Internacional 🌍 | Colombia activa un amplio dispositivo de garantías democráticas para las elecciones del 21 de junio

Armando Benedetti, Ministro del Interior de Colombia

Petro y Benedetti moviliza al Estado para blindar la jornada electoral y garantizar el libre ejercicio del voto

A cuatro días de las elecciones del próximo 21 de junio, el Gobierno colombiano expidió un paquete de medidas extraordinarias destinadas a garantizar la participación ciudadana, la transparencia del proceso y el orden público durante la jornada democrática.

El presidente Gustavo Petro, junto con todos los integrantes de su gabinete, firmó el Decreto 0612, una norma que establece reglas especiales para el desarrollo de las votaciones y que introduce disposiciones inéditas relacionadas con el transporte público, la movilidad de los ciudadanos y el uso de dispositivos electrónicos en los puestos de votación.

Uno de los aspectos más destacados del decreto es la obligación para las empresas de transporte público de operar con la totalidad de su capacidad autorizada durante la jornada electoral. La medida busca evitar que vehículos destinados al servicio de pasajeros sean utilizados para actividades políticas particulares que puedan afectar las garantías democráticas.

“El decreto es novedoso. Las empresas de transporte público deben prestar el servicio en las frecuencias y horarios asignados. Lo que históricamente ha ocurrido es que algunas suspenden rutas para alquilar vehículos a campañas políticas, generando distorsiones en el ejercicio democrático”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La norma establece que los sistemas masivos de transporte y las empresas de transporte urbano, rural e intermunicipal deberán operar con el cien por ciento de su capacidad transportadora para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

Otro de los puntos centrales del decreto es la prohibición a las autoridades locales de restringir de manera general la circulación de motocicletas o de motocicletas con acompañante. Según el Gobierno, este tipo de medidas solo podrá adoptarse cuando exista una justificación comprobada relacionada con la preservación del orden público.

Benedetti sostuvo que la motocicleta constituye un medio de transporte esencial para miles de ciudadanos y recordó que la instrucción presidencial busca garantizar que nadie encuentre obstáculos para ejercer su derecho al voto.

La regulación también contempla la aplicación de la ley seca desde las seis de la tarde del sábado 20 de junio hasta la medianoche del lunes 22 de junio. De igual manera, ordena el cierre temporal de las fronteras nacionales desde las seis de la tarde del sábado hasta las seis de la mañana del lunes posterior a las elecciones.

En materia de control electoral, el decreto prohíbe el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y equipos de video dentro de los puestos de votación entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. La única excepción para los ciudadanos será la presentación de la cédula digital ante los jurados de votación.

Los medios de comunicación debidamente acreditados, así como funcionarios de los organismos de control y de la Fiscalía designados para labores de vigilancia electoral, podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada.

Los testigos electorales y observadores autorizados también podrán ingresar con equipos móviles. Sin embargo, su uso pleno solo estará permitido una vez concluya la votación y se inicie el proceso de escrutinio.

El decreto refuerza además las restricciones sobre propaganda política durante el día de las elecciones. Queda prohibida cualquier forma de promoción electoral a través de radio, prensa, televisión, vehículos de publicidad móvil o elementos instalados en espacios públicos.

La norma permite que los votantes porten ayudas personales de pequeño formato para recordar el candidato de su preferencia, siempre que permanezcan fuera de la vista y no constituyan material de propaganda.

Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar una jornada electoral con amplias condiciones de movilidad, seguridad y transparencia, en un proceso que será observado con especial atención por las autoridades y los distintos sectores políticos del país.

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