La escandalosa liberación con salidas transitorias del homicida Librado Díaz Cabral, alias “Pañal”, quien volvió a caer durante un intento de asalto en Ciudad del Este, empieza a destapar lo que sería un grave esquema de connivencia dentro del sistema de ejecución penal en Alto Paraná. Fuentes judiciales altamente confiables revelaron a periodistas del diario La Clave que la jueza de ejecución penal, Liz Paola Espínola Pérez, y la fiscal de ejecución Liliana Denice Duarte actuarían en contubernio para beneficiar a peligrosos criminales a cambio de supuestas coimas, utilizando para ello mecanismos como redenciones, salidas transitorias y libertades condicionales. El caso de “Pañal” sería apenas uno de varios expedientes sospechosos que salpican a ambas funcionarias.
El ahora reincidente delincuente había sido condenado en el año 2019 a 18 años de prisión por homicidio doloso y portación ilegal de armas, tras asesinar de un balazo en la cabeza a un camionero y posteriormente arrojar el cuerpo al río Paraná. Según la propia sentencia judicial, la pena recién debía quedar compurgada en septiembre del año 2033. Sin embargo, pese a la extrema gravedad del crimen y sin haber cumplido siquiera las tres cuartas partes de la condena, terminó beneficiado con un régimen de salidas transitorias que prácticamente le permitía circular libremente los fines de semana.
Lo más grave del caso es que este tipo de beneficios no dependen únicamente de la decisión de un juez. El procedimiento legal establece claramente que toda solicitud de redención, libertad condicional o salida transitoria debe contar obligatoriamente con intervención y dictamen del fiscal de ejecución penal, quien tiene la función de controlar estrictamente el cumplimiento del régimen progresivo penitenciario y verificar si el condenado reúne realmente las condiciones legales para acceder al beneficio.
FISCAL NO DICTAMINÓ NI
APELÓ Y DEJÓ EL “ARCO LIBRE”
En este caso, surgen fuertes cuestionamientos respecto al papel desempeñado por la fiscal Duarte. Hasta el momento no trascendió públicamente cuál fue su dictamen en la causa de Librado Díaz Cabral, ni tampoco si apeló o cuestionó judicialmente la polémica resolución dictada por la jueza Liz Paola Espínola. Fuentes ligadas al ámbito judicial señalaron a La Clave que existiría un preocupante patrón de conducta entre ambas funcionarias, quienes serían muy cercanas personalmente y actuarían coordinadamente para favorecer a determinados internos.
Las mismas fuentes indicaron además que, en numerosos casos, la fiscal Denice Duarte directamente evita emitir dictámenes contundentes o simplemente no apela resoluciones judiciales altamente cuestionables, permitiendo así que beneficios penitenciarios sean concedidos sin mayores obstáculos. Según las denuncias acercadas a este medio, Duarte solamente actuaría con firmeza en causas donde no existirían “intereses” o “acuerdos económicos” de por medio.
EJEMPLO DE “REINSERCIÓN”
Mientras tanto, la jueza Liz Paola Espínola quedó severamente expuesta luego del comunicado público que emitió intentando justificar la liberación del homicida reincidente. En vez de asumir la gravedad del escándalo, la magistrada presentó prácticamente como un ejemplo de “reinserción” a un sujeto condenado por uno de los crímenes más violentos registrados en Alto Paraná en los últimos años.
El caso vuelve a poner bajo sospecha a sectores de la Justicia que, lejos de proteger a la ciudadanía, terminan favoreciendo a delincuentes extremadamente peligrosos que posteriormente vuelven a las calles para reincidir. La caída nuevamente de Librado Díaz Cabral durante un intento de asalto destruyó completamente el relato de “rehabilitación” instalado desde el sistema judicial y penitenciario.
Fuentes judiciales adelantaron además que existirían otros casos similares donde habrían actuado conjuntamente la jueza Liz Paola Espínola y la fiscal Denice Duarte para conceder beneficios penitenciarios a criminales de alta peligrosidad. Diario La Clave investiga nuevos expedientes que podrían revelar un esquema aún más grave dentro del fuero de ejecución penal de Alto Paraná.
Ante la magnitud de las denuncias, crecen los reclamos para que el nuevo fiscal adjunto de Alto Paraná, Celso José Sanabria, disponga una profunda auditoría sobre la unidad fiscal a cargo de Liliana Denice Duarte, donde —según las fuentes— existirían numerosas irregularidades administrativas y procesales. Del mismo modo, sectores judiciales consideran urgente que la Corte Suprema de Justicia abra un sumario administrativo a la jueza Liz Paola Espínola Pérez por su cuestionada actuación en este y otros expedientes similares.
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Fuente de esta noticia: https://www.laclave.com.py/2026/05/27/jueza-y-fiscala-estarian-confabuladas-para-liberar-a-peligrosos-delincuentes/
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