
Una pista milimétrica, grabada en el plástico de un cordón detonador abandonado en la escena del crimen, resolvió en tiempo récord el mayor enigma del reciente ataque tipo comando en Alto Paraná. La Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron en la mañana de este miércoles a dos eslabones clave del esquema que proveyó el poder de fuego a la banda delictiva. Se trata del explosivista y el administrador de stock de una cantera de Emboscada, cuyo lote de dinamita industrial, adquirido legalmente, terminó demoliendo las estructuras de dos bancos y sembrando el pánico en el este del país.
La investigación dio un giro definitivo tras confirmarse los objetivos precisos del violento asalto perpetrado la madrugada de este martes en Santa Rita. El comando armado sitió la ciudad y concentró su ataque destructivo en las sedes contiguas del Banco Familiar y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Ambas entidades financieras fueron brutalmente dinamitadas por las ráfagas de explosivos. Sin embargo, los delincuentes no lograron completar el plan de destrucción total: en una casa de cambios colindante, que también estaba en la mira del grupo criminal, las autoridades hallaron un potente cargamento de explosivos intactos, cargados y listos, que milagrosamente no llegaron a detonar.
El rastro indeleble de la Dimabel
El hilo conductor que llevó a los investigadores desde el asfalto ensangrentado de Santa Rita hasta las serranías de Cordillera fue un número de serie. Un tramo de cordón detonador que sobrevivió a las explosiones fue analizado minuciosamente por los peritos tácticos. Ese código alfanumérico fue cotejado con los registros de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), arrojando una coincidencia indudable: el material pertenecía a un lote de explosivos industriales comercializado legalmente para la explotación de canteras de piedra en el departamento de Cordillera.
Bajo la coordinación del comisario principal Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones, un contingente policial ejecutó de urgencia una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de Emboscada. Allí se concretó la detención de José Cuevas Yegros, de 56 años, registrado formalmente como el explosivista responsable del manejo de los artefactos, y de Ramón Leonardo Bogado, de 39 años, encargado del control y administración del stock del polvorín.
“Son detenciones muy importantes en esta investigación que está iniciando el Ministerio Público”, declaró el comisario Grance tras culminar los procedimientos en los que se incautaron teléfonos celulares y equipos informáticos para su peritaje forense. Aunque ambos sospechosos negaron ante los intervinientes saber cómo el material salió de su custodia, la Fiscalía maneja dos hipótesis principales: una grave negligencia que facilitó el robo del material o una provisión directa y clandestina al mercado negro de la criminalidad organizada por sumas extraordinarias.
Conexión internacional y el método «Cangaço»
Mientras los técnicos en explosivos comparecen ante la Fiscalía, los peritajes en Alto Paraná siguen aportando datos sobre la composición del comando armado. Cruzamientos de inteligencia criminal confirman que la banda operó bajo la modalidad del «Cangaço Novo«, una estrategia importada del Brasil que consiste en el secuestro temporal de ciudades medianas mediante el uso de armamento pesado y barreras humanas para evitar la reacción policial.
La organización criminal estaría integrada por una alianza híbrida: delincuentes paraguayos que aportaron el conocimiento territorial para las rutas de escape rurales, y soldados de facciones brasileñas con altísima capacitación táctica para el manejo de fusiles de guerra y el cálculo de demolición de bóvedas de seguridad.
Cerrojo militar a la «fuga hormiga»
El hecho de que el cordón detonador utilizado en los ataques de Santa Rita provenga directamente de una actividad minera legalizada en Emboscada encendió las alarmas al más alto nivel del Gobierno paraguayo. Las autoridades admiten que el desvío ilegal en el mercado interno —conocido como «fuga hormiga»— es el principal canal de abastecimiento para el terrorismo urbano en las fronteras.
En respuesta, la Dimabel y las Fuerzas Armadas anunciaron una intervención profunda y obligatoria en todas las plantas extractoras de Emboscada y Arroyos y Esteros. Las nuevas medidas de contingencia incluyen auditorías físicas sorpresivas en los depósitos de explosivos para cruzar los datos de consumo real con las toneladas de roca extraída, la implementación a corto plazo de un sistema de marcaje químico por lotes y la obligatoriedad de que cualquier traslado de gran volumen de gelamón o cordones detonantes cuente de forma estricta con escolta militar directa.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
WOLFGANG A. STREICH
Lic. en Periodismo - Lambaré, Paraguay
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