𝗘𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗔𝗯𝗲𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗯𝗿𝗶ó 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗷𝗲𝗳𝗲 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗽𝗲𝘁𝘂𝗮 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮, 𝗮𝗹 𝗮𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗻𝗶ñ𝗼𝘀 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿á𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗻𝗮𝘀 𝗺á𝘀 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝘀. 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟳 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗳𝗶𝗿𝗺ó 𝗾𝘂𝗲 “𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆” 𝗰𝗮𝗲𝗿á 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗻𝗶ñ𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗶𝗷𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻 𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗼 𝘂𝗻 𝗻𝗶ñ𝗼 “𝗺𝗲𝗿𝗲𝗰𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗽𝗲𝘁𝘂𝗮”. 𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻, 𝘀𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝗴𝗼, 𝗻𝗼 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼: 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗶𝗯ó 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗯í𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶ó𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗽𝗲𝘁𝘂𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲, 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿á 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝘆 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.

El anuncio tiene como escenario un país donde la violencia sexual contra menores continúa representando un problema de enormes dimensiones. Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que durante el primer trimestre de 2026 se practicaron 3.456 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Dentro de ese universo, 343 correspondieron a niños y niñas de entre cero y cuatro años, con 263 niñas y 80 niños. Las propias autoridades advierten que estas cifras corresponden a casos valorados por el sistema médico-legal y no representan necesariamente el total de delitos cometidos, porque existe subregistro y no todos los casos llegan a judicializarse.

La magnitud del problema también aparece en el ámbito urbano. En Bogotá, entre 2024 y lo transcurrido de 2026, fueron registrados 19.103 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, equivalentes al 48,2 % de todos los casos de violencia reportados contra esa población durante el mismo período. El dato ayuda a explicar por qué la protección de menores se ha convertido nuevamente en uno de los principales argumentos utilizados por sectores políticos que reclaman un endurecimiento de las penas.

Existe además una dimensión menos visible: la explotación sexual comercial infantil. Una investigación del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana contabilizó 22.697 niños y adolescentes afectados por delitos relacionados con explotación sexual comercial entre 2015 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 2.093 víctimas, y casi la mitad tenía menos de 14 años. El fenómeno muestra que el problema no se limita a los delitos sexuales cometidos dentro del ámbito familiar o doméstico, sino que también está relacionado con redes de explotación, pobreza, vulnerabilidad y criminalidad organizada.

El debate actual tiene un antecedente fundamental. En 2020, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01 de 2020, que modificó el artículo 34 de la Constitución para permitir excepcionalmente la prisión perpetua revisable cuando un niño, niña o adolescente fuera víctima de homicidio doloso o de determinadas formas graves de violencia sexual. La norma establecía además que la condena debía someterse a revisión después de un período no inferior a 25 años.

La reforma, sin embargo, no sobrevivió al control constitucional. En la Sentencia C-294 de 2021, la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020. El tribunal consideró que la introducción de la prisión perpetua sustituía un elemento esencial de la Constitución relacionado con el Estado Social y Democrático de Derecho y la dignidad humana. También sostuvo que la medida no era una respuesta proporcional ni suficientemente idónea para garantizar la protección de los menores.

Por esa razón, la situación jurídica actual es muy diferente de lo que podría sugerir el discurso presidencial. La cadena perpetua no está vigente en Colombia. El presidente puede promover una reforma constitucional y utilizar su capacidad política para impulsar el debate, pero no puede establecer por decreto una nueva pena de prisión perpetua. Será necesario tramitar nuevamente una modificación constitucional y, posteriormente, superar el control de la Corte Constitucional. El propio debate ya genera dudas debido al precedente de 2021.

El proyecto político para intentar reabrir esa discusión ya comenzó a tomar forma antes de la posesión presidencial. La representante Nelly Patricia Mosquera, del Centro Democrático, anunció una iniciativa para recuperar el debate sobre la cadena perpetua para agresores y asesinos de menores, después del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba embarazada de ocho meses. Ese caso se convirtió en uno de los acontecimientos que alimentaron la presión política para endurecer las penas.

La propuesta, además, adquiere una dimensión particular porque el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, también ha participado en el debate sobre las penas contra los agresores de menores. La discusión dentro del propio Gobierno no se limita a determinar si las penas deben ser más duras, sino también a establecer cómo combinar castigo, prevención, investigación criminal, protección de víctimas y respeto por las garantías constitucionales.

Hay otro punto que deberá ser definido con precisión: qué delitos quedarían realmente cubiertos por una eventual cadena perpetua. El discurso presidencial habló de quienes atenten contra mujeres y niños, pero una cosa es una declaración política y otra una norma penal. Una eventual reforma tendría que especificar si la medida alcanzaría únicamente homicidios y delitos sexuales contra menores, si incluiría feminicidio, si abarcaría determinados delitos sexuales contra mujeres adultas o si establecería circunstancias agravantes concretas. Cada una de esas opciones tendría consecuencias constitucionales y legislativas diferentes.

El Gobierno también deberá demostrar que el endurecimiento de las penas forma parte de una estrategia de seguridad más amplia y no constituye únicamente una respuesta política frente a casos que provocan indignación pública. Medicina Legal recuerda que sus estadísticas son de carácter forense y que no todos los casos llegan al sistema judicial. Esto significa que aumentar la pena máxima no resuelve por sí mismo problemas como la falta de denuncia, la identificación tardía del agresor, la protección insuficiente de las víctimas, las dificultades de investigación y la demora de los procesos.

El desafío será particularmente complejo porque el propio texto constitucional y la jurisprudencia de la Corte obligan a equilibrar la protección de las víctimas con los principios de dignidad humana y resocialización. La sentencia que anuló la prisión perpetua revisable no negó la gravedad de los delitos contra niños; cuestionó que una pena perpetua fuera compatible con la estructura constitucional colombiana y consideró que existían problemas de proporcionalidad y eficacia.

Ahora comienza la segunda etapa. El presidente De la Espriella deberá convertir una promesa de campaña y una declaración presidencial en un proyecto constitucional concreto, conseguir mayorías en el Congreso y defender la reforma ante la Corte Constitucional. Al mismo tiempo, tendrá que demostrar que su política contra la violencia hacia mujeres y menores incluye prevención, protección, investigación y condenas efectivas, además del endurecimiento de las penas.

Si el Congreso consigue aprobar una nueva reforma, Colombia volverá a enfrentar la misma pregunta que provocó la batalla jurídica de 2020 y 2021: ¿puede una democracia constitucional establecer prisión perpetua para proteger a sus ciudadanos más vulnerables sin afectar los principios fundamentales del Estado de derecho? La respuesta no dependerá únicamente de la voluntad política del nuevo presidente, sino de un proceso legislativo y constitucional que podría convertirse en una de las primeras grandes confrontaciones institucionales de su Gobierno.