuyos riesgos podrían resultar difíciles de justificar.
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