Con un millón de uruguayos en el Clearing, la diputada Julieta Sierra busca retomar consensos de dos décadas para limitar la usura, facilitar la renegociación de pasivos y evitar que las familias caigan en la informalidad de los “gota a gota”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a tratar un proyecto de la diputada del Frente Amplio (MPP), Julieta Sierra, que busca un mayor control sobre las tasas de interés al mismo tiempo que plantea la reestructuración de deudas. En diálogo con La Mañana, la legisladora sostuvo que existe voluntad de los partidos para que la iniciativa se concrete.
¿Básicamente qué es lo que se busca con esta iniciativa?
El proyecto tomó estado parlamentario hace un par de meses y ya recibió a una delegación del Ministerio de Economía en la Comisión de Hacienda, donde se va a tratar. De esta manera dimos inicio formal a la discusión. El proyecto busca hacer una síntesis de diferentes iniciativas que se han presentado a lo largo de 20 años.
Desde que se promulgó la ley 18.212 en 2007, que define el concepto de usura y marca a partir de qué porcentajes se constituye, se han presentado iniciativas por parte de casi todos los partidos políticos durante estas últimas dos décadas y ninguna ha logrado la aprobación de ambas cámaras. Sentí, como legisladora, que era momento de retomarlo, ya que había voluntad política por parte de diferentes sectores. No quiero que haya una monopolización del tema ni que sea un solo partido el que lo lleve adelante, porque existe interés de todos en avanzar en esta materia.
Lo que se busca es retomar esa discusión, que ya tiene algunos consensos construidos a lo largo de los años, porque esto no arranca ahora. Se pretende tener un control mayor sobre las tasas de interés y bajarlas un poco. Eso se profundizará en la discusión, dado que las tasas varían mucho según el tipo de crédito, pero en general son altísimas. De esta forma intentamos atacar un problema de endeudamiento que tienen las familias uruguayas, mediante una segmentación de las tasas.
¿Qué se plantea sobre la reestructuración de las deudas?
Hay un millón de personas en el Clearing, en un país de tres millones y medio de habitantes. Esa es una cifra altísima. Pensamos que se debe generar un proceso de reestructuración de deudas que permita a la gente ingresar con mayor facilidad. En 2024, cuando se lanzó un programa de reestructuración voluntaria, más de medio millón de personas consultaron si ese programa las abarcaba. Es decir, no falta voluntad de pago. Pero la gran bola de intereses que se genera sobre una deuda impaga torna todo impagable.
Partimos de que quizás un porcentaje de personas no tiene voluntad de pago, pero hay muchísimas familias que sí la tienen, porque la mancha de estar en el Clearing para acceder a diferentes cosas representa un costo muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar beneficios para que la gente pueda cancelar sus deudas. Muchas veces terminan cancelando, pero por montos mucho mayores a los que efectivamente deberían. Y ahí es donde entra la usura y el accionar de las casas de crédito. A la vez se genera una bola de nieve que crece, ya que la gente saca préstamos a tasas altísimas para pagar otro préstamo. Con esa “bicicleta” nunca se puede estar libre de deudas.
¿Cuáles serían los principales actores estatales que estarían involucrados en el tema de la reestructuración?
La Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, junto con los bancos y los acreedores, debe jugar un rol importante, porque muchas veces ofrecen cancelar una deuda por un importe mucho mayor al que debería ser. Y eso tiene que tener un control, que actualmente no está presente. Por eso, este proyecto plantea un proceso de reestructuración mucho más sencillo, donde incluso, en última instancia, si no hay acuerdo entre los acreedores y el deudor, se resuelva por vía judicial definiendo cuánto es lo necesario para la cancelación. Hoy en día ese monto lo pone el acreedor y es algo muy ambiguo.
Debo aclarar que esta iniciativa no va a solucionar un problema estructural, que es mucho más de fondo —el empleo y los bajos salarios—. Pero tenemos que hablar del endeudamiento en Uruguay y nos parece que esta es una buena oportunidad.
Con referencia a la venta de carteras, ¿cuál es su posición? Muchas veces se ha cuestionado los valores que quieren cobrar quienes compran deudas por una fracción ínfima del monto original. Nosotros queremos hablar con mucha transparencia de la venta de carteras en este proyecto. Son estudios jurídicos que compran a muy bajo costo y después terminan cobrando muchísimo más. Lo ideal sería prohibir la venta de carteras, pero esa es una opinión personal. Lo referente a la venta de carteras debe ser un punto de discusión central en la comisión, y esperamos llegar a un acuerdo para que las tasas de interés que cobran no sean tan altas.
¿Dentro del proyecto está incluido algún punto específico con respecto a la venta de carteras?
Lo menciona, pero para mí tiene que mencionarlo mucho más. Debemos también pensar que lo que se está discutiendo a partir del proyecto original tendrá modificaciones. Lo importante era tener un proyecto de ley sobre el cual discutir y ahora arranca la etapa de qué le incorporamos, ya que sabemos que lo presentado no va a ser lo definitivo. Formo parte del oficialismo y no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. Es por eso que me parece que todos los partidos tienen que nutrir el proyecto. Por ejemplo, en lo referido a la venta de carteras, es algo que debe modificarse mediante la discusión y esas son las conversaciones que nosotros arrancamos el miércoles pasado en la comisión.
En este punto, ¿por qué considera que las financieras tratan directamente con estos denominados “estudios jurídicos” o recuperadores de créditos, vendiendo las deudas a una fracción del monto original y no intentan tratar directamente con el deudor?
Es un negocio y muchas veces es un negocio incluso paralelo de raíces muy profundas. Pero lo que no podemos hacer —y por eso hay que tratarlo con mucha seriedad y cautela— es que, por aprobar un proyecto rápidamente, la mayor cantidad de gente que es víctima del hostigamiento de estos “estudios jurídicos” termine fuera del sistema de crédito formal, cayendo en la informalidad, en los denominados “préstamos gota a gota”.
Nosotros queremos ser más duros con las tasas de interés, con las ventas de carteras y con los estudios jurídicos que las compran. Ahora, lo que no podemos hacer es generar una reglamentación que termine expulsando a la gente del sistema de crédito formal. Por eso no es tan sencillo legislar sobre este tema, porque en la informalidad los “gota a gota” están cada vez más presentes en nuestro país y ahí ya no tenemos control ni sobre las tasas ni sobre la coacción que se imponga para cobrar. Entonces, yo puedo tener mi postura prohibicionista sobre la venta de carteras, pero no puedo reglamentar algo que termine generando un efecto colateral que sea expulsar a las personas del mercado formal.
¿Qué se puede tomar del proyecto de reestructuración de deudas que había presentado Cabildo Abierto?
Antes de presentar el proyecto, con uno de los primeros con los que hablé fue con el diputado Álvaro Perrone, en el entendido de que Cabildo Abierto ha mostrado interés en reiteradas ocasiones por este tema. Y hemos seguido teniendo conversaciones, ya que mi interés es que el proyecto salga. Ahora entramos en una etapa donde vamos a recibir diferentes delegaciones y después será la negociación sobre modificaciones, pero con el diputado Perrone particularmente tenemos un buen canal de diálogo para conversar. No solo el diálogo es con Cabildo Abierto, sino también con todos los partidos y existe buen relacionamiento.
¿Qué impresión le dejó la presencia de la delegación del Ministerio de Economía en la comisión? El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, nos informó que se había conformado un equipo de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central para tratar este tema y que lo están tomando con mucha seriedad, como una prioridad. Eso me parece fundamental. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el apoyo del Ministerio de Economía, en el entendido de que son quienes luego van a reglamentar lo que nosotros legislemos y controlar, ya que estarán involucrados el Banco Central con las tasas de interés o el MEF con la Unidad de Defensa del Consumidor y los procesos de reestructuración de deudas. Noté una seriedad y una prioridad de trabajar. Este acompañamiento desde el Poder Ejecutivo me da la tranquilidad de que se está trabajando con seriedad para que por fin salga algo después de 20 años.
¿Para cuándo espera que se apruebe el proyecto en Diputados y en el Senado?
Considero que la aprobación será después del tratamiento de la Rendición de Cuentas que ingresa en junio. Hay muchas asociaciones y organizaciones sociales anotadas para concurrir a la comisión a dar su opinión sobre el proyecto. Hay asociaciones que nuclean a las casas de crédito, sindicatos como AEBU, representantes de los bancos, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, la organización de defensa de derechos de consumidores y usuarios y la Asociación Uruguaya de Cobranzas, entre otros, ya que se siguen sumando. También catedráticos por la parte jurídica y el Poder Judicial. Esto lleva a que el trabajo de la comisión se alargue, pero no podemos legislar a puertas cerradas sin conocer otras opiniones. Pienso que se puede llegar a aprobar en septiembre u octubre. En el caso del Senado, la idea es ir informando a los senadores del Frente Amplio sobre el estado del tratamiento y las modificaciones, de tal manera que cuando llegue al Senado no se tenga que arrancar de cero. Mi intención y deseo es que este proyecto esté aprobado en su totalidad por ambas cámaras antes de fin de año. Trabajaremos para lograrlo.
César Barrios
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/politica/frente-amplio-impulsa-control-de-tasas-de-interes-y-reestructuracion-de-deudas-para-aliviar-el-endeudamiento-familiar/
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