Tensión en el Mercosur: El dilema hídrico del hidrógeno verde enfrenta a Uruguay y Argentina por la planta de Paysandú

MONTEVIDEO / BUENOS AIRES — El panorama geopolítico y ambiental en la cuenca del Río Uruguay ha entrado en una fase de máxima atención diplomática. Lo que se perfilaba como la mayor inversión privada en la historia de Uruguay —el megaproyecto de e-combustibles de la multinacional HIF Global en el departamento de Paysandú— se encuentra hoy en el centro de un complejo ajedrez binacional. La iniciativa, diseñada para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, ha encendido las alarmas en la provincia argentina de Entre Ríos, reactivando los históricos debates sobre el uso compartido de los recursos hídricos transfronterizos.

Las objeciones técnicas presentadas por asambleas ambientalistas y autoridades municipales de las localidades argentinas de Colón, San José y Liebig se concentran en el impacto hídrico de la planta. Según los informes preliminares de las organizaciones civiles, el proceso de electrólisis industrial demandará volúmenes críticos de agua dulce superficial, lo que en periodos de estiaje prolongado (caudal mínimo del río) podría presionar el ecosistema de las Islas del Queguay, un área natural protegida de alto valor biológico ubicada en la margen uruguaya. Asimismo, el sector turístico entrerriano ha manifestado su preocupación por el impacto visual y la alteración del paisaje ribereño que provocaría una infraestructura industrial de gran envergadúra frente a sus principales complejos de playas.

A diferencia de los diferendos del pasado, la estrategia de la República Argentina se ha encauzado esta vez de forma estrictamente institucional y preventiva. Legisladores de Entre Ríos promovieron una Acción Civil de Prevención de Daños ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, solicitando medidas informativas rigurosas antes del inicio de las obras. En paralelo, la justicia federal ha solicitado informes detallados a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para constatar el estricto cumplimiento del Estatuto de 1975, el tratado internacional que obliga a ambas naciones a notificar y evaluar conjuntamente cualquier obra susceptible de afectar la calidad de las aguas o el régimen del río.

Ante el riesgo de un estancamiento legal, los canales diplomáticos de Montevideo y Buenos Aires se activaron de inmediato. Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron que el gobierno uruguayo y los equipos técnicos de HIF Global evalúan formalmente la relocalización física de la planta hacia predios alternativos dentro del propio departamento de Paysandú. La estrategia contempla desplazar el núcleo del complejo industrial hacia zonas ubicadas más al sur de la planta urbana original, reduciendo el impacto visual sobre las comunidades turísticas de la costa argentina y optimizando el trazado logístico de transporte.

Desde el punto de vista regulatorio, este conflicto marca un precedente para los futuros proyectos del Mercosur, evidenciando que la carrera por la descarbonización global ya no solo se medirá en toneladas de carbono evitadas, sino en la intensidad hídrica de sus procesos. El Ministerio de Ambiente de Uruguay (DINACEA) mantiene bajo estricto análisis los requerimientos de la licencia ambiental definitiva, supeditada ahora a las modificaciones del diseño territorial que la empresa presente para mitigar las tensiones en la cuenca.

El desenlace de las negociaciones en Paysandú será clave para definir el estándar de sustentabilidad de la región. El desafío para ambos Estados radica en demostrar que el Cono Sur puede liderar la producción de las nuevas energías limpias que demanda el mercado internacional, sin comprometer el equilibrio ecológico ni la convivencia política de sus comunidades ribereñas.