DIPUTADOS ARGENTINA DEBATEN EL MERCOSUR: LA COMISIÓN QUE MONITOREA EL BLOQUE Y LO QUE LOS LEGISLADORES DICEN EN COMITÉ

La Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados de Argentina es uno de los organismos menos visibles pero más estratégicamente relevantes para el futuro de la relación entre el gobierno Milei y el bloque regional. La comisión, que sesionó más recientemente el 7 de abril de 2026 para designar sus autoridades — una sesión cuyas actas y materiales están disponibles en el portal parlamentario de la Cámara — tiene la responsabilidad institucional de monitorear los compromisos del gobierno argentino con el Mercosur, examinar la compatibilidad del acuerdo bilateral con Estados Unidos con las normas del bloque y debatir las implicaciones del acuerdo con la Unión Europea para la industria y los consumidores argentinos. El hecho de que la comisión haya dedicado su primera sesión del año a la «designación de autoridades» y no a ninguno de los temas sustantivos que el Mercosur está gestionando en su año más activo de la historia es una señal del grado de atención legislativa que el gobierno argentino está dedicando a la institución regional en el año del 35.º aniversario.

Los diputados argentinos más activos en el debate sobre el Mercosur en las redes sociales y en los medios de comunicación son aquellos que pertenecen a la oposición peronista y kirchnerista, que han hecho del cuestionamiento al acuerdo bilateral Argentina-EEUU uno de sus argumentos centrales contra la política exterior del gobierno Milei. El diputado Gabriel Fuks publicó esta semana en LinkedIn y X sus conclusiones sobre la compatibilidad jurídica del acuerdo con las normas del Mercosur, señalando que «la presentación ante el Parlasur tiene como objetivo garantizar que cualquier acuerdo bilateral que Argentina firme sea transparente en su contenido y compatible con los compromisos que el país asumió al ser parte del bloque.» Su análisis fue rebatido por diputados oficialistas que defendieron el acuerdo como «un ejercicio de soberanía» compatible con la flexibilidad que el Mercosur permite a sus miembros.

La Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados argentina tiene ante sí una agenda pendiente que ninguna de las sesiones realizadas hasta ahora ha abordado de manera exhaustiva. La primera es la revisión del proceso de ratificación del acuerdo Mercosur-UE, cuya aprobación en el Congreso argentino fue notablemente más rápida que la discusión legislativa que el texto mereció en términos de análisis sectorial. La segunda es el debate sobre el acuerdo bilateral con Estados Unidos, cuya compatibilidad con el AEC del Mercosur el Parlasur ya derivó al Tribunal Permanente de Revisión pero que todavía no fue debatido explícitamente en el Congreso argentino. La tercera es la distribución de cuotas del acuerdo con la UE, donde la ventaja competitiva que los frigoríficos argentinos obtuvieron en las primeras semanas de vigencia del acuerdo es un éxito para el sector exportador pero genera preguntas sobre la equidad del proceso de distribución que el Congreso debería examinar. Ninguna democracia puede pretender que sus compromisos internacionales más importantes sean gestionados exclusivamente por el Ejecutivo sin ningún escrutinio parlamentario significativo, y el Mercosur no puede ser la excepción a ese principio básico del Estado de derecho.