El sistema mutual uruguayo atraviesa una de las etapas más delicadas de las últimas décadas. Instituciones intervenidas, servicios de emergencia colapsados, demoras crecientes en la atención, conflictos laborales permanentes y balances financieros cada vez más comprometidos configuran un escenario que ya no puede atribuirse únicamente a problemas económicos. Existe una causa mucho más profunda y menos discutida: la crisis de gobernanza que afecta a buena parte de las mutualistas.
Durante años, el Ministerio de Salud Pública ha concentrado su capacidad regulatoria en indicadores asistenciales, aspectos financieros y cumplimiento de normas sanitarias. Sin embargo, ha dejado prácticamente sin control un aspecto determinante para la salud institucional: la dedicación real y efectiva de quienes tienen la responsabilidad de conducir estas organizaciones.
No es un secreto dentro del sector que numerosos médicos que ocupan cargos de dirección continúan desarrollando una intensa actividad asistencial en varias instituciones al mismo tiempo. Atienden consultas, realizan procedimientos, operan, participan en guardias y mantienen agendas profesionales que consumen la mayor parte de su jornada. La administración de la mutualista queda entonces reducida a reuniones esporádicas, firmas de expedientes y decisiones adoptadas cuando la crisis ya estalló.
La pregunta es inevitable: ¿puede administrarse una institución con decenas o cientos de miles de usuarios dedicándole apenas unas pocas horas por semana?
La respuesta parece reflejarse en la realidad cotidiana. Emergencias saturadas, listas de espera interminables, dificultades para acceder a especialistas, problemas de abastecimiento de medicamentos e insumos, deficiencias en los controles internos y un deterioro progresivo de la calidad de atención son síntomas de organizaciones que, en muchos casos, carecen de una conducción ejecutiva presente y comprometida.
Administrar una mutualista no es una tarea honoraria ni una función que pueda ejercerse entre consulta y consulta. Se trata de organizaciones complejas, con presupuestos millonarios, miles de funcionarios, responsabilidades legales, auditorías permanentes y decisiones que impactan directamente en la vida de cientos de miles de personas.
La realidad demuestra que un excelente médico no necesariamente posee formación en administración hospitalaria, economía de la salud, gestión de recursos humanos o planificación estratégica. La medicina y la gestión son disciplinas diferentes, y confundirlas ha tenido un costo que hoy pagan los usuarios.
El problema adquiere otra dimensión cuando algunos directivos acumulan múltiples cargos, participan simultáneamente en distintos prestadores o mantienen intereses profesionales que pueden generar conflictos entre la función asistencial y la responsabilidad de gestión. Aunque ello no implique necesariamente una irregularidad, sí plantea interrogantes sobre la disponibilidad, la independencia y la capacidad de conducción efectiva.
Resulta llamativo que el Ministerio de Salud Pública, tan exigente al momento de fiscalizar protocolos clínicos o balances financieros, no cuente con normas claras que establezcan una dedicación mínima obligatoria para quienes administran instituciones de salud. Tampoco existen parámetros públicos que permitan conocer cuántas horas efectivamente destinan los integrantes de los directorios y equipos ejecutivos a la gestión cotidiana.
La autonomía de las mutualistas no puede transformarse en un argumento para eludir controles. La autonomía institucional jamás debe confundirse con ausencia de responsabilidades. Cuando una institución administra recursos provenientes del Fondo Nacional de Salud y recibe aportes obligatorios de los trabajadores uruguayos, la sociedad tiene derecho a exigir estándares elevados de gobierno corporativo.
El Estado tampoco puede seguir interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho. Las intervenciones administrativas son la consecuencia del fracaso de los mecanismos preventivos. Si una mutualista llega a ese extremo, significa que durante meses o incluso años hubo señales que nadie quiso ver o corregir.
El Ministerio debería impulsar una profunda reforma en materia de gobernanza sanitaria. Los cargos ejecutivos de máxima responsabilidad deberían requerir una dedicación horaria claramente establecida, mecanismos objetivos de evaluación de desempeño, obligaciones de transparencia respecto a la actividad profesional simultánea y requisitos de formación específica en gestión sanitaria.
No alcanza con ser un médico prestigioso para administrar una organización de esta magnitud. Dirigir una mutualista exige liderazgo, capacidad ejecutiva, planificación, control permanente y disponibilidad casi absoluta. La salud de miles de personas depende de decisiones que no admiten improvisación.
La discusión ya no es ideológica ni corporativa. Es una cuestión de responsabilidad pública. Cada vez que una mutualista entra en crisis, quienes sufren son los pacientes que esperan una consulta, los trabajadores que enfrentan incertidumbre laboral y el Estado, que termina destinando recursos para contener problemas que pudieron haberse evitado.
Uruguay necesita mutualistas fuertes, transparentes y profesionalmente administradas. Y para lograrlo, el Ministerio de Salud Pública debe dejar de mirar exclusivamente los números y comenzar a examinar con la misma rigurosidad quiénes conducen las instituciones, cuánto tiempo les dedican y con qué resultados.
Porque la buena medicina necesita buenos médicos. Pero las buenas instituciones también necesitan buenos gestores. Ignorar esa diferencia ha sido uno de los errores más costosos del sistema sanitario uruguayo.
Publicado por: Maria Arismendi
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/la-crisis-de-las-mutualistas-en-algunos-casos-es-que-se-gestiona-desde-los-escritorios-vacios-id200713/
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