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El Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional se permiten informar a la opinión pública sobre los recientes acontecimientos relacionados con miembros de la comunidad Embera Katío que adelantan acciones de hecho en las instalaciones de Bancol y el BIP, en la ciudad de Bogotá.
Desde hace aproximadamente quince días, un grupo de familias Embera Katío asentadas en la UPI Florida —integrado en su mayoría por mujeres, niños, niñas y adolescentes— ha mantenido bloqueadas las oficinas del Ministerio del Interior en la sede Bancol. En el marco de estas acciones, la comunidad solicitó la instalación de diversas mesas de trabajo orientadas a abordar temas relacionados con la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia, alternativas de desarrollo económico, procesos de retorno, reubicación o permanencia en la ciudad, así como el fortalecimiento de los mecanismos de atención humanitaria.
En atención a estas solicitudes, el Ministerio del Interior, en su calidad de entidad articuladora del Estado y garante de derechos, convocó e instaló espacios de diálogo los días 16, 17, 20 y 21 de abril, con la participación activa de entidades del orden nacional y distrital. Estos espacios se desarrollaron bajo principios de buena fe, escucha activa y disposición institucional, con el propósito de construir soluciones integrales, sostenibles y respetuosas de los derechos de la comunidad.
Durante el desarrollo de las mesas, se evidenció una variación en las solicitudes iniciales por parte de la comunidad, que pasó a concentrar sus demandas principalmente en el cambio de albergue. En este contexto, se registraron bloqueos reiterados a las instalaciones del Ministerio, así como situaciones de tensión que incluyeron agresiones contra servidores públicos, afectando el normal funcionamiento de la entidad y la atención a la ciudadanía.
El 28 de abril, los voceros de la comunidad decidieron retirarse del proceso de diálogo, señalando que su única exigencia era el traslado a un nuevo albergue y manifestando su negativa a retornar a la UPI Florida. Frente a esta solicitud, las entidades del Gobierno expusieron alternativas viables dentro del marco institucional y legal, incluyendo la posibilidad de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) disponga de algunos inmuebles. No obstante, se explicó que dicha opción requiere que la administración de los bienes sea asumida por una entidad pública o una organización con personería jurídica, y que los procedimientos correspondientes implican tiempos estimados entre tres y seis meses. Esta propuesta fue rechazada por los manifestantes, quienes insistieron en una solución inmediata.
Ante la falta de acuerdo, la mesa de diálogo propuso convocar una sesión del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) como instancia adicional de coordinación institucional. La comunidad solicitó que esta reunión se realizara el mismo día; sin embargo, dadas las limitaciones logísticas, no fue posible atender esta solicitud en los términos planteados. Como consecuencia, los voceros se retiraron nuevamente del espacio de diálogo y procedieron a bloquear las instalaciones, situación que posteriormente fue superada mediante gestiones de mediación.
El 29 de abril, nuevos grupos de la comunidad Embera Katío se sumaron a las acciones de protesta, generando bloqueos adicionales tanto en las instalaciones como en sus vías de acceso, lo cual ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento institucional y en la movilidad del sector.
Frente a estos hechos, el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional reiteran su compromiso indeclinable con la garantía y protección de los derechos fundamentales, en especial de los pueblos indígenas, reconociendo su diversidad cultural y su especial protección constitucional. No obstante, expresan su profunda preocupación por la exposición de niños, niñas y adolescentes a condiciones de riesgo, al permanecer en la vía pública en el marco de estas acciones, pese a la oferta institucional permanente de la Secretaría Distrital de Integración Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), orientada a salvaguardar su bienestar y garantizar sus derechos.
En este sentido, el Gobierno Nacional considera que no se justifica el recurso a vías de hecho, particularmente cuando se han mantenido abiertos canales permanentes de diálogo, concertación y atención institucional. Las entidades del orden nacional y distrital han concurrido de manera articulada, presentando una oferta amplia de servicios y alternativas que buscan dar respuesta a las necesidades de la comunidad dentro del marco de la legalidad y la sostenibilidad.
Asimismo, se reitera el llamado urgente a priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo su acceso inmediato a las rutas de atención y protección dispuestas por el Estado.
Finalmente, el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional reafirman su respeto por el derecho a la protesta pacífica en los términos establecidos por la ley. Sin embargo, enfatizan que este derecho no puede ejercerse en detrimento de los derechos de terceros. Las acciones registradas han afectado a más de 1.200 ciudadanos que se encontraban al interior de estas instalaciones, así como el normal funcionamiento de los servicios públicos, lo que obliga a las autoridades a actuar con responsabilidad y proporcionalidad para garantizar el orden y la convivencia.
El Gobierno Nacional reitera su disposición permanente al diálogo y a la construcción conjunta de soluciones, dentro del marco institucional, con el propósito de avanzar hacia salidas reales, dignas y sostenibles para la comunidad.
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REDACCIóN COLOMBIA
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