El proyecto presentado el miércoles por el Poder Ejecutivo promete menos burocracia, más inversión y reducción del costo de vida. Pero entre los 240 artículos, se esconden definiciones clave que determinarán si el beneficio llega al bolsillo de los habitantes de este país o se diluye en su implementación.
Uruguay arrastra desde hace más de un lustro un crecimiento económico anémico, con una inversión que no logra despegar, un sector exportador que enfrenta costos internos crecientes y una pérdida persistente de competitividad frente a sus vecinos. En ese escenario de vacas flacas cualquier promesa de reactivación cae en terreno fértil. El gobierno lo sabe, y por eso presentó su proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida con un despliegue inusual de ministros y un mensaje que combinó diagnóstico y épica. Como dando a entender que después de décadas de reclamos, llegaba la hora de desatar los nudos burocráticos que asfixian a las empresas y alivianar el peso del Estado sobre la canasta familiar.
La iniciativa, un ómnibus de más de 240 artículos, fue anunciada como la respuesta a un modelo que, según el propio gobierno, se había vuelto demasiado lento y caro para competir en el mundo. Pero la coincidencia entre el diagnóstico compartido por las gremiales y la batería de medidas propuestas no alcanza para disipar una inquietud de fondo: ¿alcanza con simplificar trámites y flexibilizar registros para mover la aguja del crecimiento en una economía que enfrenta problemas estructurales mucho más profundos? Con esa pregunta flotando en el ambiente, el proyecto iniciará su recorrido parlamentario.
El proyecto del Poder Ejecutivo promete menos burocracia, más inversión y reducción del costo de vida. Pero entre los 240 artículos y los aplausos, se esconden definiciones clave que determinarán si el beneficio llega al bolsillo o se diluye en la implementación.
Desburocratización: ¿menos trámites o solo trámites distintos?
El capítulo de “agilización” es, a primera vista, un compendio de medidas de sentido común: registros unificados, silencio positivo, notariado electrónico. Nadie discute que un Estado más rápido es mejor. Pero el diablo, como casi siempre, está en el software, parafraseando en castellano del conocido refrán inglés: “el diablo está en los detalles” (“the devil is in the details”). Porque la creación de registros unificados y plataformas digitales requiere inversión en infraestructura tecnológica que el anuncio no cuantifica.
Ya que la diferencia entre una ventanilla única que realmente integra bases de datos y una interfaz bonita que esconde los mismos sistemas inconexos es la diferencia entre un ahorro real y una nueva capa de frustración. ¿Hay presupuesto asignado para la reingeniería de procesos o solo para el front-end? La historia uruguaya está llena de sistemas estatales que nacieron viejos.
El “autodespacho aduanero” merece un párrafo aparte. Que la medida se haya trabajado con la Asociación de Despachantes de Aduana es una señal ambivalente. Puede leerse como un gesto de realismo político para evitar resistencias, o como la garantía de que el sistema mantendrá la dependencia de un intermediario cuyo negocio es, justamente, el trámite. Si el autodespacho requiere igual la firma de un profesional para ser validado, el ahorro para el exportador será marginal y la “revolución” quedará en un cambio de pantalla.
El campo prometido: ¿plataforma salvadora o nuevo elefante blanco?
La plataforma digital para el sector cárnico es uno de los ejemplos más concretos esgrimidos por el ministro Fratti. La promesa es integrar información entre organismos y reducir tiempos de espera. Puesto en números: cada día que un contenedor espera en puerto por un papel cuesta dinero en logística, frío y riesgo sanitario.
Pero la experiencia con sistemas similares en la región obliga a preguntar: ¿quién desarrolla esta plataforma? ¿Se garantiza la interoperabilidad con los sistemas ya existentes en INAC, MGAP y Aduana, o será una isla más en el archipiélago burocrático? Si cada organismo mantiene su propia base y la plataforma solo replica datos, el “ahorro de tiempo” es una ilusión estadística.
El “régimen simplificado para la producción artesanal familiar” —quesos, chacinados, miel— es, en cambio, una medida de alto impacto potencial sin grandes inversiones: solo requiere voluntad regulatoria. Si la habilitación se simplifica manteniendo la inocuidad, se abre un canal de formalización y hasta de exportación de nicho. La pregunta aquí es si los gobiernos departamentales, que suelen tener la última palabra en habilitaciones bromatológicas, se alinearán o ejercerán su autonomía para mantener sus propias barreras.
Mipymes: el sistema gratuito que puede ser un espejismo
La creación de un “sistema gratuito de gestión empresarial” para mipymes suena bien en una conferencia de prensa. En la práctica, desarrollar y mantener un software de facturación, stock y contabilidad que sea usable, seguro y que se actualice con los cambios normativos no es trivial ni barato. Si el Estado no invierte lo suficiente, el resultado será una herramienta lenta y sin soporte que nadie usará, y el anuncio se convertirá en una anécdota.
La ampliación de la vigencia de registros de 5 a 10 años y la eliminación de la traducción obligatoria de documentos son, en cambio, medidas de alivio concreto e inmediato. No requieren plataformas ni grandes inversiones: solo voluntad de simplificar. Son, probablemente, las de efecto más rápido y menos condicionado de todo el paquete.
La “información positiva” para el crédito también merece cautela. Centralizar los buenos historiales de pago es útil, pero no obliga a los bancos a prestar. Si el sistema financiero no ajusta su apetito de riesgo, la plataforma será un repositorio de datos sin consecuencias reales para la mipyme que busca capital.
El “buque insignia”: ¿bajará los precios de los medicamentos?
La medida más ambiciosa —y la de mayor impacto potencial para el costo de vida— es la facilitación de importadores múltiples para un mismo producto sanitario. Hoy, el sistema favorece al primer registrante y desalienta la competencia. Si un segundo actor puede entrar al mercado con un trámite simplificado, la lógica indica que los precios deberían bajar.
Pero el anuncio habla de “flexibilizar la presentación de información técnica”, no de eliminarla. La pregunta clave es: ¿qué barreras concretas se levantan y cuáles se mantienen? Si el fabricante internacional se niega a dar certificados a un nuevo importador para proteger a su distribuidor exclusivo, y el MSP sigue exigiendo ese papel, la competencia no ocurre. La letra chica del decreto reglamentario definirá si esto es una reforma de mercado o un gesto para la tribuna.
Y hay un elefante en la sala: los intereses creados. Laboratorios, distribuidores exclusivos y parte del propio ecosistema sanitario tienen mucho que perder con una competencia real. El trámite parlamentario será el campo de batalla donde se medirá la verdadera vocación del gobierno de enfrentar esos intereses. Si el artículo sobrevive sin descafeinarse, será una señal de poder real. Si se cae o se llena de excepciones, quedará claro quién ganó la pulseada.
Defensa de la Competencia: dientes nuevos, ¿para morder qué?
Darle más autonomía y recursos a la Comisión de Defensa de la Competencia es una buena noticia. Pero la pregunta incómoda es: ¿qué mercados concentrados va a investigar de oficio? El antecedente más fresco no invita al optimismo. Cuando el grupo brasileño Minerva avanzó con la compra de plantas frigoríficas en Uruguay, el debate sobre la concentración en la cadena cárnica estalló en la opinión pública, en las gremiales de productores y en el propio sistema político. Sin embargo, la Comisión no fue el actor determinante que muchos esperaban; la discusión terminó zanjándose más en la arena política que en la técnica. Si un caso de esa magnitud no activó una intervención contundente, ¿qué garantiza que los nuevos dientes se usarán cuando el investigado tenga peso? Uruguay tiene otros mercados con problemas de competencia donde el Estado es socio, regulador o parte interesada. ¿Tendrá la Comisión margen real para investigar la cadena de combustibles o la de los supermercados? O será, como ha ocurrido antes, una autonomía de papel que se activa para mercados pequeños y se inhibe cuando el investigado tiene peso político. Sin señales claras de qué casos piensa tomar de oficio, el fortalecimiento institucional corre el riesgo de ser solo maquillaje.
Veredicto condicionado
La Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida es válida en su diagnóstico. Ataca problemas reales que las gremiales vienen reclamando desde hace décadas. Su foco en la “micro-burocracia” que carcome la rentabilidad empresarial es acertado.
Pero entre la firma del proyecto y el alivio en el bolsillo hay tres filtros que definirán si esto es realidad o un ejercicio de relaciones públicas:
- La reglamentación: el 90% del éxito se juega en los decretos que detallarán cómo se hace cada trámite. Un espíritu desregulador puede ser aniquilado por un decreto que mantenga todas las exigencias con otro nombre.
- La inversión en sistemas: sin plataformas que funcionen, la desburocratización es un powerpoint. Y eso cuesta dinero que el anuncio no menciona.
- La batalla política: las medidas que tocan intereses concentrados —en salud, en aduanas, en comercio— deberán sobrevivir al debate parlamentario. Lo que salga del Legislativo puede ser muy distinto a lo que entró.
Por ahora, el proyecto es una declaración de intenciones con buenos capítulos y preguntas sin respuesta. La película, como siempre, empieza cuando se apagan las cámaras de Torre Ejecutiva.
Redacción
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/economia/la-ley-de-competitividad-bajo-la-lupa-las-preguntas-que-el-anuncio-no-responde/
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