El panorama criminal del Ecuador continúa evolucionando rápidamente como respuesta a la campaña de presión militar impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa. Esta evolución está marcada por la diversificación y fragmentación de las grandes organizaciones criminales y el surgimiento de un número creciente de grupos armados y bandas locales. La respuesta estatal y la adaptación de las estructuras criminales están aumentando la inestabilidad y alimentando un repunte de la violencia en un número creciente de localidades en todo el país.
“La fragmentación de los grupos criminales en Ecuador responde básicamente a conflictos de poder entre las personas que ocupaban mandos medios en los grupos criminales, pero también por ausencia o vacíos del liderazgo, producto del asesinato de sus líderes”, explica a Diálogo Renato Rivera Rhon, investigador senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una red de expertos con base en Suiza que promueve el diálogo global sobre el crimen organizado.
Según el Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), entre 2025 y principios de 2026 el número de grupos criminales activos en Ecuador superó los 48, más del doble en comparación con 2024. Solo en la provincia costera de Guayas, donde se encuentra el puerto de Guayaquil, se registró la presencia de al menos 21 organizaciones criminales, entre ellas Los Chechenos, Los Silenciosos, Los Aviones y Los Purros.
Asimismo, el más reciente de los más de 15 estados de excepción declarados por el Gobierno ecuatoriano entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias refleja la continuidad de la estrategia gubernamental de emplear importantes recursos militares y policiales para enfrentar la inseguridad en el país. Datos preliminares publicados por el Ministerio del Interior indican que los homicidios disminuyeron un 14 por ciento en comparación con los primeros meses de 2025, aunque 2026 ya se perfila como el segundo año más violento registrado en Ecuador.
Paralelamente, grupos armados colombianos activos en las zonas fronterizas también están reaccionando al aumento de las operaciones estatales en estas áreas. Entre ellos figuran los Comandos de la Frontera, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los Comuneros del Sur, disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Oliver Sinisterra, que operan principalmente en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
Para las fuerzas de seguridad, este escenario representa una complejidad operativa creciente. La proliferación de grupos más pequeños y móviles —muchas veces carentes de una estructura jerárquica estable— dificulta la identificación de liderazgos, el mapeo de redes logísticas y el seguimiento de alianzas criminales. Además, la fragmentación acelera las disputas por el control de las rutas del narcotráfico, las extorsiones y las economías ilegales locales, aumentando el número de actores armados que deben ser monitoreados simultáneamente.
Las causas de la fragmentación
Según Rivera, la fragmentación de las organizaciones criminales se aceleró tras la muerte o captura de los principales líderes del narcotráfico ecuatoriano. “La primera se remonta al 2020 con el asesinato del líder de Los Choneros Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña”, afirma el analista.
Una segunda fase estuvo marcada por una serie de hechos de alto impacto, entre ellos el asesinato, en diciembre de 2024, de Benjamín Camacho, alias Ben 10, líder de Los Chone Killers. También influyó la trayectoria de William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, jefe de Los Tiguerones, quien se trasladó a España en 2023, fue detenido en 2024 y posteriormente liberado en 2026 en medio de complicaciones en el proceso de extradición. Asimismo, la extradición a Estados Unidos en julio de 2025 del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, alteró de forma significativa el equilibrio criminal del país.
Los grupos ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros —alineados respectivamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa— fueron designados Organizaciones Terroristas Extranjeras por Estados Unidos en septiembre de 2025.
Según Rivera, “la eliminación de estos jefes criminales ha generado divisiones internas en las bandas e intensificado el conflicto por el acceso y control de las economías ilícitas, particularmente del tráfico de cocaína”. En lugar de debilitar definitivamente a las organizaciones, la decapitación de los liderazgos produjo grupos más fragmentados, flexibles e impredecibles. Cada vacío de poder genera nuevas disputas por el control de los puertos, el microtráfico urbano y las rutas internacionales de la droga.
Los Lobos, dice Rivera, están expandiendo su influencia en barrios urbanos mediante alianzas con redes locales o a través de mecanismos de extorsión vinculados al microtráfico. “En los casos de microtráfico, lo que hacen es empezar a cobrar, les empiezan como para utilizar el nombre”, explica el analista, en referencia a pequeños grupos obligados a pagar para continuar operando.
A diferencia de las organizaciones criminales tradicionales, que son más centralizadas y con una jerarquía clara, las nuevas redes funcionan con células independientes y alianzas temporales, que pueden adaptarse rápidamente a la presión del Estado. Como resultado, cada captura o eliminación de un líder corre así el riesgo de generar nuevos grupos y alimentar ciclos adicionales de violencia.
La expansión de la violencia
Según la Policía Nacional del Ecuador, la fragmentación de las organizaciones criminales se ha convertido en uno de los principales motores de la crisis de seguridad que atraviesa el país. La desarticulación parcial de las grandes bandas no ha reducido la capacidad operativa de las redes criminales; por el contrario, ha multiplicado el número de actores armados en competencia.
La consecuencia directa ha sido un aumento de la violencia. Las nuevas facciones buscan controlar territorios, mercados de microtráfico, rutas de droga y redes de extorsión mediante el uso sistemático de la fuerza. Aunque una parte importante de la violencia sigue concentrándose en la costa —con epicentro en Guayaquil— para 2025 el fenómeno se había extendido a un número creciente de cantones en todo el país. Según datos oficiales, los homicidios en Quito aumentaron un 22 por ciento en 2026.
Esta expansión ha incrementado la inseguridad entre la población, con comunidades cada vez más expuestas a extorsiones, tiroteos y reclutamiento forzado de jóvenes por parte de las bandas criminales.
Según ACLED, Ecuador se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayores niveles de “exposición al conflicto”. En Durán, ciudad con una de las tasas de homicidios más altas del país, con alrededor de 140 asesinatos por cada 100 000 habitantes, la fragmentación de grupos como Los Chone Killers ha contribuido al aumento de la violencia, especialmente entre jóvenes reclutados como sicarios o correos de droga.
“No solo se ve un incremento de los homicidios, sino también un incremento de las masacres, es decir, homicidios múltiples que se están registrando en aquellos lugares de disputa”, afirma Rivera. Según ACLED, en 2025 se registraron más de 300 eventos de homicidios múltiples en el país.
Cooperación internacional y nuevas estrategias
En un contexto marcado por la fragmentación y la diversificación de actividades ilícitas hacia sectores como la minería ilegal y la trata de personas, la cooperación internacional resulta más importante que nunca, dado que las organizaciones criminales ecuatorianas mantienen vínculos con cárteles mexicanos, mercados de cocaína en Estados Unidos y Europa, y redes logísticas en toda las Américas.
La fragmentación y la diversificación también dificultan el trabajo investigativo. Los líderes pueden coordinar operaciones desde el extranjero, utilizar intermediarios locales y mover rápidamente recursos financieros y armas a través de distintas jurisdicciones. Este escenario exige mayor coordinación, intercambio de inteligencia y la capacidad de seguir redes, más que individuos.
En este contexto, la apertura de una oficina permanente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ecuador adquiere una importancia estratégica, al facilitar un mayor intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas y esfuerzos para combatir el lavado de dinero y otros delitos vinculados a las redes criminales transnacionales.
Según Rivera, es necesario golpear las redes económicas, financieras y logísticas que permiten a los grupos criminales regenerarse. “Si es que tú no eliminas o impactas las finanzas de las organizaciones criminales y ese vínculo con el lavado de activos, es muy probable que tú no logres impactar la estructura en su conjunto”.
El desafío no consiste únicamente en capturar liderazgos criminales y contener la violencia inmediata, sino también en generar oportunidades económicas reales para los jóvenes reclutados por las organizaciones criminales e impedir que estas estructuras continúen regenerándose mediante redes financieras, alianzas transnacionales y nuevas formas de control territorial. A medida que la fragmentación continúa redefiniendo el panorama criminal, se requieren respuestas cada vez más integrales —que combinen estrategia, aplicación de la ley, interrupción financiera y cooperación internacional— para enfrentar la evolución de la amenaza.
Publicado por: Laura Solano
Fuente de esta noticia: https://dialogo-americas.com/es/articles/presion-estatal-diversificacion-y-fragmentacion-redefinen-el-panorama-criminal-en-ecuador/
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