Colombia | Imprenta Nacional rompe el silencio y defiende la validez del nuevo pasaporte colombiano: «No existe prueba concluyente que cuestione su calidad»

Viviana León, gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia

La Imprenta Nacional de Colombia salió al paso de las versiones que ponen en duda la confiabilidad del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia técnica ni jurídica que permita cuestionar la calidad, seguridad o validez internacional de los documentos que actualmente expide el país.

A través de un pronunciamiento oficial, la gerente general de la entidad, Viviana León Herrera, afirmó que la institución no ha recibido de manera oficial el supuesto informe atribuido a la firma Biobank Note, citado recientemente por un medio de comunicación de circulación semanal. Según explicó, esta situación ha impedido que la entidad pueda conocer el contenido del documento y ejercer el derecho a controvertirlo mediante los mecanismos técnicos y jurídicos previstos por la ley.

La funcionaria precisó que las acciones judiciales promovidas por la Fundación Dilo Colombia alrededor del nuevo modelo de pasaporte no han prosperado y que, en las decisiones conocidas por la Imprenta Nacional, los jueces no han acogido las pretensiones formuladas por esa organización.

En ese contexto, sostuvo que el supuesto informe tampoco hace parte de los procesos judiciales conocidos por la entidad ni ha sido sometido a evaluación por parte de las autoridades competentes. En consecuencia, señaló que el documento no puede ser considerado una prueba concluyente ni una verdad definitiva mientras no sea incorporado a un procedimiento en el que pueda ser analizado y sometido a contradicción conforme a las garantías del debido proceso.

La gerente también advirtió que cualquier análisis comparativo entre el actual pasaporte colombiano y versiones anteriores debe considerar que esos modelos fueron desarrollados hace más de una década. Explicó que las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional establecen que los documentos de viaje deben actualizarse periódicamente para incorporar nuevas medidas de seguridad y responder a los crecientes riesgos asociados al fraude documental y la suplantación de identidad.

Asimismo, indicó que el desarrollo de una nueva libreta de pasaporte es un proceso industrial y tecnológico altamente especializado que, en condiciones normales, requiere más de siete meses entre su diseño, fabricación, validación y entrada en funcionamiento. Por ello, aseguró que no existe fundamento técnico u operativo que permita sostener la viabilidad de regresar de manera inmediata al modelo anterior.

La Imprenta Nacional reiteró además un mensaje de tranquilidad sobre la calidad de los pasaportes elaborados en cooperación con la Casa de la Moneda de Portugal, proceso que, según la entidad, cumple con las especificaciones técnicas exigidas y con los estándares internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta la fecha han sido personalizados 213.685 pasaportes ordinarios, 540 ejecutivos, 240 oficiales y 175 diplomáticos. La entidad afirmó que, con la información disponible, no existe evidencia de una afectación generalizada relacionada con la fabricación o personalización de estos documentos que comprometa su aceptación o utilización en el ámbito internacional.

La Imprenta Nacional invitó a los ciudadanos que lleguen a presentar algún inconveniente específico con su pasaporte a reportarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridad competente para verificar y atender este tipo de situaciones particulares.

Finalmente, la entidad señaló que, según la información publicada en el portal oficial de Thomas Greg & Sons de Colombia S. A., esa compañía mantiene una asociación con Biobank Note para el desarrollo de proyectos de sostenibilidad ambiental. Por ello, enfatizó que cualquier documento técnico atribuido a esa organización debe ser evaluado bajo criterios de objetividad, independencia, transparencia y respeto por el debido proceso, sin que su sola difusión sea suficiente para conferirle valor probatorio o sustituya la valoración que corresponde realizar a las autoridades competentes.

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