Colombia | “Los bienes de la mafia, unos a la reforma agraria, otros a subasta pública” : Abraham Katime, gerente de Activos por Colombia

Petro sale en defensa de la SAE y acusa a Semana de convertir en escándalo la recuperación de bienes de la mafia

Gerente de Activos por Colombia, Abraham Katime- Imagen WEBP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó con dureza el más reciente artículo publicado por la revista Semana, al considerar que el medio intenta convertir en un escándalo político lo que, según el mandatario, representa una transformación histórica en la administración de los bienes incautados al narcotráfico y a las estructuras criminales del país.

La controversia surgió tras la publicación de un informe en el que se pone bajo sospecha un convenio firmado entre la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y la empresa Activos por Colombia, plataforma encargada de acelerar los procesos de comercialización de inmuebles decomisados a la mafia. El artículo centra parte de sus cuestionamientos en la participación política de Abraham Katime, gerente de la compañía, por su cercanía y respaldo público al dirigente del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sin embargo, desde el Gobierno y sectores cercanos a la SAE consideran que el enfoque del reportaje desvía la atención del verdadero debate de fondo: el destino de miles de bienes que durante años permanecieron improductivos, abandonados o bajo control de redes clientelistas enquistadas en el Estado.

“Ahora la Revista Semana intenta convertir en escándalo lo que en el fondo es un debate político legítimo”, expresó el presidente Petro. “Lo que incomoda a algunos no es el apoyo político en sí, sino que Iván Cepeda y otros actores respalden que la SAE deje de ser una bodega eterna de bienes incautados y empiece a transformarlos en recursos productivos para el país”.

Las declaraciones del jefe de Estado reabrieron una discusión que ha acompañado durante décadas a la entidad encargada de administrar los activos decomisados al crimen organizado. En gobiernos anteriores, numerosos bienes terminaron convertidos en símbolo de privilegios políticos, repartidos entre sectores cercanos al poder o utilizados discrecionalmente, episodios que incluso llegaron a ser objeto de escándalos públicos y grabaciones ampliamente difundidas en el país.

En contraste, la actual administración sostiene que el objetivo es reducir el gigantesco inventario de bienes improductivos y convertirlos en herramientas para la reforma agraria, proyectos sociales y subastas públicas transparentes.

Desde Activos por Colombia, Abraham Katime respondió a la polémica con una frase que rápidamente comenzó a circular en sectores políticos y redes sociales: “Les ayudo con un titular: los bienes de la mafia, unos a la reforma agraria, otros a subasta pública”.

El directivo aseguró que el temor de ciertos sectores radica en que la política impulsada por el Gobierno busca dejar en cero el histórico inventario de activos congelados durante años. “Es a eso a lo que le temen”, afirmó, al defender la estrategia de monetización y aprovechamiento social de los bienes administrados por la SAE.

La Sociedad de Activos Especiales también rechazó las insinuaciones de irregularidades y explicó que Activos por Colombia no opera como un contratista externo tradicional, sino como una herramienta societaria vinculada directamente al esquema institucional del Estado colombiano. Según cifras oficiales, la plataforma ha permitido avanzar en procesos de comercialización y subastas que ya superan los 100.000 millones de pesos.

La entidad recordó además que los recursos obtenidos benefician a más de 40 organismos públicos, entre ellos la Fiscalía, la Policía Nacional, la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Mientras el debate político crece, desde el petrismo sostienen que parte de la controversia mediática responde al impacto que tendría desmontar décadas de manejo opaco sobre los bienes de la mafia. Para el Gobierno, el verdadero escándalo no sería que funcionarios o contratistas expresen posiciones políticas, sino que durante años enormes fortunas decomisadas al narcotráfico permanecieran improductivas o terminaran favoreciendo intereses particulares.