Justicia argentina pide informes a CARU por planta de HIF, pero el organismo se ampara en su inmunidad y no responderá
El juzgado federal de Concepción del Uruguay pidió a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si fue notificada del proyecto y si existe un estudio de impacto ambiental transfronterizo. La misma respondió que no está obligada a contestar porque tiene inmunidad de jurisdicción.
La controversia por la planta de hidrógeno verde que la multinacional HIF Global proyecta instalar en Paysandú sumó un nuevo capítulo judicial. El 25 de abril, el juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, solicitó informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre si el organismo binacional fue notificado del emprendimiento y si la empresa presentó un estudio de impacto ambiental transfronterizo. El pedido, emitido en el marco de una demanda civil por prevención de daños, otorgó a la CARU un plazo de diez días hábiles para responder, informó Montevideo Portal.
La demanda original fue presentada el 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, todos peronistas de la provincia de Entre Ríos. Los legisladores promovieron una acción civil contra el Estado uruguayo y HIF Global por la instalación de una planta de combustibles sintéticos (hidrógeno) en Paysandú, frente a la costa de Colón, con una inversión prevista de 5.385 millones de dólares. El proyecto se emplazaría a solo tres kilómetros de la costa argentina y contempla la producción de hasta 876.000 toneladas anuales de metanol a partir de hidrógeno verde, junto con parques de energía solar y eólica.
El planteo de fondo: el Estatuto del Río Uruguay
Los demandantes basan su reclamo en el Estatuto del Río Uruguay, que obliga a notificar a la CARU sobre cualquier proyecto que pueda afectar el curso de agua compartido. Según los legisladores, Uruguay no cumplió con ese requisito y, por lo tanto, violó también el fallo de la Corte Internacional de La Haya de 2010, que en el caso Botnia (luego UPM) estableció que la comunicación previa es obligatoria.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue más allá al comparar públicamente ambos proyectos y advertir que podría recurrir nuevamente a la justicia internacional si no se atienden los reclamos argentinos. “No podemos repetir ese mal paso”, declaró Frigerio en alusión al conflicto por la planta de celulosa.
La respuesta de CARU: “No nos obliga”
Consultadas por El Telegrafo, fuentes de la CARU fueron contundentes: “No nos llegó nada aún a CARU y además, al ser un organismo binacional, tiene inmunidad de jurisdicción, lo que significa que la justicia de los Estados parte no la obliga”. Las mismas fuentes aclararon que el organismo no tiene en tratamiento el caso HIF porque eso depende de lo que resuelva Uruguay: “Si entiende que debe pasar por CARU en cumplimiento del artículo 7 del Estatuto del río Uruguay, lo determina el Ministerio de Ambiente al final del proceso y debe enviarlo vía Cancillería”.
La posición de la CARU fue reiterada por su presidenta, quien en declaraciones recogidas por La diaria sostuvo que “la Justicia argentina no puede obligar al organismo porque tiene inmunidad de jurisdicción”.
El giro táctico: ¿relocalizar para descomprimir?
Mientras la disputa judicial avanza, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, introdujo un elemento que podría modificar el escenario. A principios de abril, Olivera se reunió con el presidente Yamandú Orsi y planteó la posibilidad de relocalizar la planta dentro del mismo departamento, hacia una zona con “mejores condiciones logísticas” y más alejada de Colón. Según Olivera, el gobierno nacional “ve con buenos ojos” la alternativa, que ya está siendo analizada técnicamente, tal como lo informó La Mañana en su momento.
La opción que se maneja es un predio de 48 hectáreas perteneciente a la petrolera estatal Ancap en la zona de Nuevo Paysandú, donde actualmente funciona una planta de portland que el gobierno pretende trasladar.
Olivera advirtió inicialmente que reabrir la discusión sobre la localización podría poner en riesgo la inversión, pero luego moderó su postura al admitir que una relocalización permitiría “descomprimir tensiones” con Argentina.
Un conflicto de escala binacional
El proyecto HIF Global se encuentra en pleno proceso de autorización ambiental. La empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa el 13 de marzo de 2026, un día después de que los legisladores entrerrianos presentaran la demanda. Previamente, en el cuarto trimestre de 2025, había obtenido la viabilidad ambiental de ubicación (VAL).
El caso evoca inevitables paralelismos con el conflicto por Botnia, que enfrentó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez y culminó con un fallo de la Corte de La Haya. Sin embargo, a diferencia de aquel episodio, esta vez las autoridades de ambos países han manifestado su intención de evitar una escalada que reedite las movilizaciones y los cortes de puentes que marcaron la relación bilateral a mediados de la década pasada.
Mientras el juzgado federal espera la respuesta de la CARU —que el organismo ya anticipó que no se siente obligado a dar—, el gobierno uruguayo evalúa una salida que podría satisfacer a ambas partes sin sacrificar la inversión: mover la planta unos kilómetros dentro de Paysandú.
Redacción
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