El portal jurídico más influyente de Brasil — Conjur, con más de cuatro millones de lectores mensuales entre abogados, jueces y ejecutivos corporativos — publicó el 1.° de junio un análisis técnico que está siendo ampliamente citado en los círculos de comercio exterior del Mercosur porque resuelve una confusión que muchos exportadores tienen sobre las obligaciones reales que el acuerdo impone. Desde la firma del acuerdo de Asociación y del Acuerdo Comercial Interino en enero de 2026, y de la aplicación provisional del instrumento comercial a partir de mayo de 2026, el tema dejó de ser una hipótesis de planificación para convertirse en una obligación jurídica con plazos y consecuencias concretas. El eje central del análisis es la distinción entre dos tipos de obligaciones que el acuerdo genera: las obligaciones de derecho público, que son las que los Estados asumen entre sí y que se implementan progresivamente a través de normas nacionales; y las obligaciones de mercado, que son las que los operadores privados asumen entre sí como condición de sus contratos comerciales y que comienzan a aplicarse desde el primer embarque bajo el nuevo régimen.
La gobernanza de cadena que el análisis describe requiere que las empresas exportadoras del Mercosur construyan sistemas de verificación de sus proveedores que incluyan: verificación del CAR (Catastro Ambiental Rural) de los predios donde se produce la materia prima; monitoreo geoespacial para confirmar que esos predios no han sido objeto de deforestación ilegal después de diciembre de 2020; verificación de la ausencia de embargos ambientales en los registros del IBAMA; control de superposición con territorios indígenas o unidades de conservación; trazabilidad por lote desde el productor hasta el punto de exportación; y cláusulas contractuales claras de rescisión ante cualquier proveedor que no cumpla con esos requisitos. Para los exportadores que están leyendo esta descripción y pensando que cumplir con todos esos requisitos suena a una tarea hercúlea, la respuesta es que sí: es exactamente eso. No es un procedimiento que puede implementarse en semanas: es un sistema de gobernanza que requiere inversión tecnológica, capacitación de personal, actualización de contratos con proveedores y posiblemente la exclusión de algunos proveedores que no pueden o no quieren cumplir con los nuevos estándares.
La buena noticia es que el plazo del EUDR — el 30 de diciembre de 2026 para grandes operadores — da todavía seis meses para construir esos sistemas, y que las herramientas tecnológicas necesarias ya existen y en algunos casos ya están operativas. La plataforma Agro Brasil + Sustentável del gobierno federal brasileño, las herramientas de trazabilidad del MapBiomas, los sistemas de inteligencia satelital de Embrapa: todo ese ecosistema tecnológico puede ser aprovechado por los exportadores del Mercosur para construir la gobernanza de cadena que el mercado europeo exige. Lo que falta no es tecnología sino voluntad de inversión y claridad sobre las obligaciones. El análisis de Conjur cumple exactamente la función de proporcionar esa claridad: después de leerlo, ningún exportador puede decir que no sabía lo que el acuerdo exigía.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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