El senador Rafael Filizzola acusó al oficialismo de utilizar instituciones del sistema de justicia paraguayo como herramientas para alterar la competencia política y advirtió que el país podría estar ingresando en un “camino muy peligroso” para la democracia. Durante una intervención en el Senado, el legislador del Partido Democrático Progresista señaló particularmente los procesos que afectan al opositor Miguel Prieto y al disidente colorado Arnoldo Wiens, ambos vinculados a aspiraciones presidenciales y actualmente enfrentados a causas judiciales. Filizzola comparó la situación con las primeras etapas de la deriva autoritaria de Venezuela y sostuvo que el problema no consiste solamente en quién puede ganar una elección, sino en si todos los candidatos pueden llegar a las urnas bajo las mismas condiciones. Sus declaraciones se producen en un momento especialmente sensible: Prieto acaba de ser enviado a juicio oral por el caso Tajy, mientras que la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio oral para Wiens por el caso Metrobús. Ambos rechazan las acusaciones de fondo y sostienen que existe una utilización política de la Justicia, mientras que sectores del oficialismo niegan una persecución y sostienen que los procesos corresponden a investigaciones penales independientes.

La denuncia de Filizzola adquiere especial relevancia porque no se refiere a un único expediente judicial. El senador presentó los casos de Miguel Prieto y Arnoldo Wiens como ejemplos de un patrón que, a su juicio, podría afectar la competencia electoral. Su argumento central es que una democracia no se limita a permitir que los ciudadanos voten el día de las elecciones: también necesita garantizar que quienes aspiran a representar a esos ciudadanos puedan competir sin que una institución estatal sea utilizada selectivamente para excluirlos.

Filizzola llevó incluso su comparación al escenario venezolano. Recordó que la erosión institucional de Venezuela incluyó, entre otros mecanismos, la exclusión de dirigentes opositores mediante decisiones administrativas y judiciales. A partir de esa experiencia, sostuvo que Paraguay debe prestar atención a cualquier situación en la que el poder político pueda terminar determinando indirectamente contra quién quiere competir y contra quién no.

La comparación es políticamente explosiva porque Paraguay no es Venezuela y su sistema institucional conserva estructuras democráticas, electorales y judiciales diferentes. Por eso, la acusación de Filizzola debe entenderse como una advertencia política y no como una conclusión jurídica. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine que los procesos contra Prieto o Wiens fueron creados artificialmente por el oficialismo para impedir sus candidaturas.

El caso Miguel Prieto: de dirigente municipal a figura nacional

El caso de Miguel Prieto es probablemente el que genera mayor impacto político dentro de la oposición. El exintendente de Ciudad del Este construyó su carrera política fuera de las estructuras tradicionales de la Asociación Nacional Republicana y se convirtió en uno de los dirigentes opositores con mayor capacidad de movilización en el este del país.

Su proyecto político comenzó a adquirir una dimensión nacional cuando anunció su intención de competir por la Presidencia de la República en 2028. Desde entonces, Prieto pasó de ser una figura principalmente vinculada a Ciudad del Este a convertirse en uno de los nombres alrededor de los cuales distintos sectores opositores comenzaron a discutir una eventual candidatura unificada.

La Justicia, sin embargo, se convirtió progresivamente en uno de los principales obstáculos para esa proyección.

En el denominado caso Tajy, el juez Humberto Otazú decidió el 4 de agosto elevar a juicio oral la causa contra Prieto y otros seis acusados. La Fiscalía sostiene que durante la pandemia de COVID-19 se habría producido una supuesta compra simulada de insumos y víveres para la Municipalidad de Ciudad del Este, generando un presunto perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. Prieto está acusado por los supuestos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La Fiscalía considera que el caso tiene fundamentos suficientes para llegar a juicio y obtuvo recientemente un elemento que utiliza para reforzar su posición: tres excolaboradores de Prieto admitieron su responsabilidad en los hechos investigados y recibieron una suspensión condicional del procedimiento. El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que esas admisiones fortalecen la teoría del Ministerio Público.

La defensa de Prieto interpreta el escenario de manera completamente diferente. El exintendente sostiene que existe una utilización política del sistema judicial para impedir su crecimiento electoral y ha denunciado públicamente supuestas presiones sobre jueces y fiscales. Esas afirmaciones, sin embargo, constituyen la posición de Prieto y su entorno político y no una conclusión establecida judicialmente.

El proceso tendrá además una consecuencia electoral importante. El juicio oral del caso Tajy está previsto para comenzar el 31 de agosto de 2026, según las informaciones judiciales disponibles.

Pero Tajy no es la única causa que afecta a Prieto

La preocupación de Filizzola no se limita al caso Tajy. Prieto enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el denominado caso Tía Chela, cuya audiencia de juicio oral también fue adelantada y quedó fijada para el 31 de agosto.

La acumulación de procesos es precisamente uno de los argumentos utilizados por quienes denuncian una eventual persecución política: sostienen que no se debe analizar cada expediente de manera aislada, sino observar el efecto que produce la sucesión de causas sobre un dirigente que pretende convertirse en candidato presidencial.

El Ministerio Público, por su parte, sostiene que las investigaciones deben analizarse individualmente y que la existencia de una candidatura política no puede otorgar inmunidad frente a eventuales delitos.

Ese punto constituye uno de los principales dilemas del escenario paraguayo: un candidato no puede ser protegido de una investigación simplemente por ser candidato, pero tampoco una investigación penal debería convertirse en un mecanismo para decidir quién puede competir electoralmente.

El segundo nombre: Arnoldo Wiens

El otro protagonista de la denuncia de Filizzola es Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y dirigente de la disidencia colorada.

Su caso es particularmente sensible porque Wiens no pertenece a la oposición tradicional. Su proyecto político se desarrolla dentro del propio Partido Colorado, pero enfrentado al sector oficialista identificado con Honor Colorado y Horacio Cartes.

Para Filizzola, esto demuestra que el problema no afecta solamente a quienes están fuera del Partido Colorado. Según su interpretación, las herramientas judiciales también podrían utilizarse para neutralizar a dirigentes que compiten contra el sector dominante dentro del propio partido oficialista.

El proceso contra Wiens está relacionado con el fallido proyecto Metrobús, una de las obras públicas más controvertidas de Paraguay durante la última década.

El Ministerio Público presentó el 11 de agosto una acusación de 113 páginas y solicitó que Wiens sea llevado a juicio oral. La Fiscalía sostiene una acusación por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, aunque previamente el juez había admitido únicamente el cargo de lesión de confianza porque consideró que el segundo hecho punible no había sido correctamente descrito.

El Metrobús se convirtió en una batalla política y judicial

El caso tiene una historia mucho más larga que la actual acusación.

El proyecto Metrobús fue concebido como una solución de transporte masivo para conectar el área metropolitana de Asunción y San Lorenzo. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas, la infraestructura sufrió deterioros y el proyecto terminó convertido en un símbolo del fracaso de una política pública de gran escala.

Wiens asumió el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando el proyecto ya arrastraba problemas de ejecución.

La defensa de Wiens sostiene que recibió una obra prácticamente inviable y que su decisión de terminar el contrato con Mota-Engil fue legal. Como parte de su estrategia defensiva, el exministro invoca un laudo internacional emitido en diciembre de 2023 por un tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje. Según Wiens, los árbitros determinaron que el proyecto había sido licitado sobre la base de problemas técnicos, entre ellos un catastro deficiente, dificultades para liberar la franja de dominio y problemas relacionados con el diseño del sistema de desagüe.

La controversia se volvió todavía más delicada porque en mayo de 2026 el exministro Ramón Jiménez Gaona, quien dirigió el MOPC durante la etapa inicial del proyecto, obtuvo el sobreseimiento definitivo.

El Ministerio Público había solicitado su exclusión del proceso y posteriormente dirigió la acusación contra Wiens. Los fiscales argumentaron que durante la administración de Jiménez Gaona no se configuró un perjuicio patrimonial consumado y que diferentes aspectos del proyecto habían recibido validaciones técnicas, incluido el proceso licitatorio con la “no objeción” del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Wiens, esa diferencia constituye uno de los puntos centrales de su defensa: quien inició el proyecto fue sobreseído, mientras que quien recibió posteriormente una obra problemática terminó acusado por las decisiones adoptadas para poner fin al contrato.

La Fiscalía interpreta los mismos acontecimientos de otra manera y sostiene que determinadas decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens contribuyeron al deterioro y posterior destrucción de obras ya ejecutadas.

La disputa ya llegó al terreno de los fiscales

El conflicto dejó de ser exclusivamente una discusión sobre los hechos investigados y alcanzó también a los propios fiscales.

Los abogados de Wiens recusaron a los agentes Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes presentaron la acusación. La recusación fue rechazada y los fiscales fueron confirmados, pero este 13 de agosto la defensa volvió a cuestionar esa decisión mediante una impugnación contra la resolución que ratificó su intervención.

Este episodio es relevante porque muestra cómo la disputa judicial está adquiriendo una dimensión institucional cada vez mayor. Ya no se discute solamente si Wiens debe responder o no por las decisiones relacionadas con el Metrobús; también se cuestiona la imparcialidad y continuidad de los fiscales que conducen la acusación.

El oficialismo responde: “el problema es con la Justicia”

El oficialismo rechaza frontalmente la interpretación de Filizzola.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, sostuvo que el problema de Prieto no está relacionado con el Partido Colorado ni con el cartismo, sino con la Justicia y con las investigaciones que pesan sobre él.

Desde esta perspectiva, la tesis oficialista es sencilla: si existen elementos suficientes para investigar o acusar a un político, su condición de candidato no debería impedir que la Fiscalía actúe.

En el caso Prieto, además, el Ministerio Público señala que las acusaciones no surgieron de una decisión política del momento, sino de investigaciones que llevan años y que incluyen denuncias, documentos, testimonios y procedimientos judiciales.

Ese argumento constituye el principal contrapunto a la denuncia de Filizzola: para el oficialismo, hablar de persecución política puede convertirse en una forma de deslegitimar investigaciones legítimas cuando afectan a dirigentes opositores.

El verdadero problema está en quién controla los contrapesos

Más allá de quién tenga razón en cada expediente, la discusión plantea un problema institucional de mayor profundidad.

En una democracia, la Fiscalía debe investigar delitos independientemente de quién sea el investigado. El Poder Judicial debe determinar si las pruebas son suficientes y garantizar el debido proceso. Y los tribunales electorales deben establecer quién puede presentarse a una elección conforme a la Constitución y las leyes.

El problema aparece cuando la sociedad empieza a sospechar que alguna de esas instituciones está siendo utilizada para producir un resultado político.

Incluso si las acusaciones fueran jurídicamente correctas, el Estado necesita garantizar que el procedimiento sea transparente y pueda resistir el escrutinio público. Y si las acusaciones fueran utilizadas deliberadamente para impedir candidaturas, el daño sería todavía mayor porque afectaría directamente la legitimidad de las elecciones.

Por eso, la independencia institucional es tan importante como la propia investigación de los delitos.

El caso Marcelo Pecci como otro punto de la discusión

Durante su intervención, Filizzola también cuestionó determinadas actuaciones judiciales relacionadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El senador puso como ejemplo el adelanto de una fecha de juicio y determinadas decisiones relacionadas con la admisión de pruebas, preguntándose si ese tipo de decisiones se aplican normalmente en otros procesos.

Estas afirmaciones deben distinguirse de los casos Prieto y Wiens: no constituyen una prueba de que esos procesos sean políticamente manipulados, sino que forman parte del argumento general de Filizzola sobre la necesidad de preservar las garantías procesales y evitar decisiones judiciales que puedan interpretarse como selectivas.

Paraguay entra en una etapa electoral particularmente sensible

El momento en que aparecen estas acusaciones tampoco es menor.

Aunque la elección presidencial de 2028 todavía está distante, los principales movimientos políticos paraguayos ya comenzaron a construir candidaturas, alianzas y estructuras territoriales.

En ese contexto, cualquier proceso judicial contra una figura con aspiraciones presidenciales tiene inevitablemente una dimensión política.

Para Prieto, un juicio oral puede convertirse en un obstáculo directo para consolidar su candidatura. Para Wiens, una acusación por el Metrobús puede debilitar su posición dentro de la interna colorada. Para el oficialismo, en cambio, permitir que ambos queden fuera de la Justicia por razones electorales sería precisamente la clase de privilegio que una democracia no debería aceptar.

Antes, ahora y después

Antes, Paraguay ya había experimentado fuertes enfrentamientos entre poder político y sistema judicial, especialmente en torno a investigaciones sobre corrupción, financiamiento político, narcotráfico y obras públicas. La tensión entre instituciones nunca fue completamente ajena a la política paraguaya.

Ahora, el escenario presenta una particularidad: dos dirigentes que aspiran a competir por la Presidencia desde posiciones diferentes —Miguel Prieto desde la oposición y Arnoldo Wiens desde la disidencia colorada— enfrentan simultáneamente procesos judiciales de alto impacto. Filizzola interpreta esa coincidencia como una señal de alarma; el oficialismo la presenta como la consecuencia natural de investigaciones penales.

Después, la cuestión central será qué ocurre cuando esos procesos lleguen a sus siguientes etapas. El juicio de Prieto por el caso Tajy está previsto para el 31 de agosto, mientras que el proceso contra Wiens por el Metrobús deberá continuar su recorrido judicial luego de la acusación presentada por la Fiscalía.

Si ambos consiguen demostrar su inocencia, las acusaciones de persecución política adquirirán una fuerza considerable. Si las acusaciones son confirmadas judicialmente, el argumento del oficialismo ganará terreno. Pero existe una tercera posibilidad: que los procesos continúen durante años sin una resolución definitiva, manteniendo una sombra permanente sobre sus aspiraciones políticas.

La pregunta que queda abierta

La discusión planteada por Filizzola no debería reducirse a decidir si Prieto o Wiens son culpables o inocentes. Esa decisión corresponde a los tribunales y debe basarse en pruebas.

La cuestión política es diferente: ¿puede un sistema democrático garantizar que ningún candidato sea eliminado de una competencia electoral mediante el uso selectivo de instituciones estatales?

Y existe una segunda pregunta, igualmente importante: ¿puede un político acusado de corrupción o de delitos contra el patrimonio público utilizar su condición de candidato para presentarse como víctima de persecución y evitar que la Justicia investigue sus actos?

La respuesta democrática exige ambas garantías simultáneamente.

La Fiscalía debe poder investigar incluso al candidato más poderoso. Pero también debe poder demostrar que investiga con los mismos criterios a aliados, adversarios, oficialistas y opositores.

Ese será el verdadero examen institucional de Paraguay en los próximos meses. Porque el problema no será únicamente determinar qué ocurrió en Ciudad del Este o qué ocurrió con el Metrobús. El desafío será demostrar que, en la política paraguaya, la Justicia no elige candidatos y los candidatos tampoco eligen qué Justicia quieren tener.