Brasil está envejeciendo rápidamente, pero la posibilidad de llegar a la vejez con seguridad económica continúa siendo profundamente desigual. El programa “O relógio financeiro da longevidade”, de Caminhos da Reportagem, que será emitido este lunes 10 de agosto por TV Brasil, pone el foco en una realidad que trasciende las cifras de jubilación: millones de personas mayores dependen prácticamente por completo de los ingresos del sistema público de previsión, mientras otras llegan a los 70, 80 años o más con ahorros, patrimonio, pensiones complementarias y redes familiares capaces de sostenerlas. Según datos del Ministerio de Previsión citados por el programa, seis de cada diez brasileños de 60 años o más dependen de beneficios del INSS; en mayo de 2026, las personas mayores de 60 años representaban el 76 % de los beneficiarios del instituto, con 32 millones de pagos mensuales y alrededor de R$ 135.000 millones movilizados cada mes. El problema se vuelve todavía más complejo cuando se incorporan la desigualdad salarial acumulada durante la vida laboral, el endeudamiento, la violencia patrimonial, los fraudes financieros y la dificultad de continuar trabajando en condiciones dignas después de la jubilación.
El debate planteado por el programa parte de una paradoja que será cada vez más importante para Brasil: vivir más tiempo es uno de los mayores logros sociales de las últimas décadas, pero vivir más no significa necesariamente vivir mejor.
La longevidad modifica completamente la relación de una persona con el dinero. Durante la etapa laboral, una familia puede planificar sus gastos pensando en décadas de actividad profesional. Después de la jubilación, el escenario cambia: desaparece o disminuye el ingreso del trabajo, mientras continúan los gastos de vivienda, alimentación, medicamentos, transporte, salud y, en muchos casos, apoyo a familiares.
Cuanto mayor es la expectativa de vida, durante más años debe sostenerse ese patrimonio.
Por eso, la cuestión financiera de la vejez dejó de ser un asunto individual para convertirse en un problema económico y social de escala nacional.
El Brasil que envejece
El envejecimiento demográfico está modificando la estructura de la sociedad brasileña. El país tendrá progresivamente una proporción mayor de personas mayores y una proporción menor de jóvenes en edad de trabajar.
Esto significa que la previsión social, el sistema sanitario, el mercado laboral y las políticas de vivienda tendrán que adaptarse simultáneamente a una población que vive más años.
El INSS ya constituye una pieza central de esa estructura. Según el propio instituto, en mayo de 2026 las personas de más de 60 años representaron 76 % del total de beneficiarios, equivalente a aproximadamente 32 millones de pagos. De ellos, 21,8 millones correspondieron a jubilaciones y 6,6 millones a pensiones. Esos beneficios movilizaron aproximadamente R$ 135.000 millones mensuales.
Estas cifras permiten comprender la dimensión económica del fenómeno. El dinero de las jubilaciones no permanece simplemente dentro de los hogares: vuelve a circular en supermercados, farmacias, comercios, alquileres, transporte, servicios y pequeñas empresas.
En muchas ciudades brasileñas, especialmente en municipios pequeños, la jubilación o pensión de una persona mayor constituye además una de las principales fuentes de ingresos familiares.
De esta manera, la seguridad financiera de los mayores también sostiene economías locales enteras.
La diferencia entre llegar a viejo con patrimonio o llegar sin reservas
La investigación periodística presentada por Caminhos da Reportagem coloca en evidencia una división que puede pasar desapercibida cuando se observan únicamente los promedios nacionales.
Hay brasileños que llegan a los 60 o 70 años con vivienda propia, inversiones, ahorros, pensión privada y capacidad para continuar trabajando por elección.
Pero existe otro grupo que llega a la misma edad dependiendo exclusivamente de un beneficio mensual y sin reservas suficientes para enfrentar una emergencia.
El secretario Nacional de los Derechos de la Persona Mayor, Alexandre da Silva, resume esa desigualdad al señalar que en el mismo país conviven personas que alcanzan los 80 años con acumulación de recursos financieros, seguridad y salud, y otras que llegan a esa edad prácticamente sin ninguna de esas reservas.
La diferencia comienza mucho antes de la jubilación.
Quien tuvo un salario bajo durante décadas probablemente contribuyó menos al sistema previsional. Quien pasó períodos en la informalidad acumuló menos tiempo de contribución. Quien tuvo dificultades para acceder a educación, empleo formal o crédito barato también tuvo menos posibilidades de construir patrimonio.
Por eso, la desigualdad de la vejez es, en buena medida, la desigualdad de toda una vida convertida en un problema financiero después de los 60 años.
El salario de toda una vida termina reflejándose en la jubilación
Uno de los aspectos destacados en el programa es la relación entre desigualdad racial y jubilación.
La especialista en finanzas Nina Silva, CEO de Movimento Black Money, señala que trabajadores negros y pardos reciben aproximadamente entre 40 % y 45 % menos que trabajadores blancos. Si la jubilación refleja el historial contributivo, las diferencias salariales acumuladas terminan trasladándose también a la etapa posterior de la vida.
El fenómeno muestra por qué no basta con discutir exclusivamente el valor de las jubilaciones.
Una política de seguridad económica para la vejez comienza décadas antes: en la educación, el acceso al empleo formal, la remuneración, la igualdad salarial, la capacidad de ahorrar y la posibilidad de adquirir una vivienda.
Si esos factores fallan durante la vida laboral, la jubilación difícilmente podrá corregir completamente el problema.
El INSS como red de protección
El sistema público tiene una función mucho más amplia que el simple pago de jubilaciones.
La Previdencia Social también protege a familias mediante pensiones, prestaciones por incapacidad y otros beneficios. Para millones de hogares, especialmente los de menores ingresos, el ingreso previsional puede representar la diferencia entre mantener una alimentación básica o caer en una situación de extrema vulnerabilidad.
El Gobierno brasileño fijó para 2026 el techo de los beneficios del INSS en R$ 8.475,55.
Sin embargo, el dato que importa para la mayoría de los jubilados no es el techo, sino el valor efectivamente recibido. La información utilizada por Caminhos da Reportagem señala que el beneficio promedio citado por el Ministerio de Previsión es de aproximadamente R$ 3.207,05, muy por debajo del máximo.
La distancia entre ambos valores muestra que el techo previsional no representa la realidad económica de la mayoría de los beneficiarios.
Cuando la jubilación deja de ser suficiente
Una de las consecuencias de los ingresos limitados es que muchos brasileños continúan trabajando después de alcanzar la edad de jubilación.
Para algunos, trabajar después de los 60 es una elección: desean mantenerse activos, conservar vínculos sociales o continuar desarrollando una profesión.
Para otros, es una necesidad.
El problema aparece cuando el mercado laboral no ofrece oportunidades adecuadas para trabajadores mayores o cuando el envejecimiento se convierte en motivo de discriminación.
La persona puede tener experiencia profesional, conocimiento acumulado y capacidad productiva, pero encontrar dificultades para ser contratada simplemente por su edad.
De esa manera aparece una contradicción: la sociedad necesita que las personas vivan y trabajen durante más tiempo, pero el mercado puede expulsarlas precisamente cuando más necesitan mantener sus ingresos.
El segundo peligro: los golpes financieros
La vulnerabilidad económica también convierte a los adultos mayores en objetivos especialmente atractivos para estafadores.
El crecimiento de las operaciones bancarias digitales, las llamadas telefónicas fraudulentas, los mensajes falsos, las falsas ofertas de crédito y las estafas que utilizan información personal han creado un escenario en el que el patrimonio acumulado durante décadas puede desaparecer en cuestión de horas.
La violencia financiera puede ocurrir incluso dentro de la propia familia.
Uno de los casos presentados por Caminhos da Reportagem es el de la madre del servidor público Flávio Amorim, una profesora jubilada que enfrentaba problemas de salud cuando una hija pasó a vivir con ella y obtuvo acceso al teléfono utilizado para administrar su cuenta bancaria.
Según el relato presentado en el programa, fueron contratados cinco préstamos consignados, generando un perjuicio estimado en R$ 370.000.
El caso es particularmente significativo porque muestra que la violencia patrimonial no siempre comienza con un desconocido que intenta engañar a una persona mayor.
Puede surgir dentro de la propia familia, precisamente en el momento en que la víctima tiene mayor necesidad de apoyo.
La violencia patrimonial ya es un problema nacional
El Ministerio de Derechos Humanos mantiene el Disque 100 como uno de los principales canales nacionales para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos. El servicio funciona las 24 horas y recibe denuncias relacionadas con violencia física, psicológica, negligencia, malos tratos y violaciones patrimoniales contra personas mayores.
El problema ha adquirido tal dimensión que en junio de 2026 el Ministerio de Justicia coordinó la Operação Virtude 2026, destinada específicamente a combatir delitos contra personas mayores.
Entre el 15 y el 29 de junio, la operación registró 542 detenciones y aproximadamente 4.200 denuncias investigadas, movilizando organismos de seguridad pública y entidades asociadas en todo el país.
Esto revela que la protección financiera de los mayores ya no puede considerarse únicamente un asunto familiar.
Es también una cuestión de seguridad pública, justicia, regulación bancaria y derechos humanos.
La educación financiera aparece como una herramienta de prevención
Una de las conclusiones del programa es que la protección económica no depende exclusivamente de aumentar las jubilaciones.
También es necesario enseñar a las personas mayores cómo identificar riesgos financieros, controlar sus cuentas, proteger contraseñas, revisar préstamos y evitar entregar documentos o tarjetas bancarias.
Esto adquiere una nueva dimensión porque los adultos mayores están incorporándose cada vez más al mundo digital.
Según el IBGE, en 2025 el 74,5 % de las personas de 60 años o más utilizó Internet, un crecimiento de 4,4 puntos porcentuales respecto de 2024.
La digitalización tiene un doble efecto.
Por un lado, facilita el acceso a bancos, servicios públicos, compras y comunicación.
Por otro, aumenta la exposición a nuevas formas de fraude.
Por eso, inclusión digital sin educación digital puede producir una nueva forma de vulnerabilidad.
El desafío que viene: una población mayor durante más años
El gran cambio que enfrenta Brasil no consiste simplemente en tener más personas mayores.
Consiste en tener personas mayores durante períodos mucho más prolongados.
Una persona que se jubila a los 60 o 65 años puede vivir otros 20, 25 o incluso 30 años. Ese período debe ser financiado.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cuánto recibe una persona cuando se jubila.
La pregunta pasa a ser cómo garantizar que ese ingreso conserve capacidad de compra durante décadas.
Inflación, gastos médicos, medicamentos, alquileres, alimentación y dependencia pueden consumir rápidamente los recursos de una persona mayor.
Una emergencia médica o una reparación inesperada en la vivienda puede representar un impacto mucho mayor para alguien que vive con ingresos fijos que para una persona que todavía tiene capacidad de aumentar sus ingresos.
La vejez también necesita una política de patrimonio
Durante mucho tiempo, las políticas públicas relacionadas con los mayores estuvieron concentradas en salud, jubilación y asistencia social.
El nuevo escenario exige una agenda más amplia.
La política de longevidad deberá incorporar educación financiera, vivienda, inclusión digital, protección contra fraudes, acceso al crédito responsable, trabajo después de los 60 años, planificación patrimonial y prevención de la violencia económica.
La persona mayor no debe ser vista únicamente como beneficiaria de una política social.
También es consumidora, propietaria, trabajadora, inversora, emprendedora y participante activa de la economía.
Esta transformación conceptual será fundamental para los próximos años.
Antes, ahora y después
Antes, el envejecimiento era tratado principalmente como la etapa final de la vida laboral. La persona trabajaba, se jubilaba y pasaba a depender de una renta relativamente estable.
Ahora, la realidad es diferente. La jubilación puede durar décadas, las familias tienen menos hijos, las redes de apoyo se reducen y la tecnología modifica la forma de administrar el dinero. Al mismo tiempo, las desigualdades acumuladas durante la vida determinan quién llega a la vejez con patrimonio y quién llega dependiendo del próximo pago del INSS.
Después, Brasil tendrá que enfrentar una sociedad todavía más longeva.
Si el país no consigue ampliar la educación financiera, combatir la violencia patrimonial, mejorar las oportunidades laborales para mayores y reducir las desigualdades acumuladas durante la vida, el envejecimiento puede profundizar las diferencias sociales.
Pero si consigue adaptar sus políticas a esta nueva realidad, la longevidad puede convertirse en una ventaja económica y social.
La experiencia de millones de personas mayores representa conocimiento, capacidad productiva, memoria, redes comunitarias y consumo.
El verdadero desafío no es simplemente conseguir que los brasileños vivan más.
Es conseguir que vivir más no signifique vivir con miedo a quedarse sin dinero, ser engañado, depender completamente de terceros o perder la autonomía construida durante toda una vida.
El “reloj financiero de la longevidad” que plantea Caminhos da Reportagem, en definitiva, no mide únicamente cuánto dinero necesita una persona para llegar a los 80 años. Mide algo mucho más profundo: cuánto debe cambiar Brasil para que una vida más larga también pueda ser una vida con dignidad, autonomía y seguridad económica.
Para ampliar la información oficial sobre protección de las personas mayores, el Gobierno mantiene los datos y canales del Disque 100 y el INSS publica regularmente información sobre beneficios y previsión social.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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