¿Por qué arde Mogadiscio? La crisis política que sacude a Somalia

Mogadiscio volvió a despertarse con ese sonido que una capital nunca debería reconocer como paisaje: disparos, explosiones, vehículos militares, humo subiendo sobre barrios civiles y familias intentando calcular, en segundos, si conviene quedarse dentro de casa o salir corriendo. Los choques registrados entre fuerzas gubernamentales somalíes y milicias afines a la oposición no son una tormenta caída de un cielo limpio. Son el resultado de una crisis política que se ha ido espesando alrededor del mandato presidencial, las enmiendas constitucionales y la hoja de ruta electoral. Somalia, otra vez, aparece atrapada entre el conflicto armado, la fragilidad institucional y la vieja tentación de resolver con fusiles lo que debería discutirse con urnas, pactos y leyes. Qué cosa tan exótica, por cierto, eso de que la política sirva para evitar la guerra.

Los enfrentamientos estallaron en zonas de la capital como Howlwadaag, Dabka, Mirinaayo y Abdiaziz, con informes de disparos intensos, explosiones y daños en viviendas y vehículos. La oposición acusa al presidente Hassan Sheikh Mohamud de usar fuerzas del Estado contra dirigentes críticos; el Gobierno, por su parte, sostiene que milicias políticamente motivadas atacaron instalaciones policiales y utilizaron armas pesadas en áreas residenciales. Entre ambas versiones queda lo de siempre en Mogadiscio cuando la tensión salta de los comunicados a las calles: civiles asustados, barrios cerrados, rumores veloces y una ciudad que ya conoce demasiado bien el olor metálico de la pólvora.

El detonante inmediato está en una pelea de poder con nombres propios, pero el fondo es más hondo. Hassan Ali Khaire, ex primer ministro y figura de la oposición, denunció un ataque contra su residencia y habló de una operación sostenida contra sus reuniones políticas. Otros dirigentes críticos han denunciado presiones similares o ataques contra espacios de encuentro opositor. El Ejecutivo niega ese marco y describe los hechos como una operación de seguridad frente a milicias armadas. La palabra seguridad, cuando entra en una crisis política con blindados cerca, suele llegar vestida de uniforme y con demasiada prisa.

La escena es especialmente delicada porque los tiroteos se producen antes de protestas convocadas por la oposición y en pleno pulso sobre la legitimidad del poder presidencial. No se trata solo de una discusión jurídica sobre fechas, aunque también. Se trata de quién tiene autoridad para gobernar, bajo qué reglas deben celebrarse las próximas elecciones y hasta dónde puede llegar el Estado cuando una parte relevante de la clase política denuncia que el tablero ha sido inclinado. Somalia vive desde hace años con instituciones frágiles, pero cuando la fragilidad se oye en forma de ráfaga, la política deja de parecer abstracta.

El mandato presidencial, la chispa constitucional y el viejo miedo a la prórroga

La crisis gira alrededor de una cuestión aparentemente técnica, casi de notaría institucional: cuánto dura el mandato presidencial y bajo qué reglas debe organizarse el siguiente ciclo electoral. Pero en Somalia, donde el Estado sigue siendo una construcción incompleta, esa pregunta no es un trámite; es dinamita seca. La Constitución provisional de 2012 fijaba un mandato presidencial de cuatro años. Hassan Sheikh Mohamud fue elegido en mayo de 2022, de modo que sus críticos sostienen que su periodo expiraba el 15 de mayo de 2026. Las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento ampliaron el mandato a cinco años y abrieron el camino hacia un sistema presidencial más fuerte y con sufragio universal directo, una promesa ambiciosa en un país donde el modelo electoral ha sido durante años indirecto, negociado y extremadamente dependiente de equilibrios clánicos y regionales.

Ahí está el nudo. Para el Gobierno, las reformas buscan modernizar el sistema político, ordenar la arquitectura constitucional y avanzar hacia elecciones directas, esa aspiración que en Somalia funciona como horizonte y espejismo: siempre cerca en los discursos, siempre más difícil en el terreno. Para la oposición, el cambio de reglas con el partido empezado equivale a una prórroga del poder, una extensión ilegítima del mandato y una maniobra para condicionar las próximas elecciones desde la presidencia. La palabra que sobrevuela todo es legitimidad. Sin ella, incluso una reforma legalmente aprobada puede convertirse en una cerilla en una gasolinera.

El debate no es nuevo. Somalia lleva años discutiendo cómo pasar de arreglos políticos pactados entre élites, clanes, Estados federados y dirigentes nacionales a un modelo de sufragio universal estable. Sobre el papel, suena impecable. En la práctica, exige seguridad territorial, registros electorales fiables, acuerdos con administraciones regionales, financiación, logística, confianza entre rivales y una autoridad estatal capaz de imponer reglas sin parecer que se impone a sí misma. Un pequeño detalle, casi nada. En un país donde Al Shabab conserva capacidad militar y fiscal en amplias zonas rurales, hablar de voto directo no es solo hablar de democracia; es hablar de quién controla las carreteras, quién protege las urnas y quién puede hacer campaña sin convertirse en objetivo.

La reforma constitucional, además, toca nervios sensibles dentro del federalismo somalí. Somalia no es un Estado compacto, obediente y perfectamente articulado desde la capital. Es una república federal con administraciones regionales de gran autonomía, equilibrios clánicos delicados y una autoridad central que todavía se está construyendo a golpe de acuerdos, crisis y negociaciones internacionales. Concentrar más poder en la presidencia puede ser visto por sus partidarios como una forma de evitar el bloqueo permanente. Para sus detractores, sin embargo, suena a centralización forzada. Y en Somalia, la diferencia entre reforma y abuso depende mucho de quién la mire, desde dónde la mire y con cuántos hombres armados a la espalda.

Khaire, Mohamud y una oposición que ve al Estado como arma política

Hassan Ali Khaire no es un actor secundario que aparece de pronto en una calle caliente. Fue primer ministro entre 2017 y 2020, conoce los pasillos del poder somalí y forma parte de una oposición que acusa a Mohamud de haber cruzado una línea delicada: usar el aparato del Estado para bloquear reuniones, intimidar rivales y desactivar protestas. Sus declaraciones tras los tiroteos fueron duras, acusando al presidente de ordenar ataques contra encuentros políticos y de movilizar fuerzas armadas para silenciar a quienes rechazan su continuidad en el poder. El Gobierno respondió en dirección opuesta: señaló a milicias afines al ex primer ministro por un ataque contra una instalación policial y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad como respuesta a una amenaza armada.

La verdad completa, en una ciudad donde cada facción tiene portavoces, escoltas, redes sociales y memorias de guerra, tardará en asentarse. Pero el hecho decisivo ya es visible: la política somalí ha vuelto a militarizarse en pleno corazón de la capital. Y eso pesa más que cualquier comunicado. Cuando los dirigentes hablan de reconciliación mientras se oyen ráfagas alrededor, el lenguaje público pierde su barniz solemne y muestra lo que hay debajo: miedo, cálculo, desconfianza, supervivencia.

Mogadiscio no es una capital cualquiera en este asunto. Es el centro administrativo del país, el escaparate internacional del Gobierno federal, el lugar donde se concentran embajadas, organismos multilaterales, bases de seguridad y buena parte del músculo político. Que los disparos sacudan barrios céntricos no solo daña viviendas o bloquea calles. También erosiona la idea de que el Estado controla su propio tablero. La imagen de hombres armados avanzando por avenidas urbanas resume mejor que cien discursos la fragilidad somalí: un país que intenta construir instituciones mientras demasiados actores siguen conservando la pólvora como argumento.

En este punto conviene no confundir prudencia con equidistancia cómoda. La prudencia exige esperar datos verificados sobre víctimas, daños y responsabilidades concretas. Pero también permite afirmar algo básico: el uso de armas pesadas en zonas urbanas, sea cual sea el relato de cada parte, coloca a los civiles en una posición intolerable. Un Gobierno puede proteger instalaciones públicas. Una oposición puede protestar y reunirse. Lo que no puede normalizarse es que una disputa sobre elecciones termine convertida en una postal de guerra dentro de la capital. Eso no es democracia turbulenta. Es un Estado con fiebre.

La respuesta internacional: diálogo, contención y ese verbo tan cansado, “urge”

La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Naciones Unidas y otros socios internacionales han reaccionado con llamamientos al diálogo, a la contención y a una hoja de ruta electoral consensuada. No es una fórmula nueva, pero tampoco es irrelevante. Somalia depende en gran medida del apoyo diplomático, financiero y de seguridad de actores exteriores, incluidos socios europeos, Naciones Unidas, Estados Unidos, Turquía, la Unión Africana y países vecinos. La comunidad internacional no gobierna Somalia, aunque a veces la acompaña tan de cerca que parece sostenerle el andamio. Y cuando ese andamio vibra, todos miran hacia arriba.

La preocupación internacional no nace solo del riesgo de una pelea entre Gobierno y oposición. Nace de una posibilidad mucho más peligrosa: que una crisis política en Mogadiscio abra grietas de seguridad aprovechables por Al Shabab, debilite la cooperación entre el Gobierno federal y los Estados miembros, y convierta las próximas elecciones en una competición bajo sospecha. Somalia ha avanzado en algunos terrenos durante las últimas décadas, pero sus avances son como cristal fino: existen, brillan, pero se rompen con facilidad si alguien golpea la mesa.

Los mensajes exteriores piden diálogo, consenso y resolución pacífica. Suenan previsibles, sí. También necesarios. En un país donde las crisis políticas pueden contaminar rápidamente la seguridad, las palabras importan menos por su poesía que por el dique que intentan levantar. El problema es que los diques de comunicados aguantan poco si los actores internos creen que el coste de ceder es mayor que el coste de disparar. Y ahí Somalia vuelve a su laberinto: todos dicen querer estabilidad, pero cada bloque quiere una estabilidad que no lo deje fuera del reparto.

Al Shabab, la amenaza que siempre espera al otro lado de la puerta

Mientras Mogadiscio se consume en disputas políticas, Al Shabab no desaparece del mapa. Al contrario. El grupo yihadista, afiliado a Al Qaeda, sigue siendo la mayor amenaza de seguridad para Somalia y para parte del Cuerno de África. Controla o influye en zonas rurales del centro y el sur, recauda fondos mediante extorsión, organiza ataques complejos, golpea objetivos gubernamentales y mantiene capacidad para proyectar violencia en áreas urbanas y en países vecinos como Kenia y Etiopía. En un país donde la autoridad estatal no cubre todo el territorio con la misma fuerza, el terrorismo no necesita inventar vacíos. Le basta con ocuparlos.

Este punto es esencial. Somalia no tiene el lujo de una crisis institucional limpia, de esas que se resuelven entre tribunales, parlamentos y tertulias irritadas. Cada fractura política tiene traducción militar. Cada desacuerdo entre clanes, regiones o facciones puede abrir una vía para que Al Shabab reclute, infiltre, recaude o ataque. Cuando el Gobierno federal y la oposición se enzarzan en una disputa armada, el grupo yihadista recibe un regalo estratégico: un Estado distraído, una capital nerviosa, fuerzas de seguridad divididas y una narrativa perfecta para vender la idea de que el sistema político somalí es corrupto, dependiente y violento.

La paradoja es amarga. El Gobierno de Mohamud ha presentado la lucha contra Al Shabab como una prioridad nacional, apoyada por operaciones militares somalíes y cooperación internacional. Pero esa campaña exige unidad interna, coordinación con clanes locales, confianza con Estados federados y continuidad operativa. Un pulso abierto con dirigentes opositores en la capital amenaza exactamente esos pilares. No hace falta que Al Shabab gane una gran batalla para beneficiarse. Le basta con que sus enemigos se desgasten entre sí. Es el viejo principio del fuego: no siempre necesita gasolina; a veces le alcanza con que nadie cierre la ventana.

El grupo yihadista ha demostrado durante años una capacidad fría para leer el calendario político. Ataca cuando percibe fisuras, explota rivalidades locales y convierte cada crisis de legitimidad en propaganda. La violencia de Al Shabab no es solo militar; también es administrativa, económica, psicológica. Cobra impuestos ilegales, impone castigos, amenaza a comerciantes y ofrece un orden brutal allí donde el Estado llega tarde o no llega. Por eso la batalla contra el grupo no se gana únicamente con operaciones de seguridad. Se gana con autoridad legítima, servicios públicos, pactos locales y un Gobierno que no parezca más ocupado en sobrevivir políticamente que en proteger a su población.

Somalia no es solo Mogadiscio: un país federal con costuras visibles

Para entender por qué una reforma constitucional puede incendiar tanto, hay que mirar más allá de la capital. Somalia es una república federal construida sobre equilibrios delicados entre el Gobierno central, los Estados miembros, las autoridades locales, las redes clánicas y los actores armados. Puntlandia, Jubalandia, Galmudug, Hirshabelle, Suroeste y otras administraciones tienen grados de autonomía, intereses propios y relaciones cambiantes con Mogadiscio. Somalilandia, en el noroeste, funciona desde hace décadas como entidad separatista de facto, aunque no cuenta con reconocimiento internacional generalizado. El mapa político somalí no es una línea recta; es un tejido remendado muchas veces, con puntadas firmes y otras que se abren al primer tirón.

Por eso la discusión sobre el modelo electoral y la arquitectura del poder presidencial no puede leerse como una pelea de abogados constitucionalistas. Afecta a quién reparte recursos, quién nombra cargos, quién controla fuerzas de seguridad, cómo se integran los Estados federados y qué papel conservan los clanes en la distribución de poder. En sociedades con instituciones muy consolidadas, cambiar de sistema parlamentario a presidencial ya sería un terremoto político. En Somalia, donde la memoria de la guerra civil sigue viva y el Estado no llega con igual fuerza a todo el territorio, ese cambio puede parecer a algunos actores una concentración peligrosa de poder en Mogadiscio.

Mohamud defiende que la reforma permite superar el bloqueo crónico y avanzar hacia una democracia más directa. Sus críticos responden que ninguna modernización democrática puede arrancar con una extensión del mandato discutida y rechazada por una parte relevante del espectro político. Las dos posiciones contienen una intuición real: Somalia necesita salir del atasco institucional, sí, pero necesita hacerlo sin que media clase política sienta que le han cambiado las cerraduras de la casa. La legitimidad no se fabrica solo en el Parlamento. También se construye en la aceptación social, en el pacto político y en la capacidad de los perdedores de reconocer el resultado sin sacar las armas del armario.

Somalia vive bajo la sombra de 1991, el año en que cayó el régimen de Mohamed Siad Barre y el país entró en una larga etapa de colapso estatal, señores de la guerra, hambrunas, intervenciones internacionales, milicias islamistas y fragmentación territorial. Esa historia no debe usarse como tópico cómodo —África, caos, polvo, clichés; el álbum colonial de siempre—, pero tampoco puede ignorarse. La política somalí actual está marcada por esa ruptura. Hay generaciones enteras que han crecido con una idea intermitente del Estado: a veces presente, a veces ausente, a veces protector, a veces amenaza.

La recuperación institucional ha sido lenta, desigual, real en algunos aspectos y frágil en otros. Mogadiscio ha cambiado mucho respecto a los años más oscuros. Hay construcción, comercio, actividad diplomática, restaurantes, universidades, teléfonos móviles, jóvenes conectados al mundo y una sociedad civil que intenta respirar entre controles de seguridad y atentados. Pero también hay barricadas, convoyes armados, miedo a los explosivos, corrupción, tensiones clánicas y una dependencia enorme de la asistencia exterior. Una capital puede tener cafés llenos y seguir siendo vulnerable. La normalidad, allí, a menudo camina con chaleco antibalas.

Civiles en medio: la parte que nunca cabe en los comunicados

Los comunicados políticos hablan de milicias, operaciones, ataques, legitimidad, mandato y diálogo. Pero en los barrios de Mogadiscio la crisis se traduce de otra manera: una ventana rota, un niño que no duerme, una madre que aparta a sus hijos de la pared exterior, un comerciante que no abre, un conductor que abandona el coche, un anciano que vuelve a escuchar sonidos que creía archivados. La violencia urbana tiene esa crueldad concreta. No se queda en los mapas. Entra por las rendijas.

Los informes disponibles hablan de familias que huyeron de zonas afectadas, daños en propiedades y proyectiles cerca o dentro de áreas civiles. Todavía no había un balance oficial completo de víctimas en las primeras horas, lo que exige prudencia. En Somalia, como en tantos escenarios de conflicto, las cifras iniciales pueden moverse como arena. Lo verificable, por ahora, es que hubo combates en barrios habitados y que el miedo civil volvió a ocupar el centro de la ciudad. Eso ya es grave. Muy grave. Un Gobierno tiene derecho a proteger instalaciones públicas; una oposición tiene derecho a protestar; ningún actor tiene derecho a convertir zonas residenciales en tablero de fuerza.

El riesgo humanitario se suma a una situación ya complicada. Somalia arrastra crisis alimentarias recurrentes, desplazamientos internos, sequías, inundaciones, inseguridad y una economía vulnerable. Cada episodio de violencia en la capital añade presión sobre una población que vive, en demasiados casos, al día. Cuando se corta una calle, no solo se interrumpe el tráfico: se bloquea el acceso a hospitales, mercados, escuelas, trabajos, redes familiares. La guerra, incluso cuando dura horas, deja residuos largos.

También hay un daño menos visible: la pérdida de confianza. Cada vez que una crisis política se acerca a los barrios con armas, el ciudadano aprende una lección amarga. Aprende que los acuerdos de arriba son reversibles, que las instituciones pueden temblar, que la seguridad depende de decisiones tomadas lejos de su cocina y demasiado cerca de los cuarteles. Esa erosión cotidiana es difícil de medir, pero decisiva. Un Estado no se rompe solo cuando cae un ministerio. A veces se rompe poco a poco, cuando la gente deja de creer que la ley puede llegar antes que la bala.

Qué puede pasar ahora: negociación, escalada o una paz con alfileres

El escenario inmediato dependerá de tres movimientos. El primero, si el Gobierno y la oposición aceptan una mediación creíble sobre el calendario electoral y las reformas constitucionales. Sin un acuerdo mínimo, cada protesta puede convertirse en una prueba de fuerza y cada operación policial en una acusación de represión. El segundo, si las fuerzas de seguridad mantienen cohesión o empiezan a fracturarse según lealtades políticas, clánicas o personales. Somalia ya conoce ese precipicio. El tercero, si los socios internacionales logran empujar hacia una solución sin alimentar la percepción de injerencia, un equilibrio más fino que coser agua.

La opción razonable sería una pausa verificable de la violencia, garantías para la actividad política pacífica, investigación de los ataques denunciados, compromiso público de no desplegar armamento pesado en áreas civiles y un calendario electoral negociado con actores federales y opositores. Suena sensato. También suena difícil. La política somalí está llena de acuerdos firmados con tinta solemne y aplicados con desgana. Pero incluso una paz con alfileres es preferible a otra ronda de disparos en la capital.

La escalada, en cambio, tendría un coste enorme. Podría multiplicar las protestas, radicalizar a sectores opositores, empujar a más dirigentes a rodearse de milicias, deteriorar la cooperación antiterrorista y ofrecer a Al Shabab una oportunidad de oro para golpear mientras el Estado mira hacia dentro. Mogadiscio no necesita una guerra dentro de la guerra. Somalia tampoco. La pregunta de fondo no es si el país puede soportar otra crisis; lleva décadas soportándolas. La pregunta es cuántas crisis puede soportar antes de que la paciencia social, la ayuda internacional y la arquitectura federal empiecen a crujir a la vez.

Lo ocurrido en Mogadiscio muestra una verdad incómoda: Somalia no solo combate a Al Shabab; combate también contra la desconfianza que corroe su política desde dentro. Los disparos entre fuerzas gubernamentales y milicias opositoras no son un episodio aislado ni una anécdota de víspera electoral. Son el síntoma de un Estado que todavía busca una regla aceptada por todos para repartir poder sin que el perdedor tema desaparecer del tablero.

Hassan Sheikh Mohamud puede defender que las reformas constitucionales abren una etapa de modernización democrática. La oposición puede sostener que esas reformas son una prórroga inaceptable del poder presidencial. Ambas narrativas tendrán seguidores, abogados, portavoces y aliados. Pero la escena de fondo es menos elegante: una capital con humo, civiles encerrados y dirigentes acusándose mutuamente de poner armas donde deberían poner política. Somalia merece algo más que este bucle. No por romanticismo, sino por pura supervivencia nacional. Porque cuando una democracia frágil empieza a discutir sus plazos con artillería de fondo, el calendario deja de ser calendario y se convierte en detonador.

Alessandro Elia

Fuente de esta noticia: https://donporque.com/somalia-vuelve-a-arder/

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