Ocho de los nueve imputados por la presunta lesión de confianza vinculada a obras fallidas para la construcción y adecuación de quirófanos del Instituto de Previsión Social (IPS) ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, después de que se presentaran ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia. La causa investiga un supuesto perjuicio de aproximadamente G. 61.000 millones para la previsional paraguaya y mantiene como principal pendiente la situación del expresidente del IPS Vicente Battaglia, quien, según su defensa, deberá ponerse a disposición de la Justicia después de regresar de Italia. La resolución judicial no implica el cierre de la investigación ni determina culpabilidad o inocencia: los procesados continuarán sometidos al proceso penal en libertad y deberán cumplir una serie de obligaciones fijadas por el juzgado.

La decisión adoptada por el juez Estigarribia completa una etapa inicial de la investigación en la que los imputados comenzaron a comparecer ante el Poder Judicial para conocer las medidas cautelares que deberán cumplir mientras avanza la causa. Los tres últimos en presentarse fueron Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Logística y Abastecimiento; Verónica Alexandra Blanco Bogado, exdirectora de Mantenimiento; y Marcelo Rubén Bordón Leiva, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones del IPS. Para los tres, el magistrado levantó las órdenes de detención y estableció libertad ambulatoria.

La medida no significa libertad sin condiciones. Cada uno deberá presentar una caución real de G. 500 millones, además de cumplir obligaciones destinadas a garantizar que permanezcan sometidos al proceso. Entre ellas figura la comparecencia trimestral ante el juzgado, entre los días 1 y 5 del mes correspondiente, para firmar el registro de asistencia.

También deberán mantener actualizados sus domicilios y números telefónicos, informar cualquier salida o ingreso al territorio paraguayo y presentarse cuando sean convocados por el juzgado. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones puede provocar la revocación de las medidas alternativas y el retorno de la posibilidad de una medida privativa de libertad.

La decisión del magistrado se produjo después de que otros cinco procesados ya hubieran obtenido medidas similares. Entre ellos se encuentran Jorge Magno Brítez Acosta, expresidente del IPS; Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento; Juan Manuel Villar López, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta, exdirector de Mantenimiento; y la exasesora jurídica Rosa Concepción Colmán.

Colmán fue inicialmente la primera persona detenida en el marco de esta investigación. El 5 de agosto, el juez Estigarribia le concedió libertad ambulatoria después de que presentara una fianza real de G. 500 millones. La decisión permitió que continuara su defensa en libertad mientras prosigue la investigación por presunta lesión de confianza.

El único pendiente: Vicente Battaglia

Con ocho imputados ya sometidos a las medidas judiciales, la atención se concentra ahora en Vicente Battaglia, quien presidió el IPS durante parte del período investigado.

Sobre Battaglia pesa una orden de detención dentro de esta causa. Su abogado, Jorge Arturo Daniel Sabe, manifestó que el exfuncionario se pondrá a disposición de la Justicia después de regresar al país desde Italia. La defensa sostiene, por tanto, que no existe una intención de sustraerse definitivamente del proceso y que Battaglia comparecerá ante el juzgado para enfrentar las medidas correspondientes.

La situación de Battaglia es especialmente relevante porque su nombre aparece también en otras investigaciones relacionadas con la administración del IPS. En febrero de 2026, un Tribunal de Apelaciones ordenó continuar una investigación diferente sobre un supuesto desvío de más de G. 1,6 billones correspondiente a operaciones realizadas entre 2022 y 2023. En aquella causa, la Cámara cuestionó que la investigación fiscal hubiera sido cerrada sin agotar determinados elementos probatorios señalados por el IPS.

Es importante diferenciar ambas investigaciones. El expediente que actualmente genera las medidas de libertad ambulatoria está relacionado con el supuesto perjuicio de G. 61.000 millones por obras fallidas de quirófanos, mientras que la investigación mencionada por la Cámara se refiere a otro supuesto perjuicio patrimonial, de una magnitud considerablemente superior. Mezclar ambos expedientes podría generar una interpretación incorrecta sobre las acusaciones que pesan contra los distintos exfuncionarios.

¿Qué se investiga en el caso de los quirófanos?

El núcleo de la investigación está relacionado con obras destinadas a mejorar o construir salas de quirófanos del Hospital Central del IPS. Según la imputación, las irregularidades en el proceso habrían provocado un perjuicio estimado en G. 61.000 millones.

La Fiscalía sostiene que determinadas personas que ocupaban cargos relevantes dentro de la estructura administrativa de la previsional habrían tenido participación en hechos que podrían configurar lesión de confianza, una figura penal que, en términos generales, busca sancionar conductas de quienes tienen bajo su responsabilidad la administración o custodia de bienes ajenos y causan un perjuicio mediante determinadas actuaciones.

El proceso todavía se encuentra en una fase en la que deben determinarse responsabilidades individuales. Por eso, que una persona haya sido imputada no significa que haya sido declarada culpable. La imputación constituye una atribución formal dentro de una investigación penal que posteriormente deberá ser sustentada mediante pruebas.

La Fiscalía ya había abierto una investigación más amplia sobre el IPS

La actual causa se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración del Instituto de Previsión Social.

En mayo de 2026, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal y conformó un equipo fiscal para investigar presuntos hechos punibles relacionados con el IPS. La investigación surgió a partir de una denuncia presentada el 13 de mayo y contemplaba inicialmente posibles hechos de lesión de confianza, malversación de fondos y otros delitos que pudieran surgir durante las diligencias.

La Fiscalía designó a los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Silvia González Véster, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, para avanzar en las investigaciones correspondientes.

Este contexto explica por qué las investigaciones relacionadas con el IPS han adquirido una importancia política e institucional considerable. La institución administra recursos destinados a la seguridad social de miles de trabajadores paraguayos y tiene responsabilidades esenciales en materia de jubilaciones, pensiones y atención sanitaria.

El IPS y el impacto sobre los asegurados

El Instituto de Previsión Social no es una institución estatal cualquiera. Su funcionamiento está directamente relacionado con los aportes de trabajadores y empleadores, además de otros recursos destinados a sostener el sistema de seguridad social.

Por eso, cualquier supuesto perjuicio económico dentro de la institución tiene una dimensión que supera la discusión administrativa. Cuando una obra hospitalaria queda inconclusa, presenta deficiencias o genera un perjuicio económico, el problema potencialmente termina afectando la capacidad del sistema para prestar servicios a sus asegurados.

En el caso investigado, la referencia a obras de quirófanos adquiere particular relevancia porque se trata de infraestructura directamente vinculada con la atención médica. Los recursos que eventualmente se hubieran perdido o utilizado de manera irregular representan, desde la perspectiva institucional, fondos que podrían haber sido destinados a infraestructura sanitaria, medicamentos, equipamiento, mantenimiento o atención de pacientes.

La investigación deberá determinar precisamente si existió un perjuicio patrimonial real, cómo se produjo, quiénes tuvieron participación y qué decisiones administrativas fueron adoptadas en cada etapa del proyecto.

La libertad ambulatoria no cierra el caso

La decisión judicial puede generar confusión en la opinión pública porque algunos de los imputados fueron inicialmente objeto de órdenes de detención y posteriormente recuperaron su libertad.

Sin embargo, jurídicamente son cuestiones diferentes. La prisión preventiva o una detención cautelar no constituye una condena, y la libertad ambulatoria tampoco equivale a una absolución.

El juez está obligado a determinar qué medidas resultan necesarias para garantizar que los procesados no se sustraigan de la Justicia, no interfieran con la investigación o incumplan las obligaciones procesales. En este caso, Estigarribia optó por medidas alternativas acompañadas de garantías económicas y obligaciones de comparecencia.

La caución de G. 500 millones por persona busca precisamente proporcionar una garantía patrimonial de sometimiento al proceso. Si alguno de los imputados incumple las condiciones impuestas, el juzgado puede revisar su situación.

Un proceso que todavía tiene muchas preguntas abiertas

Uno de los principales interrogantes será determinar cómo se produjo exactamente el supuesto perjuicio de G. 61.000 millones y qué nivel de responsabilidad corresponde a cada uno de los nueve imputados.

La cantidad de personas involucradas muestra que el caso no se limita a una única decisión. La investigación abarca diferentes áreas administrativas del IPS: Logística y Abastecimiento, Mantenimiento, Unidad Operativa de Contrataciones y Asesoría Jurídica, además de la conducción superior de la institución.

Eso significa que la Fiscalía deberá reconstruir la cadena de decisiones: desde la planificación y contratación de las obras hasta los controles administrativos, los pagos, la ejecución de los trabajos y las decisiones posteriores adoptadas cuando surgieron problemas.

La pregunta central será si existieron simplemente errores administrativos, negligencia, deficiencias de supervisión o una actuación deliberada que haya provocado un perjuicio patrimonial. La respuesta deberá surgir de documentos, contratos, informes técnicos, pericias, declaraciones y otros elementos incorporados formalmente al expediente.

Antes, ahora y después

El antes del caso está marcado por una serie de decisiones administrativas vinculadas con infraestructura hospitalaria que, según la acusación fiscal, terminaron provocando un perjuicio millonario al IPS. La dimensión de la cifra —G. 61.000 millones— convirtió el expediente en uno de los casos de mayor impacto reciente dentro de la institución.

El ahora está definido por una situación procesal clara: ocho de los nueve imputados están sometidos a la Justicia en libertad, con cauciones económicas y obligaciones de comparecencia, mientras permanece pendiente la comparecencia de Battaglia.

El después dependerá de la capacidad de la Fiscalía para demostrar las responsabilidades individuales. Si las pruebas permiten sostener la acusación, el proceso podrá avanzar hacia las siguientes etapas judiciales. Si determinados hechos no pueden ser demostrados, los tribunales deberán adoptar las decisiones correspondientes conforme a la evidencia disponible.

Para el IPS, sin embargo, el resultado judicial será solo una parte del problema. La institución también deberá determinar cómo evitar que una situación similar vuelva a producirse, reforzando los controles de contratación, fiscalización de obras, supervisión técnica y mecanismos internos de transparencia.

El caso, por tanto, no termina con la libertad ambulatoria de los ocho procesados. La verdadera etapa decisiva comienza ahora: establecer qué ocurrió con los G. 61.000 millones, quién tomó cada decisión, dónde se produjo el supuesto perjuicio y si existió una conducta penalmente responsable. Mientras tanto, los asegurados del IPS esperan que la investigación permita determinar la verdad y que cualquier eventual responsabilidad sea establecida mediante pruebas y no únicamente por acusaciones públicas.