La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno comenzará a aplicar una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden frente al avance de la delincuencia y señaló como referencia el modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La declaración, realizada el 9 de agosto de 2026 durante una intervención pública, representa un nuevo paso en una estrategia que la mandataria ya había planteado durante la campaña y que ahora comienza a traducirse en decisiones de Gobierno. El proyecto incluye un endurecimiento de la respuesta contra el crimen, mayor control del sistema penitenciario, fortalecimiento de la Policía, tecnología de vigilancia, construcción de grandes establecimientos penitenciarios y una participación más activa de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas. El anuncio adquiere especial relevancia porque Perú atraviesa una etapa de fuerte preocupación ciudadana por homicidios, extorsiones, secuestros y delincuencia organizada, aunque las propias cifras oficiales registraban una reducción de varios de estos delitos durante los primeros meses de 2026.

La frase de Fujimori no constituye una propuesta completamente nueva. Durante la campaña presidencial, la entonces candidata de Fuerza Popular convirtió la recuperación del orden público en uno de los principales ejes de su programa. En abril ya había planteado públicamente la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, el control de determinados establecimientos penitenciarios por las Fuerzas Armadas y la adquisición de mil patrulleros para reforzar la vigilancia, especialmente en zonas consideradas estratégicas.

Ahora, desde el Gobierno, la referencia a Bukele adquiere otra dimensión. Ya no se trata únicamente de una promesa electoral, sino de la definición de una orientación política para el aparato de seguridad peruano. Fujimori busca proyectar la imagen de un Ejecutivo dispuesto a utilizar todos los instrumentos disponibles para recuperar el control territorial y penitenciario frente a organizaciones dedicadas a la extorsión, sicariato, secuestro y otras formas de criminalidad organizada.

El “modelo Bukele” que Perú quiere adaptar

Cuando Fujimori habla del modelo de Bukele se refiere principalmente a la estrategia implementada en El Salvador desde marzo de 2022, cuando el Gobierno salvadoreño instauró un régimen de excepción después de una ola extraordinaria de homicidios atribuida a las pandillas.

La política combinó detenciones masivas, despliegue militar y policial, ampliación de las capacidades penitenciarias, restricciones a determinadas garantías procesales y una ofensiva directa contra las estructuras criminales. El resultado fue una reducción extraordinaria de los homicidios según las cifras oficiales salvadoreñas.

Human Rights Watch reconoce que la violencia de las pandillas disminuyó drásticamente y que la tasa de homicidios salvadoreña alcanzó mínimos históricos. Sin embargo, la organización también documenta graves problemas relacionados con el método utilizado: detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y violaciones del debido proceso.

Ese doble resultado explica por qué el modelo de Bukele genera tanta atracción política en América Latina. Por un lado, presenta resultados muy visibles en materia de seguridad; por otro, plantea una discusión sobre los límites que un Estado democrático puede cruzar para alcanzar esos resultados.

En Perú, por lo tanto, la cuestión no será simplemente copiar las medidas salvadoreñas, sino determinar qué parte del modelo puede trasladarse al sistema jurídico peruano y qué mecanismos de control deberán mantenerse para evitar abusos.

Perú llega a este debate con una crisis de inseguridad

La apuesta de Fujimori se produce en un país donde la seguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de la población.

Durante los últimos años, Perú experimentó un fuerte crecimiento de delitos vinculados con extorsión, cobro de cupos, sicariato, secuestros y ataques contra comerciantes y transportistas. El fenómeno modificó la percepción de seguridad en ciudades como Lima, Callao y otras zonas urbanas.

Sin embargo, existe un dato que introduce un matiz importante en el diagnóstico del nuevo Gobierno. Según información publicada por el diario oficial El Peruano con base en reportes de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2026 los homicidios habían disminuido 23,53 % frente al mismo período de 2025; las extorsiones habían caído 46,06 %, los secuestros 18,95 % y los robos 16,46 %.

La Policía reportó además más de 200.000 operativos entre marzo y mayo, la desarticulación de 59 organizaciones criminales y 2.669 bandas, además de decenas de miles de detenciones.

Esto significa que el Gobierno de Fujimori no parte necesariamente de una situación en la que todos los indicadores estén aumentando. Su argumento político es diferente: aunque algunos delitos estén disminuyendo, la percepción de inseguridad y la capacidad de las organizaciones criminales siguen siendo suficientemente graves como para justificar una respuesta más contundente.

Cárceles: el primer gran campo de batalla

Uno de los elementos centrales del proyecto de Fujimori es el sistema penitenciario.

Su programa de Gobierno contempla la construcción de cuatro mega penales, inicialmente bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas, además del fortalecimiento de las unidades de flagrancia y el bloqueo de las comunicaciones telefónicas desde las cárceles.

La cuestión penitenciaria es fundamental porque las cárceles latinoamericanas dejaron de ser únicamente lugares de reclusión. En numerosos países, organizaciones criminales han utilizado los establecimientos penitenciarios como centros de coordinación para extorsiones, distribución de drogas, asesinatos y control de operaciones externas.

El propio Gobierno de Fujimori comenzó a actuar sobre este problema durante sus primeros días. En la primera reunión ordinaria de su Consejo de Ministros, el Ejecutivo evaluó medidas destinadas a reforzar la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, con el objetivo declarado de recuperar el control y la autoridad dentro de las prisiones.

La apuesta por grandes cárceles, por tanto, no es un elemento aislado: forma parte de una estrategia que pretende separar a los líderes criminales de sus redes y reducir la capacidad de las organizaciones para seguir operando desde prisión.

Policía, tecnología y control territorial

El segundo componente es tecnológico.

El programa de Fuerza Popular contempla la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, la instalación de 10.000 cámaras de seguridad y el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes.

La intención es pasar de una Policía que reacciona después de cometido el delito a un sistema capaz de detectar movimientos sospechosos, identificar vehículos, analizar imágenes y coordinar unidades en tiempo real.

El desafío será la integración de todas esas herramientas. Comprar cámaras no garantiza seguridad si las imágenes no son analizadas adecuadamente; adquirir patrulleros no resuelve el problema si no existe inteligencia policial; y aumentar las detenciones no necesariamente reduce la criminalidad si los procesos judiciales son lentos o las organizaciones reemplazan rápidamente a sus integrantes.

Por eso, la verdadera prueba del plan será determinar si la inversión tecnológica consigue convertirse en inteligencia operativa y control territorial efectivo.

La diferencia fundamental entre El Salvador y Perú

Aquí aparece uno de los mayores obstáculos para importar el modelo salvadoreño.

El Salvador enfrentaba una estructura criminal particularmente definida por las maras, organizaciones con una larga historia de control territorial y presencia comunitaria. La ofensiva de Bukele se dirigió contra estructuras como MS-13 y Barrio 18.

Perú enfrenta una criminalidad diferente y más fragmentada. El problema incluye bandas de extorsión, organizaciones vinculadas al narcotráfico, redes de sicariato, minería ilegal, tráfico de personas y estructuras locales que pueden cambiar rápidamente de composición.

Por eso, una estrategia basada exclusivamente en encarcelar grandes cantidades de personas puede producir resultados diferentes a los obtenidos en El Salvador.

El propio debate regional muestra esta dificultad. Ecuador intentó adoptar elementos de la estrategia de Bukele, incluyendo militarización y construcción de cárceles de máxima seguridad, pero la violencia y las extorsiones continuaron representando un problema importante.

La lección es relevante para Lima: un modelo de seguridad no puede copiarse simplemente por sus símbolos; necesita adaptarse a la estructura criminal específica de cada país.

La otra cara del modelo: derechos humanos

El punto más controvertido será probablemente el equilibrio entre seguridad y libertades civiles.

Human Rights Watch sostiene que el régimen de excepción salvadoreño ha permitido la detención de más de 90.000 personas, incluidos más de 3.000 menores, y documenta denuncias de desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones graves. Al mismo tiempo, reconoce la fuerte disminución de la violencia de las pandillas.

Esta contradicción será inevitable en el debate peruano.

Fujimori tendrá que demostrar que es posible aplicar una política de firmeza contra el crimen sin convertir la excepcionalidad en una regla permanente.

La cuestión será especialmente delicada si el Gobierno intenta ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad, modificar procedimientos de detención o restringir determinados derechos en zonas consideradas críticas.

El éxito político de Bukele se basa precisamente en esa combinación: resultados muy visibles en seguridad y una fuerte concentración del poder estatal. Para un país como Perú, con instituciones políticas históricamente inestables, el riesgo de que medidas excepcionales se conviertan en mecanismos permanentes será uno de los principales puntos de discusión.

El Congreso será determinante

Otro elemento que puede definir el éxito o fracaso de la estrategia será la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

El Gobierno de Fujimori ya solicitó facultades legislativas para disponer de herramientas legales que permitan responder con mayor rapidez frente a la delincuencia y otros problemas considerados urgentes. El Consejo de Ministros también acordó reforzar la intervención en el sistema penitenciario.

Pero las medidas más profundas podrían exigir reformas legales, modificaciones presupuestarias y eventualmente cambios constitucionales.

La diferencia es importante. Una presidenta puede ordenar determinadas operaciones policiales dentro de las facultades existentes, pero no puede simplemente reproducir todas las herramientas utilizadas por Bukele si estas requieren modificaciones del ordenamiento jurídico peruano.

La estrategia deberá pasar, por tanto, por tres escenarios: Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial.

¿Puede funcionar en Perú?

La respuesta todavía no puede conocerse.

La política tiene algunos elementos potencialmente eficaces: mayor inteligencia policial, mejor vigilancia, control de las comunicaciones penitenciarias, fortalecimiento de la investigación criminal, separación de líderes criminales y coordinación entre Policía, Fiscalía y sistema judicial.

Pero existe una diferencia fundamental entre una política de mano dura inteligente y una política basada exclusivamente en detenciones masivas.

La primera intenta desarticular organizaciones completas mediante inteligencia financiera, investigación, control territorial, seguimiento de armas, identificación de líderes y confiscación de activos.

La segunda puede llenar las cárceles rápidamente sin necesariamente destruir la capacidad de las organizaciones criminales.

Por eso, la experiencia salvadoreña puede ofrecer herramientas, pero no necesariamente una fórmula automática.

Antes, ahora y después

Antes de llegar al poder, Keiko Fujimori construyó buena parte de su propuesta electoral alrededor de la recuperación del orden, utilizando la seguridad como uno de los principales argumentos para diferenciarse de sus adversarios. El modelo de Bukele ya estaba presente en su discurso durante la campaña y la construcción de una megacárcel aparecía como una de las propuestas más visibles.

Ahora, ya instalada en el Gobierno, Fujimori está comenzando a convertir ese discurso en una política de Estado. El fortalecimiento penitenciario, la búsqueda de facultades legislativas, la vigilancia tecnológica y la referencia explícita a Bukele indican que la seguridad será probablemente uno de los ejes dominantes de su primer año de administración.

Después vendrá la verdadera prueba.

Si los homicidios, las extorsiones y los secuestros continúan descendiendo y la ciudadanía percibe una recuperación del control territorial, Fujimori podrá presentar su estrategia como una adaptación exitosa del modelo salvadoreño.

Si, por el contrario, la violencia se mantiene o las organizaciones criminales encuentran nuevas formas de operar, el Gobierno tendrá que explicar por qué una política inspirada en Bukele no produjo resultados equivalentes.

Y existe una tercera posibilidad, quizás más importante: que Perú consiga reducir la criminalidad sin reproducir los aspectos más cuestionados del modelo salvadoreño.

Ese sería el escenario políticamente más difícil y, al mismo tiempo, el más significativo para la región: demostrar que un Estado puede recuperar el orden, controlar sus cárceles y enfrentar al crimen organizado con firmeza sin renunciar a las garantías fundamentales de una democracia.

La declaración de Fujimori marca, por tanto, algo más que un nuevo anuncio de seguridad. Perú acaba de entrar oficialmente en el debate latinoamericano sobre la exportación del “modelo Bukele”, y los próximos meses demostrarán si Lima consigue convertir la promesa de firmeza en una estrategia efectiva, sostenible y compatible con el Estado de derecho.