Más de un mes de bloqueos mantiene aisladas a La Paz y El Alto, con desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. El gobierno de Rodrigo Paz habla de «la batalla de todas las batallas» y de narcotráfico; el evismo exige su renuncia; Washington activa el «Escudo de las Américas». En medio de todas las consignas, quien paga es la gente común.
Gilson Dantas Carmini Prensa Mercosur · 7 de junio de 2026
Hay un dato que resume la tragedia boliviana mejor que cualquier discurso: una mujer de 24 años con cáncer murió en Oruro porque los bloqueos le impidieron llegar a La Paz a recibir radioterapia. Días antes, un niño de 12 años había fallecido mientras lo trasladaban de urgencia desde Llallagua hacia Potosí, atrapado entre piquetes. Ninguno de los dos militaba en nada. Ninguno eligió morir por una consigna.
Bolivia atraviesa, desde fines de marzo, una de sus crisis más profundas de la última década. Lo que empezó como reclamos sindicales dispersos derivó, según el mapa de conflictividad que elaboró Infobae, en una movilización que alcanzó a siete de los nueve departamentos —con excepción de Beni y Tarija— y que tiene hoy un solo grito unificado: la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, que lleva apenas seis meses en el cargo.
La cifra de muertos varía según la fuente y la fecha, pero ronda entre cinco y siete personas. La mayoría no cayó en enfrentamientos: murió por lo que los bloqueos provocan en cadena. Falta de oxígeno, ambulancias detenidas, tratamientos interrumpidos. El costo no lo está pagando la dirigencia que da las órdenes, sino el ciudadano sin vocería.
La trinchera del gobierno
Para el oficialismo, esto no es un conflicto gremial sino una guerra de supervivencia institucional. Paz lo definió, durante la posesión de su nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, como «la batalla de todas las batallas». En esa misma línea, vinculó parte de las protestas con el narcotráfico: sostuvo que desde zonas productoras de coca se habría financiado movilizaciones contra la democracia, y acusó a allegados al expresidente Evo Morales de alentar la confrontación en El Alto.
El mandatario envió al Parlamento un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción y dar respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas en escenarios de emergencia. Es decir: busca herramientas legales para levantar los bloqueos por la fuerza sin quedar expuesto judicialmente. El propio Paz advirtió que la salida es binaria: o una patria «con el narcotráfico acorralado», o el regreso de «un pasado donde todo vale».
Ese discurso convive con un giro histórico en política exterior. El gobierno de Paz confirmó el regreso de la DEA a Bolivia, con oficinas permanentes en La Paz, tras casi dos décadas de ruptura desde que Morales expulsó a la agencia en 2008. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la cooperación se limitará a inteligencia, capacitación y combate al lavado de dinero.
El caso Marset: lo que la versión heroica omite
Conviene desarmar aquí un relato que circula con fuerza. La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026 en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, no fue obra de la DEA. Fue un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) bolivianas, con intercambio de inteligencia regional aportado por Paraguay y Uruguay.
El mismo ministro Oviedo fue categórico: descartó la presencia de la DEA en el operativo y precisó que su rol se limitó al traslado de Marset a Estados Unidos. La pieza clave fue, paradójicamente, un video que el propio capo había grabado armado, que permitió geolocalizarlo. La lección no es que haga falta una fuerza extranjera para resolver lo que la policía sudamericana no pudo: es que, cuando hubo coordinación regional, la propia policía boliviana lo logró sin un solo disparo.
La trinchera de enfrente
Del otro lado de las barricadas no hay una sola cabeza, y eso explica por qué la idea de «decapitar» el conflicto deteniendo a sus líderes no ha funcionado. Confluyen la Central Obrera Boliviana (COB), conducida por Mario Argollo; la Federación de Campesinos «Túpac Katari», de Vicente Salazar; el movimiento indígena de los Ponchos Rojos; y los sectores leales a Evo Morales. Cada uno arrastra su propia agenda —combustible, salarios, insumos mineros— pero todos coinciden en un punto: que Paz se vaya.
Quienes piden mano dura suelen ignorar un hecho documentado: el gobierno sí emitió órdenes de detención contra dirigentes, y la justicia las dejó sin efecto. Un juzgado de La Paz liberó a Argollo y a Salazar, y la anulación de esas órdenes fue, de hecho, la condición que los movilizados pusieron para sentarse a dialogar. La detención de cabecillas, lejos de apagar el movimiento, ha operado más como combustible de la radicalización.
Los sectores movilizados rechazan, además, tanto el regreso de la DEA como la cercanía de Paz con Washington, que leen como una entrega de soberanía.
La trinchera del medio
No todo es blanco y negro. El excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Morales dentro del MAS, propuso una vía negociada para —en sus palabras— evitar una mayor escalada de violencia. Es la voz que intenta abrir un carril entre los dos extremos, hasta ahora sin eco suficiente en ninguno de los bandos.
La trinchera internacional
La crisis se internacionalizó. Donald Trump activó el «Escudo de las Américas», la coalición lanzada en marzo en Miami que reúne a una docena de gobiernos de la región —Argentina, Paraguay, Ecuador, El Salvador y la propia Bolivia, entre otros—. El bloque condenó «los esfuerzos continuos por derrocar» al gobierno de Paz y vinculó el financiamiento de las protestas con el narcotráfico y el crimen transnacional.
Un documento de la alianza llegó más lejos: advirtió que Washington podría emprender acciones directas si considera que un gobierno no logra contener a las organizaciones criminales. No hay, conviene aclararlo, ningún plan anunciado de invasión a Bolivia. Pero el antecedente regional inquieta: en los primeros meses de 2026 hubo bombardeos estadounidenses contra supuestos refugios narco en Ecuador y operaciones de fuerzas de élite en Venezuela. Analistas lo describen como una reedición moderna de la Doctrina Monroe.
Frente a ese alineamiento, la izquierda continental respondió. El presidente colombiano Gustavo Petro salió a defender a Morales y pidió a Estados Unidos no atacarlo, advirtiendo que una intervención «llenará de sangre a América Latina». La tensión escaló hasta lo diplomático: Bolivia confirmó la expulsión de la embajadora colombiana.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/H/I/AWAdmDTeAyA6EymIQTTg/design-sem-nome-5-.png)
Quien paga la cuenta
Mientras cada trinchera defiende su verdad, la vida cotidiana se desmorona. Los supermercados muestran estantes vacíos. El transporte pesado denuncia daños irreversibles en camiones varados a cuatro mil metros de altura. La Federación Boliviana de Fútbol suspendió el torneo de Primera División. La Cámara Nacional de Industrias proyecta pérdidas millonarias y un año de decrecimiento económico.
Cada bando tiene su relato coherente. El oficialismo defiende la institucionalidad y el realineamiento con Occidente. El evismo defiende la soberanía y la calle. La derecha regional ofrece su escudo; la izquierda continental, su advertencia. Y todos, de buena o mala fe, creen estar del lado correcto de la historia.
Pero entre esas certezas en pugna se cuela una pregunta incómoda que ninguna ideología responde: ¿quién le explica a la familia del niño de doce años, o a la mujer que murió esperando su radioterapia, por qué causa exacta valía la pena cerrar el camino? En la guerra de las trincheras bolivianas, la primera baja no fue una idea. Fue, como siempre, la gente.
Fuentes consultadas para esta nota: Infobae, Reuters, CNN en Español, EFE/Europa Press, La Razón, El Deber, Erbol, Opinión, FmBolivia, La Patria y el Departamento de Estado de EE. UU., además de despachos de las últimas 24 a 48 horas. Las cifras de víctimas son preliminares y están sujetas a actualización.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
- ★Bolivia, rehén de sus propias trincheras: mientras la política se divide, el pueblo entierra a sus muertos
- ★Tensión y denuncias cruzadas marcan la jornada de elecciones internas municipales en Paraguay
- ★7 de Junio: Por qué se celebra hoy el Día del Periodista en Argentina y los desafíos de la profesión
- ★EL MERCOSUR VISTO DESDE EL MUNDO: ANÁLISIS ESPECIAL DEL DOMINGO — DÓNDE ESTÁ EL BLOQUE HOY Y A DÓNDE VA EN LAS PRÓXIMAS TRES SEMANAS
- ★EL MERCOSUR DIGITAL QUE AVANZA: LOS DATOS DEL PRIMER MES DE ACCESS2MARKETS Y LO QUE REVELAN SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACUERDO CON EUROPA
