En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el gobierno presentó este jueves el primer informe nacional sobre esta problemática y advirtió sobre nuevas modalidades de captación y explotación que reflejan la creciente complejidad del fenómeno en Uruguay. Entre las principales conclusiones se destaca una tendencia que preocupa especialmente a las autoridades: el uso del país como territorio de tránsito por parte de mujeres cubanas que son captadas por redes de trata con destino final en Estados Unidos.
El documento fue presentado durante la reinstalación y primera reunión anual del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas.
Las autoridades señalaron que la trata de personas continúa afectando principalmente a mujeres con fines de explotación sexual y laboral. Sin embargo, el informe advierte un cambio importante: comienzan a detectarse con mayor frecuencia casos de hombres sometidos a explotación laboral, especialmente migrantes.
El fenómeno, según el diagnóstico oficial, se encuentra en crecimiento debido a diversos factores. Entre ellos se mencionan el aumento de las situaciones de vulnerabilidad asociadas a los procesos migratorios internacionales y la expansión de organizaciones vinculadas al crimen organizado que operan en la región.
Uno de los aspectos llamativos fue la identificación de una corriente creciente de mujeres cubanas que utilizan Uruguay como punto de tránsito hacia Estados Unidos. De acuerdo con el informe, estas personas son captadas por redes internacionales que aprovechan su situación de vulnerabilidad y las incorporan a circuitos de explotación.
También se observa una mayor presencia de mujeres migrantes de nacionalidad dominicana, además de otras procedencias, que llegan al país mediante ofertas laborales engañosas o falsas promesas de mejores condiciones de vida. El informe describe realidades muy diferentes entre las víctimas uruguayas y las extranjeras.
En el caso de muchas mujeres uruguayas mayores de 50 años, las autoridades detectaron trayectorias prolongadas de explotación sexual vinculadas a la falta de oportunidades laborales, bajos niveles educativos y antecedentes de violencia o abuso. Según el documento, muchas de ellas no se reconocen como víctimas de un delito, sino que consideran la explotación sexual como la única alternativa para obtener ingresos.
En contraste, las mujeres migrantes, generalmente con mayor nivel educativo, identifican con mayor claridad los mecanismos de engaño y captación que las llevaron a situaciones de explotación, aunque suelen vivir estos episodios con sentimientos de vergüenza y ocultamiento.
Entre las mujeres más jóvenes aparecen otros factores asociados al fenómeno. El informe identifica vínculos con el consumo problemático de drogas, situaciones de calle y redes de narcotráfico.
En algunos casos, incluso, los hijos e hijas de las víctimas permanecen bajo el cuidado de integrantes de las propias redes criminales o son trasladados a los lugares donde ocurre la explotación, profundizando el impacto social de este delito.
Las autoridades también alertaron sobre la creciente utilización de herramientas digitales para captar víctimas.
Las redes sociales, aplicaciones de mensajería y falsas ofertas laborales difundidas por internet se han convertido en uno de los principales mecanismos de reclutamiento, especialmente entre adolescentes y jóvenes que buscan obtener ingresos rápidos.
A ello se suma el incremento del uso de apartamentos privados como lugares de explotación sexual. Las autoridades señalaron además que comienzan a observarse modalidades delictivas cada vez más sofisticadas, como la utilización de criptomonedas para ocultar pagos.
Primer informe nacional
La presidenta de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó que la elaboración del primer informe nacional constituye un paso fundamental para fortalecer las políticas públicas.
Asimismo, informó que el Consejo Nacional trabaja en la reglamentación de diversos artículos de la Ley Nº 19.643 cuya aplicación aún presenta dificultades.
Entre ellos figura la regulación de mecanismos para que los bienes decomisados a las redes criminales puedan destinarse como forma de reparación económica a las personas sobrevivientes de trata. Otro de los desafíos planteados refiere a la definición de respuestas específicas para los hombres víctimas de trata laboral.
El informe también incorpora cifras que permiten dimensionar la evolución del fenómeno. Durante 2025, el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual y laboral de Inmujeres asistió a 37 mujeres, en su mayoría uruguayas y dominicanas mayores de 26 años. El 55% de las usuarias se autoidentificó como afrodescendiente y el 63% de los casos estuvo vinculado a redes internacionales de trata. La modalidad predominante fue la explotación sexual, presente en el 66% de las situaciones atendidas.
A su vez, durante el año pasado fueron imputadas 81 personas por delitos vinculados a la trata de personas, de las cuales 68 eran hombres. Montevideo concentró la mayor cantidad de casos, seguido por Tacuarembó y Rivera, departamentos donde las investigaciones también mostraron una actividad significativa.
No obstante, las autoridades insistieron en que estas cifras representan únicamente los casos detectados por el sistema institucional y judicial.
La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, informó que el organismo registró un incremento del 43% en la atención a víctimas entre 2024 y 2025.
Mientras en 2024 fueron asistidas 37 personas, durante 2025 la cifra ascendió a 53 víctimas, de las cuales 52 eran migrantes. En estos casos predominó la trata con fines de explotación laboral.
Durante la presentación del informe, la subsesecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, anunció una serie de medidas. Entre las acciones se destacan nuevas guías de actuación para funcionarios de la Dirección Nacional de Migración y de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Paralelamente, el Ministerio del Interior puso en marcha una campaña nacional de sensibilización sobre trata de personas y anunció un ambicioso programa de capacitación destinado a formar, hasta 2028, a unos 2.000 funcionarios policiales y administrativos.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó, por su parte, que ya funcionan cuatro dispositivos territoriales itinerantes para atender situaciones de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Artigas, Rivera, Maldonado y Colonia.
Su vicepresidente, Mauricio Fuentes, explicó que estos equipos trabajan directamente en los territorios donde la problemática presenta mayor incidencia y adelantó que el organismo proyecta ampliar la cobertura durante el próximo año.
Asimismo, anunció que el INAU trabaja junto con la OPP en la construcción de un sistema unificado de información que permitirá disponer de estadísticas más completas sobre explotación sexual infantil y adolescente, facilitando el diseño de políticas públicas.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también se informó sobre el fortalecimiento de la capacitación de inspectores y funcionarios para detectar posibles casos de explotación laboral.
Los desafíos pendientes
Las organizaciones de la sociedad civil también participaron de la presentación del informe y reclamaron acelerar la aplicación integral de la Ley de Trata, aprobada en 2018.
Desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se advirtió que persisten importantes diferencias entre el marco legal y su implementación efectiva, situación que limita la protección de las víctimas y dificulta el acceso a la justicia.
Asimismo, alertaron sobre nuevos riesgos derivados del uso masivo de plataformas digitales, el avance de la inteligencia artificial y modalidades emergentes de captación que requieren respuestas normativas y operativas actualizadas.
Publicado por: Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/gobierno-alerta-sobre-nuevas-modalidades-de-trata-de-personas-id202301/
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