EL AGRONEGOCIO DEL MERCOSUR ANTE EL EUDR: LA CARRERA TECNOLÓGICA PARA DEMOSTRAR ORIGEN LIBRE DE DEFORESTACIÓN ANTES DE DICIEMBRE DE 2026

El Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR) tiene fecha de implementación para el 30 de diciembre de 2026 para grandes operadores, y el agronegocio del Mercosur está corriendo contra el reloj para estar listo. Lo que en los primeros meses de 2026 era una preocupación teórica se está convirtiendo en urgencia operativa concreta: los exportadores de soja, carne bovina, café, cacao, palma, caucho y madera que quieran seguir vendiendo sus productos al mercado europeo después de esa fecha deberán demostrar, con documentación verificable y georreferenciada, que sus productos no provienen de tierras que fueron deforestadas después de diciembre de 2020. El EUDR —regulamiento antidesforestación de la UE— fue pospuesto para diciembre de 2026 para grandes operadores y junio de 2027 para pequeños. Exige comprobación de origen libre de deforestación para soja, carne, café y otros productos, pero excluye Cerrado y Pantanal, y enfrenta flexibilizaciones que las organizaciones indígenas y ambientalistas critican duramente. Esta exclusión del Cerrado y el Pantanal de las exigencias del EUDR es uno de los puntos más criticados por las organizaciones ambientalistas brasileñas, que señalan que el Cerrado —el bioma que alberga el mayor frente de expansión de la soja y la carne en Brasil— queda desprotegido por una regulación que paradójicamente busca proteger los biomas tropicales del planeta. La ironía es que la mayor presión sobre los ecosistemas brasileños en los últimos años se ha ejercido precisamente sobre el Cerrado, no sobre la Amazonía, y el EUDR no lo contempla. Prensa Mercosur

Dinaman Tuxá, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), denuncia: «Con esta flexibilización, o con la morosidad en su aplicación, las tierras indígenas y las unidades de conservación están siendo objetivo de la expansión agrícola en la Amazonía y, principalmente, en el Cerrado.» Él denuncia la falta de consulta a los indígenas y las presiones del agronegocio y la minería sobre sus territorios. Estas declaraciones de Tuxá ponen el dedo en la llaga del debate más profundo que el acuerdo Mercosur–UE y el EUDR generan simultáneamente: la tensión entre el crecimiento exportador que ambos instrumentos buscan estimular y la protección de los derechos de los pueblos indígenas que viven en los territorios donde esas exportaciones se producen. El acuerdo Mercosul–UE prometió a los europeos que sus importaciones no vendrían de tierras deforestadas; pero si el EUDR no incluye el Cerrado y no tiene mecanismos de consulta previa a las comunidades indígenas, esa promesa está siendo cumplida de manera parcial e insatisfactoria. Prensa Mercosur

Para el sector productivo del Mercosur, sin embargo, la prioridad inmediata no es el debate político sobre el alcance del EUDR sino la implementación técnica de los sistemas de trazabilidad que el reglamento exige. Brasil está respondiendo a ese desafío con una inversión tecnológica que no tiene precedentes en la historia del agronegocio latinoamericano. El gobierno federal construyó una plataforma satelital —Agro Brasil + Sustentável— para ayudar a los exportadores a cumplir con el EUDR, y varios estados están desarrollando sus propios sistemas complementarios. El agronegocio brasileño, que ya enviaba 22.890 millones de dólares anuales a la UE, gana exención en el 82% de las tarifas con el acuerdo, pero debe demostrar al mismo tiempo que sus productos cumplen con el EUDR. La inversión en plataformas de trazabilidad basadas en inteligencia artificial, georreferenciación satelital y blockchain está creciendo a tasas de dos dígitos en los estados productores más importantes. Prensa Mercosur

Lis Cunha de Greenpeace Internacional señala una debilidad del sistema: «O sea: siempre y cuando los residuos de agrotóxicos en el producto final no sean altos, es permitida la entrada.» Ella critica la base exploratoria del tratado, defendiendo renegociación total para mayor sustentabilidad. Carolina Alves del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) agrega: «Tenemos un proceso de extracción minera en el país que ofrece riesgo», citando las tragedias de Brumadinho y Mariana como ejemplos de lo que puede ocurrir cuando la extracción se prioriza sobre la seguridad y el ambiente. Estas críticas de organizaciones de la sociedad civil no son marginales: representan una corriente de pensamiento cada vez más influyente dentro y fuera de Brasil que cuestiona si el acuerdo Mercosul–UE, en su forma actual, realmente alinea los incentivos correctos para producir una agricultura más sostenible o simplemente legaliza el statu quo con algunas mejoras cosméticas. El EUDR es el mecanismo que debe dar respuesta empírica a esa pregunta: si el reglamento se aplica con rigor y sus exigencias de trazabilidad se cumplen efectivamente, el acuerdo habrá generado un incentivo real para la sostenibilidad; si sus flexibilizaciones se amplían y su aplicación se dilata, será una oportunidad perdida de enorme magnitud. Prensa Mercosur