Proyecto González: cuando la “vivienda digna” puede volverse un arma de exclusión
El proyecto de Gustavo González modifica una norma de 2021. El sector inmobiliario advierte que la medida reduciría las opciones más accesibles para jóvenes y hogares unipersonales.
Cuando el senador socialista Gustavo González presentó su proyecto para prohibir de hecho los monoambientes de menos de 35 m², dijo: “de lo que se trata es de que acá se está violentando la vida de la gente a precios inconcebibles, haciendo vivir a un cristiano en 25 metros cuadrados”. Frases como esa seducen a cualquiera que defienda el derecho a una vivienda decorosa, consagrado en el artículo 45 de la Constitución. Pero basta rascar un poco la superficie de esta iniciativa para descubrir que, lejos de proteger a los sectores vulnerables, los condena a pagar alquileres más altos, reduce sus opciones de independencia y alimenta un paradigma de “dignidad” clasista y excluyente.
Lo que la norma dice y lo que calla
El proyecto de ley, ingresado al Senado el 7 de mayo de 2026 con la firma de la bancada del Frente Amplio, propone modificar el artículo 18 de la Ley Nacional de Vivienda (N° 13.728). En concreto, busca elevar de 25 a 35 metros cuadrados la superficie mínima habitable para cualquier unidad nueva y exige que toda vivienda tenga “al menos un dormitorio separado”. En la práctica, esto elimina la tipología monoambiente del mercado formal.
González se escuda en que el estándar de 35 m² no es un invento suyo, sino un “regreso” a la Ley de Vivienda de 1968, reducido en la Rendición de Cuentas de 2021 para “favorecer el desarrollo de unidades de apenas 25 metros cuadrados”. Sin embargo, esa apelación al pasado omite que el Uruguay de 1968 —con una estructura demográfica de familias numerosas y un mercado inmobiliario rígido— guarda poca semejanza con el país de 2026, donde los hogares unipersonales y monoparentales son la norma en amplias franjas urbanas.
En su exposición de motivos, el senador socialista cita la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La retórica de derechos humanos es impecable; el problema es que la realidad desmiente el argumento: eliminar el escalón más accesible del mercado inmobiliario no amplía derechos, los restringe.
Una batería de intervenciones que revela desconfianza en el mercado
Este proyecto no es una iniciativa aislada. Forma parte de una serie de propuestas intervencionistas que González ha impulsado desde su banca en el Partido Socialista. El mismo senador ha anunciado un proyecto para regular los precios de los alquileres con criterios de “zonas y topes de ingreso”, con el objetivo explícito de “frenar aumentos desmedidos”.
La coherencia ideológica de González —ex secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)— es evidente: desconfía del mercado y busca corregirlo por decreto. Pero la acumulación de intervenciones —regular alquileres, fijar metrajes mínimos, condicionar exoneraciones fiscales— configura un enfoque que, lejos de resolver el déficit habitacional, introduce distorsiones en cadena. El mercado inmobiliario no es un fin en sí mismo; es un medio para que miles de uruguayos accedan a una vivienda. Y cuando se lo interviene sin considerar sus dinámicas, los primeros perjudicados son los que se dice defender.
Los datos que el proyecto prefiere ignorar
Si el problema fueran solo los monoambientes de lujo en Pocitos, la indignación de González encontraría menos resistencia. Pero los datos del mercado desmienten que este sector sea homogéneo. Un relevamiento de InfoCasas —con más de 15.000 usuarios encuestados— indica que el 79% de los inquilinos de monoambientes vive solo; por edades, un 38% tiene entre 18 y 32 años y un 5% son mayores de 60. En paralelo, los monoambientes representan apenas el 10% de las unidades construidas bajo el régimen de vivienda promovida.
Si la iniciativa se aprobara, el efecto sería inmediato: como el alquiler promedio de un monoambiente ronda los 22.000 pesos frente a los 27.500 de un apartamento de un dormitorio, la eliminación de esta tipología implicaría un incremento automático de al menos el 25% en el costo de acceso a la vivienda. Javier Ache, gerente comercial de InfoCasas, advierte que “el impacto es aún mayor si se consideran los gastos comunes, que también tienden a aumentar en unidades de mayor tamaño”.
Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), fue más allá al señalar que la propuesta “podría afectar especialmente a quienes necesitan opciones de menor costo”, ya que hoy “se pueden encontrar monoambientes desde 16.500 pesos más gastos comunes, demandados por estudiantes o trabajadores jóvenes”. La propia CIU criticó que “la discusión no debería centrarse en valoraciones subjetivas sobre la forma de habitar, sino en criterios técnicos y evidencia demográfica”.
El mismo gobierno que dice no promoverlos, ahora quiere prohibirlos
Uno de los aspectos más reveladores de este debate es la tensión interna dentro del oficialismo. Si la iniciativa de González fuera solo una “excentricidad” de un sector del Frente Amplio, no merecería mayor atención. Pero el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) ya venía marcando la cancha.
El subsecretario Christian Di Candia afirmó que “es muy difícil que una familia o que una persona piense a mediano y largo plazo un proyecto de vida en un monoambiente” y que “esta tipología no será promovida como parte de la política habitacional futura”. La ministra Tamara Paseyro intentó matizar: “solo el 10% de las unidades construidas por la ley de vivienda promovida son monoambientes y no se apuesta a ellos”. Pero el proyecto de González va mucho más allá: no busca “no promoverlos”, sino prohibirlos. La diferencia entre una cosa y la otra es la que existe entre orientar incentivos y eliminar por ley una tipología que hoy representa la puerta de entrada al mercado para miles de jóvenes, adultos mayores y hogares unipersonales.
Si el MVOT considera que el Estado no debe fomentar monoambientes mediante exoneraciones, eso es una decisión de política habitacional legítima. Pero prohibirlos es otra cosa: es excluir del mercado formal a quienes hoy encuentran en ellos una opción accesible.
El tiro por la culata: menos oferta, precios más altos, demanda desviada
La dinámica es previsible y ha sido señalada por múltiples actores del sector. Fabián Kopel, desarrollador inmobiliario, sostiene que “los monoambientes contribuyen a descomprimir la demanda sobre los apartamentos de un dormitorio al ampliar la variedad de tipologías disponibles. En caso de eliminarse, parte de esa demanda se trasladaría a unidades de mayor tamaño, lo que podría generar una mayor presión sobre los precios”. El mercado, sencillamente, absorbería la restricción por otra vía, encareciendo el acceso general a la vivienda.
González sostiene que la vivienda promovida ha beneficiado a un “gran negocio inmobiliario” que no ha reducido el déficit habitacional. Pero prohibir los monoambientes no resolverá ese problema: simplemente trasladará la demanda hacia tipologías más caras, afectando precisamente a los sectores que el legislador dice defender.
Desde la oposición, el senador nacionalista Rodrigo Blás fue contundente: “En un país con un enorme déficit de vivienda y graves problemas de acceso a la misma, al FA se le ocurren ideas para empeorar ambas situaciones. Totalmente de espaldas a la realidad y, por supuesto, siempre limitando libertades”. La crítica, más allá de su tono, apunta a una contradicción central: frente a un déficit habitacional que el propio González reconoce, la solución es más oferta diversa, no menos.
Una “dignidad” que excluye
La posición de González encierra una paradoja: mientras el Senado debate su proyecto, el propio MVOT impulsa un Plan Quinquenal de Vivienda que proyecta inversiones por 705 millones de dólares. La pregunta es si el país quiere destinar esos recursos a construir viviendas para los sectores que realmente las necesitan —asentamientos, cooperativas, sectores medios bajos— o a elevar el estándar mínimo de toda vivienda nueva para que solo una franja acomodada pueda acceder a ellas.
La ironía no es menor: el senador González, proveniente de FUCVAM, se ha formado en una tradición que históricamente defendió la vivienda popular. Sin embargo, su proyecto termina alineado con una concepción elitista de la “dignidad”, donde solo se considera aceptable un piso de 35 m², y quien no puede pagarlo queda excluido de la vivienda formal. En un país con más de 650 asentamientos irregulares, prohibir los monoambientes no es defender a los vulnerables: es cerrarles una puerta.
Redacción
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